La junta de gobierno que derrocó a Lemus tuvo una existencia efímera debido a que sus promesas de una democracia más participativa y de una mejor distribución de la riqueza parecieron a los militares más conservadores, y a la clase dominante en general, demasiado peligrosas, especialmente después del triunfo de la Revolución Cubana.
En 1.961, la Junta fue derrocada por un nuevo golpe de estado y, en su lugar, se instauró un Directorio Cívico-Militar liderado por el coronel Julio Adalberto Rivera. Este reestructura el PRUD bajo el nuevo nombre de Partido de Conciliación Nacional (PCN) y convoca elecciones en las que es el único candidato, resulta obviamente elegido Presidente de la República.
En 1.967, con el fin del mandato presidencial del coronel Rivera, se convocan nuevas elecciones. La participación esta vez de la oposición no impide, como puede imaginarse, que de nuevo resulte ganador el candidato del PCN, general Fidel Sánchez Hernández.
La relativa bonanza económica que vivió el país durante estos dos periodos presidenciales hizo posible a los militares ejercer su dominación sobre la sociedad civil sin mayores niveles de represión, ya que podían satisfacerse las demandas económicas de los sectores populares urbanos.
A pesar de ello, en 1.967 y 1.968 estallan dos importantes huelgas impulsadas por la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES).
En ese marco político, el impacto producido por la revolución cubana y el temor a su difusión por el continente americano hizo que los EE.UU. revisaran su política latinoamericana. El gobierno de Kennedy juzgó que el atraso económico-social de los países de América Latina era tan peligroso como una eventual intervención cubana o soviética. De aquí los tres elementos claves de la política de Kennedy para América Latina:
- el reformismo socioeconómico modernizante de la Alianza para el Progreso.
- el fomento de la democracia política.
- la ayuda militar para la seguridad interna de los estados.
A lo largo de la década de los sesenta, la democracia política y el reformismo fracasaron. En cambio, la ayuda militar se incrementó, especialmente una vez que los gobiernos de Lyndon B. Johnson y Richard Nixon se liberaron de los escrúpulos democráticos kennedianos.
En estos años, el comandante en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos en Panamá fue encargado de las operaciones militares norteamericanas en América Latina. Se modificó el tipo de equipamiento militar suministrado a los gobiernos latinoamericanos, enfatizando las armas ligeras y los equipos móviles adecuados para la lucha antiguerrilla, se incrementó el número de militares latinoamericanos entrenados en los Estados Unidos en operaciones de contrainsurgencia, se formaron fuerzas especializadas para este propósito y, finalmente, se crearon programas de acción cívico-militar.
En Centroamérica, los países de la región constituyeron el CONDECA (Consejo de Defensa Centroamericana), el cual fue incorporado al sistema de defensa norteamericano en 1.965. Este promovió la homogeneización de la organización, entrenamiento, armas y equipo de las fuerzas armadas centroamericanas y la realización de maniobras militares conjuntas.
Todo este esfuerzo, en países donde los militares ocuparon el gobierno, no dejó de tener consecuencias para las posibilidades reformistas y democráticas de los militares centroamericanos. La adoctrinación política, por parte de Estados Unidos, a los ejércitos centroamericanos contribuyó a incrementar su temor ante los grupos políticos que abogaban por reformas sociales y democracia real.
El énfasis en la propaganda anticomunista sirvió solamente para reforzar y promover el conservadurismo a la vez que inspiraba una creciente desconfianza a todo tipo de reformismo o democratización real de las estructuras políticas.
El aspecto de la propaganda política del entrenamiento del Comando Sur aumentó, además, la tendencia de los oficiales militares centroamericanos a justificar el uso de la represión militar con el pretexto de frenar el comunismo.
En El Salvador, a partir de 1.961, y con ocasión de las grandes huelgas civiles contra el régimen militar de Lemus, se inició el establecimiento de un aparato de seguridad superpuesto al ejército, así como el de un efectivo sistema de información (inteligencia) con capacidad operativa nacional.
Este fue el punto de partida del desarrollo de fuerzas paramilitares y de un sistema nacional de información e inteligencia, de la creación de escuadrones de la muerte y de la militarización de la sociedad global.
ORDEN (organización Democrática Nacionalista) fue el instrumento del ejército salvadoreño para recoger la información imprescindible para los servicios de inteligencia, a la vez que actuaba como fuerza operativa para los trabajos sucios de contra insurgencia y como base social para el reclutamiento inmediato.
Después de 1.967, su existencia y funcionamiento se hicieron públicos y sirvieron como base de apoyo electoral para el PCN, el cual, como hemos visto, «gana» todas las elecciones desde 1.962.
La importancia de ORDEN reside en haber sido una organización compuesta por campesinos y asalariados agrícolas, quienes se encargaban de la represión en su propio medio. En 1.967, esta estructura paramilitar llegó a movilizar a más de cien mil personas.
A partir de la elección de Sánchez Hernández, el Presidente de la República pasó a ser su jefe máximo.
La estructura contrainsurgente en El Salvador quedó completada después de 1.965, cuando todas las fuerzas militares, paramilitares y otros servicios anexos, quedaron atados en un único sistema de información: ANSESAL (Agencia Nacional de Seguridad).
Un informe de 1.983 indica que uno de cada cincuenta salvadoreños era informante de ANSESAL.
Su estructura está formada por altos mandos militares responsables directamente ante el Presidente de la República, y funciona como el cerebro de una red de seguridad que abarca todo el país, proporciona información y ordena el funcionamiento de los escuadrones de la muerte.
Por otra parte, a partir de 1.962, la economía salvadoreña entra en una etapa de franco desarrollo de las exportaciones de café, algodón y caña de azúcar. De esta manera, la coyuntura favorable de los precios de los productos primarios en el mercado mundial permite a las clases dominantes y al Estado la captación de un mayor excedente económico susceptible de financiar la continuidad del modelo de desarrollo capitalista, auspiciado por la fracción más «modernizante» de la burguesía, modelo que los sucesos de 1.960 y 1.961 habían puesto en peligro.
El auge de las exportaciones, junto a la puesta en marcha de la estrategia contrainsurgente de la «Alianza para el Progreso», produjo en el interior del país una especie de «boom» económico que alcanzó a sectores medios y populares del área urbana. Esta situación permitió poner en práctica algunas medidas de corte populista abriendo a la vez algunos espacios políticos para la oposición.
Fue precisamente en esta etapa cuando se legalizó el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y se adoptó la representación proporcional de los municipios en la Asamblea Legislativa, permitiéndose incluso la participación encubierta y restringida del Partido Comunista salvadoreño por medio del PAR (Partido de Acción Renovadora) en el proceso electoral de 1.967.
Una característica sobresaliente de este periodo la constituye el hecho de que los grupos económicos dominantes ejercen un control limitado del Estado, prefiriendo actuar a la sombra de la reorganización del sistema bancario y fortaleciendo sus inversiones en la industria y el comercio en el marco de un proceso de integración económica centroamericana.
Este auge de la economía finaliza en 1.969, año en el cual se unen dos hechos de enorme trascendencia económica y política: los precios del café declinan abruptamente y se rompe el esquema de integración económica centroamericana a raíz de las disputas entre las burguesías industriales de Honduras y El Salvador, hecho que culmina con la llamada Guerra de las Cien Horas o, irónicamente, Guerra del Fútbol, así llamada por haber estallado tras los incidentes producidos a raíz de un discutida decisión arbitral en un partido de la tercera ronda de clasificación para la Copa del Mundo.
A pesar de su brevedad, el conflicto fue serio, produciendo más de cinco mil muertos, decenas de miles de heridos y refugiados y la destrucción de la principal refinería de petróleo de El Salvador.
Por otra parte, la guerra fue un golpe inesperado para el CONDECA. Honduras se distanció de la organización regional, mientras que El Salvador se vinculó más estrechamente a ella. La reacción norteamericana ante el fracaso del CONDECA fueron los tratados bilaterales con cada país centroamericano.
Durante este periodo, la doctrina Nixon, inspirada en el informe Rockefeller, fomentó el desarrollo de la capacidad militar de los ejércitos nacionales para luchar contra el comunismo, de modo que se pudiera evitar, dentro de lo posible, la intervención directa norteamericana, absolutamente impopular tras el fracaso de Vietnam.
En consecuencia, no sólo se reconoció a los regímenes militares como gobernantes legítimos, sino que incluso se fomentó el gobierno militar por encima del civil democrático, siempre que el primero fuera más ventajoso que el segundo para los intereses norteamericanos.
De todo ello se puede concluir que la ruptura de la «comunidad de seguridad centroamericana» producida por la guerra entre El Salvador y Honduras, el incremento de la actividad armada de grupos guerrilleros y el crecimiento de la protesta popular, dieron base a las fuerzas armadas para su fortalecimiento militar en varios países de la región, entre ellos en El Salvador. En este periodo, las fuerzas armadas se convirtieron en el eje articulador del sistema político, responsable de la seguridad y del orden interno, redefinido teórica y técnicamente para la contrainsurgencia, oscilando ente su voluntad bonapartista y su fatalidad pretoriana.
El final de esta etapa de auge económico significó, además, el fin de la línea populista de los Gobiernos militares en El Salvador y el cierre de los limitados espacios políticos existentes hasta entonces.
A partir de 1.969, da inicio una etapa de autoritarismo y de represión del movimiento social que alcanza su máxima expresión en el fraude electoral en El Salvador.
En esa ocasión, los militares le roban declaradamente el triunfo al candidato de la oposición José Napoleón Duarte, del Partido Demócrata Cristiano, quien se había presentado a la contienda como líder de una coalición de partidos de centroizquierda e izquierda, la Unión Nacional Opositora (UNO).
El flamante candidato «electo» del PCN, el coronel Arturo Armando Molina, anuncia inmediatamente su voluntad de iniciar un proceso de reforma agraria tendiente a modernizar el capitalismo salvadoreño y a neutralizar las demandas de la oposición política. Sin embargo, estas pías intenciones son vetadas por la fracción agraria de la burguesía salvadoreña y los militares optan en adelante por abandonar el reformismo populista como doctrina y, en su lugar, asumen la Doctrina de la Seguridad Nacional como ideología oficial. En nombre de esta doctrina se persigue cada vez con mayor intensidad a la oposición política y se fortalecen los mecanismos represivos del Estado, generando un creciente
