El precio de la vivienda en España ha batido todos los récords, así ha informado la prensa recientemente (2230 euros/m2 en España, en Madrid la friolera de 3902 euros/m2). La actual crisis de acceso a la vivienda complica que estas cifras queden en la sombra.
Si no fuese suficiente con que riegan pantallas y páginas con un clamor para empatizar con los pobres rentistas −sin especificar, si con la tía Pili, que alquila su tercer piso sin ascensor para pagar el bajo donde vive ahora, porque las rodillas dan lo que dan; o esa jauría de “personas” jurídicas (1) con más de 50 viviendas en su haber− además, una legión de miserables, intentan un trampantojo con el problema de los desahucios usando la cantinela machacona y despreciable de los «ocupas», «inquiocupas» y demás deyecciones ideológicas. Por supuesto, el fin último de todos estos mensajes es proteger la actividad especulativa.
En paralelo, y ya desde hace bastantes meses, desde los medios de propaganda se hacen eco de un análisis del problema del precio de la vivienda digno del borracho del bar de abajo, durante un clímax etílico: “Hay que construir más y más, si aumentamos la oferta, bajarán los precios”. Pues tendrán razón, ¿qué sabremos los meros mortales, que no sepan tertulianos cuñaos y economistas bien pagados?
El caso es que haciendo un poco de memoria (tampoco mucha, no es necesario), sin un diploma de 75 metros cuadrados colgado de la pared, se puede deducir que semejante información es falsa, sino en su totalidad, al menos parcialmente.
La burbuja inmobiliaria que detona en la crisis de 2008 nos enseñó un par de lecciones importantes:
- Aquel rumor de que “el precio de la vivienda nunca baja” era una estupidez como la catedral de Burgos.
- Cuantas más viviendas se construyen más suben los precios.
Desde luego, si uno/a le dedica un minuto a comparar la evolución del precio y el número de viviendas construidas, la conclusión obvia hace que a cualquiera le suba la tensión arterial, que “con las cosas del comer” no se hacen bromas.
Entonces, si la relación entre número de viviendas construidas y el aumento del precio del metro cuadrado es directa hasta en la más mínima inflexión, y se está afirmando lo contrario, ¿a quién beneficia este relato?, pues no es difícil imaginar que a los agentes especuladores (a la tía Pili, desde luego, todo esto le resbala, más allá de que no sabe por qué no puede pagar un alquiler prohibitivo). De esta forma tampoco es difícil imaginar cómo se acaba con esta escalada de precios: cortando las alas a los especuladores.
La Proposición de Ley de SUMAR, votada en el congreso el pasado 27 de noviembre, hubiese sido una iniciativa muy valiosa, ya que pretendía modificar la Ley 12/2023, de 24 de mayo, de derecho a la vivienda de la siguiente forma:
3. A partir de la entrada en vigor de esta ley queda limitada a las personas físicas la posibilidad de transmisión en calidad de adquirentes, tanto a título oneroso como gratuito, de la propiedad de viviendas en estado de uso.
Respecto de los edificios construidos sobre suelo con calificación residencial cuyas viviendas cumplan con los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad, a partir del momento en que éstos dispongan de certificado de fin de obra, queda limitada a las personas físicas la posibilidad de adquisición de las viviendas integrantes tanto a título oneroso como gratuito.
Pero claro, ya se ocuparon los vende patrias, defensores de la “livertaz” de los poderosos de bloquear la propuesta con sus votos en contra (PP, VOX y JUNTS), y, por si a alguno se le escapaba el dedo, el PSOE hizo una de las suyas, absteniéndose.
Curioso que la propuesta de SUMAR es tan sólo una vía para hacer cumplir la constitución, ya que en su artículo 47 dice que:
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Pero ahí están los partidos “constucionalistas” para limitar su uso exclusivamente en acciones en favor de la banca u ofensivas contra el pueblo (reformas del art. 135, o aplicación del 155 a martillazos).
Dicho lo cual, ante el bombardeo mediático, está bien recordar que cuánto más se construya, más subirá el precio de la vivienda, que la forma de bajar los precios pasa por luchar en contra de los grandes agentes especulativos con todo el poder del BOE e identificar a quienes demuestran intención de defender a las clases populares y quienes traicionan a sus compatriotas cada día en el Congreso de los Diputados.
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