A partir de 1.932, en El Salvador se instauraron un Estado y un ejército pretorianos cuya principal característica es el papel protagonista y central de los militares en la determinación de las reglas del juego político.
Este ejército ha tenido a lo largo del siglo XX una evolución en el cual se pueden distinguir varias fases:
La dictadura militar (1.930-1.944)
El viejo orden civil oligárquico, roto por la crisis económica de 1.930 y la siguiente movilización política que culminó con la rebelión y matanza de 1.932, fue restaurado como orden oligárquico por militares conservadores. Cuando la hegemonía económica, social y política de la oligarquía cafetalera fue incapaz de mantener su dominación dentro de un marco político formalmente liberal-democrático, éste fue reemplazado por formas políticas dictatoriales militares.
La dictadura personalista del General Maximiliano Hernández Martínez fue así evolucionando hacia el fortalecimiento de la institución militar como el más poderoso aparato del Estado.
La dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez contó con el apoyo decidido de los sectores agrarios tradicionales que contribuyeron al ascenso y consolidación del estamento burocrático militar como fuerza cohesionante del poder coactivo del sistema.
Los trece años de dictadura se caracterizan por un Gobierno autoritario y paternalista en el aspecto social, permitiendo a la clase dominante evolucionar hacia formas más dinámicas y expansivas de producción y explotación.
Muchos elementos del sector agrario comenzaron a pensar desde el punto de vista de desarrollo industrial, en asociación con comerciantes judíos y palestinos que, desde hacía más de veinte años, se movían en El Salvador en el terreno del comercio y de las finanzas privadas. Estos cafetaleros advirtieron, además, que el tipo de acumulación de capital basado exclusivamente en el monocultivo tenía demasiados altibajos y que, por tanto, había que diversificar la agricultura mediante la introducción de los cultivos del algodón y la caña de azúcar.
Los antiguos intermediarios en el beneficio y exportación de café establecieron en consecuencia una alianza con los terratenientes, alianza que pronto dio lugar a la constitución de una nueva fracción de la clase dominante, también ésta de origen agrario pero, esta vez, dedicada esencialmente a la actividad financiera e industrial.
En los últimos años de la dictadura, el sector agro-industrial se convirtió en líder de los movimientos político-militares que desembocaron en la caída del General Hernández Martínez en 1.944. La causa fundamental de estos movimientos la constituyó el freno al desarrollo y expansión del capitalismo que provocaba el autoritarismo del dictador y su énfasis en el fomento exclusivo de la producción de café.
El modelo militar civil (1.944- 1.960)
El general Hernández Martínez fue derrocado en 1.944 por un movimiento cívico-militar bautizado «Movimiento del 44». La Junta surgida de dicho movimiento fue, a su vez, derribada por la «Revolución del 48» que llevó a la presidencia al teniente coronel Oscar Osorio. Bajo la inspiración del PRI mejicano, Osorio fundó el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD) y su gobierno se caracterizó por una política de fomento del sector industrial y por la promoción de la integración económica centroamericana. Estableció por primera vez salarios mínimos, y dio inicio a un sistema de seguridad social para los trabajadores industriales.
El gobierno de Osorio finalizó en 1.956, después de que ganara las elecciones el candidato del PRUD, coronel José María Lemus. La campaña electoral se caracterizó por la falta de garantías democráticas, lo que impulsó a la oposición a retirarse de la contienda dejando solo al candidato oficial. Bajo el gobierno de Lemus, se construyeron importantes obras de infraestructura que impulsaron aún más el desarrollo del sector industrial.
La fracción agro-industrial-financiera, que sustentaba tesis capitalistas más modernas y expansivas, logró en el período 1.948-1.960, redefinir el papel del Estado dentro de la economía salvadoreña, en función de sus intereses de clase, privilegiando de esta forma el desarrollo industrial de base agrícola y desplazándose a otros rumbos productivos no tradicionales hasta ese momento.
Los incentivos fiscales, la protección arancelaria para importar maquinaria, el crédito amplio y refinanciable, son algunos ejemplos de cómo el Estado liberal pasó a intervenir en favor de este sector, a la vez que empezó a proyectar y ejecutar un plan de infraestructuras, en el que sobresalen el programa hidroeléctrico nacional, la carretera del litoral y sus caminos de acceso, la construcción del puerto de Acajutla y del aeropuerto de Ilopango, o el Puente de Oro sobre el Río Lempa; obras que contribuyeron a fortalecer un nuevo modelo capitalista de crecimiento de una parte de la burguesía cafetalera salvadoreña.
Este período, a diferencia del período anterior, creó las bases de sustentación de la modernización del capitalismo, que se consolidó en la década de los sesenta con el auge del proceso de integración centroamericana.
Entre 1.959 y 1.961, la fracción agraria de la burguesía salvadoreña volvió a replantear la necesidad de asumir la actividad agro exportadora como el eje principal del crecimiento económico, entrando así en contradicción con los intereses de la fracción agro-industrial-financiera.
Esta contradicción marcó una nueva crisis de hegemonía y forzó una progresiva cerrazón del gobierno Lemus, inicialmente abierto, ante la lucha social encabezada por la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la asociación General de Estudiantes Universitarios (AGEUS), todo lo cual determinó la caída del Presidente Lemus (1.960) y su sustitución por una Junta de Gobierno de moderada tendencia social que prometió celebrar elecciones libres.
