Y oootro año en que la vuelta al cole en la Comunidad de Madrid se convierte en
tormentosa. Ya lo fue el curso pasado por la más que negligente gestión de la educación pública que se ejerce desde esta comunidad
La política de construcción por fases, que no hacen más que denunciar los padres y
madres que defienden la educación pública de forma heroica, ha llevado al alumnado a situaciones que alcanzan el cénit del despropósito. Esta política de construcción expone al alumnado a compartir su tiempo lectivos con obras, algo absolutamente inmiscible.
Demasiados centros educativos han abierto sus puertas a los alumnos en una situaciónque da un rodeo de 17 millones de años luz para evitar cualquier prudencia, sentido común y un volquete de normativas de seguridad. Estos centros tienen dos cosas en común: son públicos y están gestionados por la Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid aún tienen la desfachatez de sacar pecho de su gestión, intentando meter con calzador su clásico discursito de la “libertad” de los padres de elección, algo que, no solo es una perversión del lenguaje (palabra que tienen tan
chuperreteada y retorcida que en sus manos ya da grimilla), es que además, me
explicarán cómo mercantilizar la educación, saboteando los centros públicos para que los amiguetes saquen tajada (digoooo, “libertad” de elección de los padres…), pues me
explicarán cómo justifica esta “libertad”, las condiciones de maltrato que sufren ahora mismo la chavalada.
Tras echarle un ojillo a alguno de estos centros me he preguntado cómo han conseguido abrirlos a los usuarios en esas condiciones, porque en mi opinión, por mucho que pongan vallas, estos centros son zonas de trabajo de características especiales, y de las peligrosas. Que si los trabajadores llevan cascos, zapatos de seguridad, chalecos o cascos antirruido no suele ser porque así están más monos, es porque tienen que cumplir una serie de normativas de seguridad e higiene, por trabajar en un entorno susceptible de ser accidentado.
Me pregunto si parte de nuestra próxima generación está asistiendo a su proceso formativo bajo la cobertura del seguro escolar obligatorio siquiera (dadas las circunstancias) y si están estudiando en centros que incumplen algunas normativas básicas, como la legislación vigente o algunos puntos del Código Ténico de Edificación (para ejemplo, unos botones):
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio:
“11.3 Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes. El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.”
“11.4 Exigencia básica SI 4 – Instalaciones de protección contra incendios. El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.”
“11.5 Exigencia básica SI 5 – Intervención de bomberos. Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.” (Este podría estar abierto a debate, pero no tengo claro que el acceso a las instalaciones por parte de vehículos de emergencias y/o sanitarios sea sencillo en las condiciones en la que se encuentran algunos centros).
Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad:
“12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.”
“12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.”
Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria:
–El artículo 3.2.a del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero dice que los centros deben “(…)Situarse en edificios independientes, destinados exclusivamente a uso escolar, si bien sus instalaciones podrán ser utilizadas fuera del horario escolar para la realización de otras actividades de carácter educativo, cultural o deportivo(…)”, esta exclusividad en su uso queda de lado puesto que en este momento las instalaciones son Centros docentes y son obras.
–El artículo 3.2.b establecen como mínimos “(…)Reunir las condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio, de seguridad de utilización, de salubridad, de protección frente al ruido y de ahorro de energía que señala la legislación vigente. Asimismo, deberán cumplir los requisitos de protección laboral establecidos en la legislación vigente.(…)”
–El artículo 3.2.d “(…)Disponer de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras exigidas por la legislación relativa a las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de personas con discapacidad, sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.(…)”, así como el número de espacios mínimos para los docentes, comedores o cualesquiera necesarios para actividades extracurriculares.
–Los artículos 3.3 y 6 sobre los patios de recreo mejor ni mencionarlos, puesto están en manos de las cuadrillas de obreros que cumplen rigurosamente con su jornada .
Estos centros docentes se reducen a un oasis en medio de una obra en pleno apogeo, con todas las ventajas que tiene el convivir con obras: suciedad, ruido, inseguridad. Se encuentran en las antípodas de lo que debería ser un centro educativo: un entorno óptimo para la concentración y seguridad para los alumnos.
Y no son casos aislados, ni cuestiones del azar: hay colegios públicos que no han dejado de estar en obras desde su apertura (alguno ya lleva 7 añitos en obras, sí). Así que, papás y mamás, cuando os hablen de «libertad» de elección de la educación de vuestros retoños, y las opciones a elegir sean el privado o concertado del barrio, o bien mandar al niño al público, que se reduce a una escombrera, o mandarlo fuera del sistema solar, no seáis tan estúpidos de creeros «libres», ni de pensar que es casual. Cuando el PP saque pecho de potenciar la educación concertada (30%) y se olvida de mencionar el retroceso al que somete a la pública, a pesar de ser la primera opción de las familias de la Comunidad de Madrid para llevar a sus peques (54.1%, y lo dicen ellos, no yo), pues cambiad la frase de «defendemos vuestra libertad de elegir» por «defendemos la libertad de nuestros colegas de mercadear con la educación de vuestrxs hijxs», y empezaremos a saber de qué se está hablando.
Y creo que todo esto no es incompetencia ni falta de previsión; opino que, de forma activa, la política de construcción por fases (entre otras medidas de gestión de la educación pública de la CAM), es un ejercicio de sabotaje. ¿Y por qué? Porque el fin último es la mercantilización de la educación, y en caso de que tuviésemos una educación pública de calidad, universal y gratuita, sería imposible que empresas privadas hicieran negocio en estos pastos, no podrían competir (esa fantasía que tanto cacarean los neoliberales de la competencia). Pero no sólo lo están haciendo con la educación, esto mismo lleva tiempo ocurriendo con la sanidad y también con las pensiones.
Está demostrada empíricamente cuál es la solución a estos problemas y se encuentra en nuestras manos: no solo en las manos de padres, madres y alumnos afectados directamente, también en las manos del resto. Una formación y educación adecuada de las próximas generaciones son el cimiento sobre el que se construye el futuro, y en ese futuro tenemos que vivir todos, quien tiene hijos y quien no.
