El primer franquismo (1939-1959) La Autarquía

(Al final del texto encontrarás el vídeo de la charla en el CAUM)


Jacint Ros [1] señala los ejes sobre los que giró la política económica del franquismo entre 1939 y 1959:

  1. Predominio de la política sobre la economía.
  2. Intervencionismo sistemático.
  3. Autarquía sistemática, nacionalismo económico, economía cerrada.
  4. Mantenimiento radical del derecho a la propiedad.
  5. Nacional sindicalismo con control vertical de la economía y representación de intereses.

Una vez finalizada la guerra el régimen adoptó como política económica la autarquía, basada en el autoabastecimiento y la intervención en todos los ámbitos de la economía. Era una imitación de los sistemas empleados por los regímenes de la Alemania nazi y de la Italia fascista.

Si bien desde el último tercio del siglo XX se habían venido produciendo, con distinta intensidad, medidas proteccionistas, fue en este período cuando llegaron a su máximo nivel.

La política autárquica fue una elección voluntaria, no fue impuesta por la situación interior ni por la presión exterior. El 5 de junio de 1939 se expusieron en un documento las líneas que seguirían en política económica. Este documento pasó a ser oficial el 9 de octubre de 1939 bajo el pomposo título de Fundamentos y directrices de un plan de saneamiento de nuestra economía armónico con nuestra reconstrucción nacional. A partir de ahí comenzó el período más nefasto de la economía española, que llevó al hambre y a la miseria a millones de españoles.

El sistema autárquico tuvo apoyos en distintas esferas de la sociedad, economistas, como Antonio Robert o Higinio París; representantes de la burguesía industrial, como José María de Areilza o Eduardo Aunós; militares, como Luis Alarcón o Juan Antonio Suanzes; e incluso eclesiásticos, como José Pérez del Pulgar, autor del libro El concepto cristiano de la autarquía. Pero sobre todos ellos el máximo defensor era el propio Franco.

Juan Antonio Suanzes [2] describió lo que para él era la autarquía: La autarquía es el conjunto de medios, circunstancias y posibilidades que, garantizando a su país por si mismo su existencia, su honor, su libertad de movimiento y por consiguiente, su total independencia política, le permiten su normal y satisfactorio desenvolvimiento y la satisfacción de sus justas necesidades espirituales y materiales. [3]

En una de sus arengas –obligada a reproducirse en todos los periódicos- Franco proclamaba: ¿Qué la autarquía nos obligará a apretarnos el cinturón durante unos años? No importa. Los falangistas no sentimos hoy nostalgia del bienestar material. Queremos una vida dura, la vida difícil de los pueblos viriles. [4]

Franco era un convencido del sistema autárquico. En 1938 declaraba al periodista Manuel Aznar: […] España. Hará una política económica y comercial más realista, cimentada, además, en el patriotismo, no solamente se levantará por sí misma, sino que lo hará sin violentar los resortes naturales y sin caer en dependencias extranjeras de ninguna clase […] Puedo anunciar que España se bastará a si misma completamente en orden a las industrias de guerra, y eso que podríamos llamar “un milagro” se producirá en un plazo de años muy corto.[5] Ese mismo año le decía al escritor francés Henry Massis: España es un país privilegiado que puede bastarse así mismo. Tenemos todo lo que nos hace falta para vivir y nuestra producción es lo suficiente abundante para asegurar nuestra propia subsistencia. No tenemos necesidades de importar nada y es así como nuestro nivel de vida es idéntico al que había antes de la guerra[6]. O Franco vivía en otro país o era un mentiroso convulsivo. Particularmente opto por lo segundo. Años más tarde parece que vio la luz, ya que en el II Consejo Nacional de Trabajadores, celebrado en 1951, dijo todo lo contrario: En este empeño necesitamos borrar de la conciencia de los españoles a aquel pueril equívoco de que España es un país rico en productos  naturales.[7]

Franco, que tenía un nivel cultural ínfimo, se creía un gran economista; pidió al economista José María Zumalacárregui[8] que fuera a verle todas las semanas para hablar de economía. Tras unas pocas visitas Zumalacárregui suspendió estos encuentros, su justificación, para no tener que pasar por el sonrojo de que el generalísimo [me] explicase los más arduos y complicados problemas de la ciencia económica.[9]En lenguaje llano. Porque estaba harto de escuchar sus tonterías.

La política económica autárquica produjo un grave deterioro económico y social, provocó un gran aumento de la inflación, que unido al control de salarios por parte de Estado hizo que la gran mayoría de los españoles no tuvieran medios, no ya para llevar una vida medianamente digna, sino para subsistir. El nivel de vida de los españoles tuvo el mayor retroceso habido en doscientos años.

La autarquía conllevo una falta de elementos básicos, desde la falta de viviendas, lo que provocó el fenómeno del chabolismo; la escasez de alimentos básicos, la prácticamente inexistente sanidad pública; provocó hambre, enfermedades infecciosas y, en definitiva, la muerte.

Franco prometió: Ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan. Pues en el período autárquico la mayoría de los hogares no tenían lumbre, y muchos millones de españoles no tenían pan.

En un informe presentado por un empresario inglés al Foreign Office, decía sobre la actuación del régimen: está más preocupado de imponer sus propias teorías económicas sobre la población que alimentarla, y más interesado en la política internacional […] que en atender las abrumadoras necesidades de reconstrucción dentro de país.[10]

El PIB de los años cuarenta era inferior al de antes de la guerra civil; hasta 1951 no se superó este índice. Partiendo del índice 100 en 1935, en 1942 era del 83; en 1945 del 76,2, en 1949 del 87,8, y en 1951 del 104,1. Para comparar la recuperación de España con la de otros países europeos tras la II Guerra Mundial, vemos que en 1949 el de Suecia era del 143, Turquía, 132; Suecia, 150; Suiza, 120.[11] Si vemos la recuperación de los países más afectados en la conflagración mundial, la de Alemania fue 4,1 veces más eficaz; la italiana, 4,8 veces; la francesa, 9,1 veces; y la de Países Bajos, 11 veces más eficaz.[12] Entre 1935 y 1950 el crecimiento económico fue del 0,6% mientras que la media europea era del 2,7%. En ninguno de estos países se llevó a cabo una política autárquica, todo lo contrario.

Durante los años cuarenta el aumento del coste de la vida llegó a alcanzar el 550%, más aún el precio de los alimentos básicos donde se llegó al 725%, la vivienda por su parte subió un 100%. Los salarios reales, en cambio, no llegaron a subir más del 350%.[13]

La década de los cuarenta fue la única, en los últimos ciento cincuenta años de la historia de España donde hubo tanto retroceso del bienestar de la población. Un ejemplo, en 1950 el consumo medio por habitante era la mitad del de 1930.

Borja de Riquer [14]califica estos años como los del mayor empeoramiento de los niveles de renta y de vida de los españoles, de miseria, de hambre, de un trato vejatorio de los habitantes y de un trato desigual. Como concluye el historiador: En la España de Franco no todos los españoles eran iguales.

Desde las propias filas del franquismo se reconocía la mala situación de la población. El economista Higinio París Eguilaz[15] escribía en un informe interno: se puede afirmar, con seguridad, que el índice de nivel de vida de los obreros, empleados, funcionarios y asalariados en general es inferior a 70, y pude considerarse optimista una cifra entre 50 y 60, siendo 100 la anterior al Movimiento.[16]

A pesar de ser una realidad admitida incluso por personas que ocupaban puestos importantes dentro del propio régimen, éste continuaba intentando negar lo evidente. En 1953, el Gobierno realizó un estudio sobre el salario de los españoles, el resultado era una gran mentira ya que se utilizaron datos falseados. Según las conclusiones del estudio el poder adquisitivo de los españoles estaba entre un 82 y un 85% del de 1936, incluso en algunos sectores estaba por el encima del 100%. Todo parecido con la realidad era pura coincidencia. En 1948-1949 el poder adquisitivo era del 50% respecto al de 1936. Por otro lado un informe sindical de 1950 señalaba que la distribución de la renta nacional era menos favorable a la clase trabajadora.[17]

En 1956, según el Sindicato de Industrias Químicas, el trabajador medio cobraba un salario diario de 26,18 pesetas – a las que había que restarles 1,16 pesetas que iban a parar a la Seguridad Social-, mientras que el coste medio para mantener una familia de cuatro miembros era de 50,44 pesetas/día. En 1958 un informe del Sindicato del Metal señalaba que un trabajador con mujer y un hijo debía trabajar 15,20 horas diarias para poder mantener con dignidad a su familia.[18]

Según un informe de la Secretaría General de Falange de 1946, el aumento del coste de la vida se había duplicado respecto a 1940. Solamente comprar pan, aceite o garbanzos representaba pata una familia el 66% de sus ingresos. Un informa de 1943 de la Dirección General de Seguridad decía respecto a los habitantes de San Sebastián: El público ve elevarse los precios de los artículos que ya sufrieron otro aumento hace poco tiempo, y padece otra decepción en cuanto a la creencia de la estabilidad de los precios, en relación a los sueldos y jornales establecidos.[19]

Esta falta de poder adquisitivo tuvo una consecuencia inmediata que señalan los historiadores Carme Molinero y Pere Ysas: […], el retroceso en la capacidad adquisitiva de buena parte de la población hundió el comercio, contribuyendo así a la depresión de la economía.[20]

La renta per cápita no se recuperó hasta 1955: En 1935 era de 14.666 pesetas, en 1940 había descendido a 11.042 pesetas, en 1945 aún había bajado más, a 9.750 pesetas, habrá que esperar a 1955 para superar la cifra de 1935, año en que alcanzó las 15.360 pesetas.

Una de las características del sistema autárquico es el intervencionismo del Estado en la economía. Aunque en España ya había una cierta costumbre intervencionista desde el siglo XIX; en el caso del período que nos ocupa este alcanzó cotas a las que jamás se habían llegado.

El intervencionismo del régimen se plasmó a través de varios organismos creados a tal efecto, por ejemplo la Comisaria General de Abastecimientos y Transportes, creada en 1939; la Fiscalía de Tasas, desde 1940; y la Junta Superior de Precios, organismo que comenzó a actuar en 1941. Este intervencionismo provocó una tremenda burocratización de la actividad económica, provocando asimismo, con el control sobre la creación de nuevas empresas, a favorecer el nacimiento de oligopolios, muy significativos en el sector bancario y eléctrico. El intervencionismo también fue el causante de la ola inflacionista que no paró de crecer hasta los años cincuenta.

A tal punto llegó la política intervencionista que el 31 de julio de 1939 un grupo de jefes falangistas, a través de Raimundo Fernández Cuesta, en aquellos momentos secretario general del Movimiento, escribieran una carta solicitando que se terminara con el intervencionismo y se descongelaran los salarios.

Dentro del intervencionismo una obsesión del régimen fue el control de los precios, saltándose a la torera todas las consecuencias de la oferta y la demanda. Todo su empeño estaba en que los precios volvieran a ser los existentes antes de la guerra civil. Para ello usaron todo tipo de artimañas. Por ejemplo, como no podían impedir que el precio del pan no dejara de incrementarse hicieron que los panes de un kilo (las gallegas) pasaran a ser de 800 gramos; pero eso sí el precio se mantenía.

El régimen autárquico afectó a todos los sectores de la economía, industria, agricultura, comercio exterior, etc., y provocó grandes déficit en la existencia de algunos productos, no sólo alimenticios, como, por ejemplo, el combustible líquido, la energía eléctrica, o la vivienda. Otro factor que contribuyó a la falta de algunos productos fueron los envíos que tuvo que hacer a Alemania para saldar la deuda contraía por la ayuda del régimen nazi en la guerra civil. Franco abastecía de materias primas a Alemania. Se envió wolframio, alimentos, a pesar del hambre que estaban padeciendo muchos españoles; también, a partir de 1940, se envió petróleo, a pesar de la escasez que padecía España, desde ese año, Franco reexportó petróleo que recibía de EE.UU a Alemania e Italia.

No se sabe si para encubrir las nefastas consecuencias de la autarquía o por los delirios de Franco, se intentaban patéticos intentos de hacer ver las riquezas con las que contaba España. Raro era el día que no aparecían en la prensa noticias sobre las riquezas encontradas: inacabables yacimientos de pirita en León, filones bituminosos en Puertollano que proporcionaría 60.000 litros de gasolina, inagotables yacimientos de estroncio en Granada. Se llegó al paroxismo cuando Franco anunció en el discurso de fin de año de 1939: España ofrece tierras magníficas para ser regadas, montes para su explotación, cantidad de materias primas transformables y brazos con exceso para el trabajo […] España tiene yacimientos de oro en cantidades enormes, muy superiores a aquellas que los rojos, en combinación con el extranjero, nos dejaron.[21][22]

En enero de 1940 aparecía en los periódicos que España caminaba Hacia la autarquía nacional en materia de carburantes. El «milagro» era que se había dado con una fórmula que con un 75% de agua destilada, un 20% de fermentos de plantas, y un 5% de un componente secreto se producirían tres millones de litros diarios de gasolina.

El genio que le vendió el invento a Franco fue el austriaco Albert Fülek –conocido como Filek-, casado con una granadina. Franco le dio importantes cantidades de dinero para que construyera una fábrica a orillas del Jarama. Al final el austriaco acabó en la cárcel y posteriormente deportado a Alemania al final de la II Guerra Mundial.

Filek

El siguiente engaño sobre la gasolina lo hizo el soldado Nicolás Bordoy Serra, que aseguraba que un combustible inventado por él, la «gasolina big» servía para hacer mover los vehículos.

Hubo más, que demuestran la estupidez de Franco. Otro timo fue el que llevó a cabo el alquimista Savarpoldi Hammaralt. Este individuo se presentó en Salamanca –presentado por Nicolás Franco- afirmando que podía convertir cualquier objeto en oro. Franco le cedió los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. Durante varias semanas anduvo haciendo juegos de magia mientras se codeaba con las máximas autoridades del régimen. Esta farsa duró hasta que el almirante Canaris envió una nota diciendo que Hammaralt estaba en busca y captura en Alemania acusado de ser un espía inglés. Cuando fueron a detenerle el alquimista ya había puesto pies en polvorosa.

En la obsesión de obtener combustible de donde fuera, se crea a principios de 1942 el Consejo Técnico de Combustibles Líquidos y Lubricantes (CTLC), y, posteriormente, uno de los mayores fracasos del régimen, la Empresa Nacional Calvo Sotelo  (ENCASO) con el fin de obtener combustible a partir de lignitos y pizarras bituminosas. De la central de la empresa en Puertollano, jamás salió ni un barril de carburante.

Ante la escasez de combustibles líquidos se recurrió al gasógeno –a través de él se obtenía un gas a partir de residuos vegetales-. A partir de entonces se vieron a muchos vehículos con el aparato colocado en la parte trasera. España era el único país en Europa que fabricaba este aparato, principalmente porque era totalmente ineficaz.

Coches con gasógeno

Otro importante problema fue la falta de energía eléctrica. Los cortes de la luz eran constantes. En 1946 hubo poblaciones que estuvieron hasta cuatro días sin suministro eléctrico. En los domicilios particulares se volvió al uso de velas y quinqués, en los comercios era recurrente el uso del petromasa[23].

Las restricciones de suministro eléctrico obligaron a las empresas a parar su actividad en lo que sería comparable a día y medio de trabajo. Para paliar los efectos sociales que esto significaba se creó un subsidio especial para los obreros afectados. En 1946, solo en la provincia de Barcelona, este subsidio afectaba a 2.000 empresas y 120.000 trabajadores.

Buena parte de la culpa de la falta de energía eléctrica se debía al bajo precio de la electricidad que marcó el gobierno. Las empresas no tenían capacidad de inversión para ampliar y mejorar la red eléctrica. Tampoco se podían construir nuevas centrales por la falta de maquinaria y materiales para su construcción debido a las pocas importaciones que se permitía. Como resultado, que en 1950 el 86% de la potencia creada provenía de centrales construidas antes de la guerra civil. Consecuencia, hasta 1955 hubo restricciones, sobre todo entre 1945 y 1949, lo que provocó la paralización industrial en muchos momentos.

Dentro del sector eléctrico hay que hablar de la escandalosa creación de Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA)[24] como resultado de la quiebra de la Barcelona Traction Lighland Power. FECSA tenía capital mayoritario belga, británico y canadiense. La empresa fue comprada por Juan March, con apoyo del gobierno, a precio de saldo, el uno por mil de su precio real. Para favorecer la venta se acusó a los antiguos propietarios de fraude fiscal. Había que pagar a Juan March su colaboración con los sublevados en la guerra civil. El pleito sobre la Barcelona Traction duró diez años, acabando en el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, que no dictó sentencia hasta 1970.

Comercio exterior

Un sector que se vio enormemente perjudicado por la política autárquica con sus restricciones y por el empecinamiento de Franco en mantener el valor de cambio de la peseta muy por encima de su valor real, fue el comercio exterior. La política de comercio exterior, con una fuerte intervención, control de cambios, monopolio del comercio de divisas, etc., fue un verdadero desastre. Según Fernández Navarrete: Las dificultades del sector exterior se convirtieron en el principal estrangulamiento de la economía española durante la autarquía.[25]

El porcentaje del comercio exterior sobre el PIB se redujo a menos de la mitad de lo que representaba antes de la guerra civil. A mediados de 1946 funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores criticaron la actuación del Ministerio de Industria y Comercio, y el excesivo intervencionismo en el comercio: Las condiciones generales de carácter político en que hoy vive el mundo hacen patente que un futuro inmediato no se puede concebir una vida normal inspirada en criterios autárquicos. La cooperación internacional, especialmente en materias económicas y técnicas, es un paso previo e indispensable de toda situación próspera.[26]

Tomado de Barciela, 2001: 76

A partir del gobierno nombrado en 1957 se inició tímidamente, y a pesar de las reticencias de Franco, apertura exterior. Esta vería su refrendo en el Decreto Ley de Ordenación Económica de 21 de julio de 1959 que aprobaba el Plan de Estabilización.

Las drásticas reducciones de las importaciones provocaron que muchas industrias tuvieran falta de materias primas, sobre todo la textil- falta de lana y algodón-, añadiéndose la falta de combustible (carbón, gasoil) y equipamientos (maquinaria y recambios).

Un gran perjuicio para el comercio exterior fue el empecinamiento de Franco, de mantener el valor de cambio de la peseta en términos totalmente irreales[27]. Respecto a este empecinamiento, Carlos Barciela explica las negativas consecuencias que conllevó: […], mantener artificialmente un tipo de cambio sobrevaluado perjudica enormemente al sector productivo, ya que dificulta las exportaciones y tiende a incentivar las importaciones. La consecuencia será el déficit comercial exterior, que implicará una pérdida de oro o divisas.

En la negativa de Franco a devaluar la peseta estaba presente la alucinación que sufría de que era un gran economista. Las razones que daba para negarse a esta devaluación, como le recomendaban asesores, eran peregrinas. Según él, las reservas de oro no tenían importancia mientras que la falta del metal precioso se mantuviera en secreto. Incluso se jactaba, para justificar la sobrevaloración de la peseta en que: era la primera vez que una nación en guerra, había logrado mantenerse sin oro ni divisas, el precio de la moneda[28]. Esta forma de proceder hizo que los intentos del entonces ministro de Industria, Juan Antonio Suanzes viera fracasar su intento de equilibrar la balanza de pagos aumentando las exportaciones y disminuyendo las importaciones.

Ante la mala situación del sector exportador, el 5 de abril de 1957 se publicó un Decreto que devaluaba la peseta estableciendo en 42 pesetas la paridad con el dólar. El gran error fue volver a los cambios múltiples, que sobrevaloraban la peseta. Se concedían primas a ciertos productos de exportación por encima del cambio oficial, y se financiaban recargando ciertas importaciones y algunas exportaciones. En las exportaciones que se querían potenciar se concedía una suma adicional en pesetas por cada divisa cedida. Al principio se concedían a pocos productos pero a partir de 1958 el número de estos fue aumentando considerablemente. Las exportaciones se dividieron en diez grupos, con tipos de cambio que oscilaban entre 31 y 95 pesetas por dólar. El 40% de las exportaciones se beneficiaron de este tipo de cambio.

Entre 1940 y 1953 el déficit comercial era muy elevado; se intentó paliar con emisión de deuda pública y obteniendo recursos del Banco de España; la consecuencia inmediata fue un aumento de la inflación.

Balance comercio exterior

En los años cincuenta se disparó el déficit comercial, sobre todo a partir de 1956, con cifras anuales por encima de los 10.000 millones de pesetas. En 1958 la peseta cayó estrepitosamente en el mercado libre. En 1959 la situación era prácticamente de suspensión de pagos exteriores, el IEME no podía ceder divisas ni para exportaciones de productos básicos como el petróleo.

Consecuencia inmediata de esta política monetaria fue que se provocara un gigantesco déficit exterior. Una de las muchas mentiras de Franco fue decir que, tras la guerra civil, España no tenía deudas. A Italia se le debían 246 millones de dólares (se estuvo pagando hasta 1967) y a Alemania unos 147 millones, estas últimas se pagaron mediante exportaciones, sobre todo de minerales y alimentos, y del envío de 10000 trabajadores «voluntarios» a las industrias alemanas[29]. Esto sin contar las deudas con empresas como Tabacos de Filipinas, Rio Tinto, Texaco, Estándar Oil, General Motors o la financiera Kleinwort –propiedad de Juan March-, a la que en 1945 pagó 18 millones de francos suizos, para saldar el préstamo de un millón de libras que el empresario mallorquín había hecho a los sublevados durante la guerra civil.

En consonancia con la actitud tomada sobre el comercio exterior, se tomo otra medida igualmente nefasta; la prohibición de entrada de capital extranjero.

Política industrial y agraria

Aunque hablaremos con más detalle en próximos  capítulos sobre las actuaciones que se llevaron a cabo en el sector industrial y en el agrario, esbozaremos algunas de las medidas tomadas por el régimen.

Tomado de Barciela, 2001: 113

La mala planificación en el proceso de industrialización tuvo, entre otras consecuencias, que en 1940 el 51% de la población activa trabajara en el sector agrario, mientras que en 1950 era del 40%. El esfuerzo que se hacía para industrializar el país, principal objetivo del régimen, lo hacían las clases trabajadoras, con jornadas inacabables y salarios de miseria. Unos se sacrificaban, como mantenían los eslóganes oficiales, para que otros se enriquecieran. Seguía habiendo vencedores y vencidos.

Tomado de Barciela, 2001: 117

La imposición de pecios de venta provocó que a muchas empresas les fuera más rentable  vender las materias primas obtenidas a precio tasado y vendidas en el mercado negro, lo que les daba más beneficios que utilizarlos en la producción propia.

Bajo este afán industrializador se crea el 25 de septiembre de 1941 el Instituto Nacional de Industria[30], a imagen y semejanza del IRI italiano[31]. Al frente del mismo se puso a Juan Antonio Suanzes. El Artículo 1º de su ley fundacional explicaba el porqué de su creación: Propulsar y financiar, en servicio de la Nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial de las que se propongan como fin la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de defensa del país o que se dirijan al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica.

En términos generales el INI fue un gran fracaso debido, entre otras causas, a que se centraba en el aumento de la producción que no en la persecución de rentabilidad. Por otro lado las ventajas, fiscales, financieras, arancelarias, etc., de que gozaban las empresas del grupo ejercían una competencia desleal perjudicando a las empresas privadas.

En cuanto a la política agraria fue un cúmulo de malas decisiones que provocaron, entre otras cosas, que se agravara el problema de la falta de productos y por consiguiente que el hambre que pasaron la mayoría de los españoles se viera agravada.

El control por parte del régimen del sector agrario tuvo consecuencias nefastas. En 1937 se creaba el Servicio Nacional del Trigo (SNT), complementado en agosto del mismo año con el Decreto Ley de Ordenación Triguera. Mediante este Decreto, el Estado, a través del SNT, regulaba y controlaba los precios, la producción, la comercialización interna y externa, la transformación en harina y el consumo de pan. La ley obligaba a los agricultores a vender al SNT la cosecha de trigo a precio tasado, aunque eso significara vender a pérdidas. Esta ley estuvo vigente hasta 1984, momento en que se estaba negociando la entrada de España en la CEE.

Tomado de Barciela, 2001: 111

Estas decisiones fueron, como señala Barciela[32], unas de las grandes causantes de la hambruna padecida en España. Los precios marcados por las tasas, muy bajos, provocaron que los agricultores sembraran otros productos más rentables, por ejemplo cebada y centeno[33], que tenían precios libres; otra consecuencia fue que ocultaran parte de la cosecha para derivarla al mercado negro o que redujeran los gastos de producción –peores abonos y restricción de labores, etc.-. El problema se agravó con la creación el 10 de marzo de 1939 de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (CGAT).

El cupo obligado de entrega de cosechas provocó el ocultamiento de buena parte de las mismas. En algunas ocasiones esta entrega obligada del cupo provocó algunas protestas. Fue el caso de O Saviñao (Lugo). En 1946 el ayuntamiento defendía que los 41.500 kilogramos de centeno que permanecían en el almacén del Servicio Nacional del Trigo (SNT) debían ser destinados al autoconsumo de la población. Las mujeres del pueblo, animadas por el alcalde José López Quintela, intentaron impedir que se llevaran el grano. Finalmente fracasaron en su intento, el conocido estraperlistas Antonio López González “El Picante”, apoyado por la Guardia Civil, se hizo con él[34].

El intervencionismo estatal causó el descenso de la producción agraria, sobre todo debido a un descenso significativo de la superficie cultivada. En el período entre 1941 y 1945 la producción agrícola descendió un 25% respecto al quinquenio 1931-1935. La producción agrícola per cápita, tomando como índice 100 el año 1935, fue del 73,5 en 1940; del 58,2 en 1945; del 70,3 en 1950, y de 77,5 en 1955.

En 1949, Antonio Barroso Rodríguez en su obra Pan para España, señalaba que la principal causa de las bajas cosechas de trigo se debían al precio fijado, preguntado por el motivo, contestó: sencillamente porque su cultivo no es remunerador, su producción. Existen otras razones pero esta es la de más peso y continuaba Y a ello se debe, en parte, que se siembre poco, que se entregue menos al SNT; que se especule en los mercados negros, para resarcirse el productor en la venta ilícita de la pérdida de precio sentida en la entrega del cupo oficial [35].

Otro que no estaba de acuerdo en el precio de tasa del trigo era el economista Manuel de Torres, que en varios artículos en la revista Agricultura, al principio de los años cuarenta, veía insistiendo sobre el tema. Afirmaba que la excusa de que todo se debía al desorden producido en la producción por la guerra civil y la falta de ganado de labor, maquinaria y abonos, valdría solo hasta 1940, añadiendo: La razón por la que ha descendido la superficie cultivada de trigo es porque se ha elevado notablemente su coste de oportunidad, mientras se mantuvieran los bajos precios de tasa no sería posible adecuar producción y consumo[36]. Poco caso hacía el régimen a estas recomendaciones.

No sería hasta la llegada al ministerio de Agricultura[37] de Rafael Cavestany que comenzaron a cambiar algo las cosas. En un discurso que dio en las Cortes el 18 de diciembre de 1951, señaló: hay que hacer principalmente que los productos de mayor necesidad sean remuneradores para que nunca escaseen. Siendo consecuente con su pensamiento, Cavestany eliminó muchas medidas intervencionistas y elevó el precio de tasa.

Hacinamiento y chabolismo

Otro grave problema de estos años fue la escasez de vivienda. En el Fuero de los Españoles se afirmaba: El Estado facilitará a todos los españoles el acceso a las formas de propiedad más íntimamente ligadas a la persona humana: hogar familiar, útiles de trabajo y bienes de uso cotidiano. Para cumplir con este objetivo Franco le dijo al periodista Manuel Aznar[38]: Construiremos cien mil viviendas o doscientas mil casas en un plazo relativamente breve, y lo haremos con nuestros propios medios porque no necesitamos ayuda para ello. España tiene recursos sobrados para resolver el problema de la vivienda. Todo parecido con la realidad era pura coincidencia.

Las pésimas condiciones en que se vivía en el mundo rural provoco una masiva migración a las grandes capitales. Las principales zonas de las que emigraban sus habitantes eran Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla León y Galicia, cada una de ellas perdió unos 100.000 habitantes. Esto provocó que hubiera un gran déficit en viviendas sociales y, como consecuencia directa, un aumento del chabolismo, sobre todo en Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. En Madrid el déficit de vivienda afectaba a 100.000 personas, a 75.000 en Barcelona y a 50.000 en Valencia. Directamente relacionado con la falta de viviendas fue el fenómeno del chabolismo, creándose grandes núcleos chabolistas: Pozo del Tío Raimundo, Orcasitas en Madrid; Campo de la Bota, La Mina y Verdún en Barcelona; Barrio de Nazaret y playa del Cañaveral en Valencia.

Chabolas C/ Jaime el Conquistador, Madrid
Chabolas en Bilbao

En 1950 se estimaba que en España un mínimo del 15% de la población vivía en condiciones deplorables, y otro 25% en viviendas en muy mal estado y sin los mínimos servicios higiénico-sanitarios[39].

Esta escasez de viviendas provocó un importante aumento del precio de los alquileres. Se llegó a pagar 1500 o 2000 pesetas de alquiler por casas que antes se alquilaban por 50 o 100 pesetas. Esta vergonzante subida de precios afectó, sobre todo, a las clases más humildes, que en muchas ocasiones no tuvieron más remedio que vivir en chabolas con una habitabilidad muy por debajo del mínimo exigible. Ante estos elevados precios era muy común alquiler una habitación, en la que convivían varias personas, con derecho a cocina.

En lugar de construir viviendas sociales, ante la inacción del gobierno, las constructoras se dedicaron a construir viviendas de lujo. Por su parte el Instituto Nacional de Vivienda, creado en 1939, se dedicó a la construcción de viviendas para un sector de la población que tenía una posición más desahogada, además de hacer millonarios a muchos constructores fieles al régimen. El propio Arrese reconoció cuando ocupó el cargo de ministro de la Vivienda, que en España había un déficit de medio millón de viviendas sociales. Ese mismo año se aprobó el Primer Plan Nacional de Vivienda (1956-1960), que se quedó muy lejos de llegar a los objetivos marcados.

Como en muchas otras cosas el régimen echaba la culpa de la falta de vivienda a la guerra, algo que era totalmente mentira. En 1945, José Fonseca presentó una ponencia titulada La crisis de la vivienda en España y el extranjero. Fonseca afirmaba que las pérdidas de viviendas en España a causa de la guerra eran del 0,5%. Porcentaje muy inferior al de Gran Bretaña y Bélgica, cuatro veces mayores; Francia, seis veces mayor; Italia, ocho veces; y Alemania, 48 veces. Fonseca concluía que la guerra civil no era la causa de la situación, sino la poca eficacia del Estado.

Política fiscal

Por si no hubiera pocos problemas había que añadir uno más de suma importancia; la penosa legislación fiscal existente. Se podría decir que en España no se pagaban impuestos. La presión fiscal era insignificante sobre los ingresos, en 1957 solamente suponía el 14%, mientras que en Gran Bretaña era el 33% y en Italia el 21,9%.

Los ingresos de Hacienda eran mínimos, con un sistema tributario decimonónico; los impuestos eran: Usos y Consumos, Derechos Reales, Contribución Territorial, Contribución de Utilidades, Contribución Industrial, Impuesto del Timbre, Renta de Tabacos, y Renta de Loterías. Sirva como ejemplo de los pocos impuestos que se pagaban que la Renta de Loterías era superior a la Contribución Industrial, y la Renta del Tabaco era casi la misma que la Contribución Territorial[40].

Barciela[41] resume con gran claridad la actuación de Hacienda: […], durante la autarquía la Hacienda se caracterizó por el estancamiento de los ingresos, la limitación de los gastos, el predominio de los gastos militares y de defensa, el sacrificio de los gastos económicos y sociales, la fuerte evasión fiscal y la injusta tributación […].

De 1941 a 1951 estuvo al frente de Hacienda Joaquín Benjumea Burin, que llevó a cabo una política que beneficiaba a los poderosos, incluyendo dos moratorias fiscales en 1943 y 1945, que no hicieron sino ayudar al fraude fiscal. Una política recaudatoria diametralmente opuesta a la que siguieron en Europa occidental.

En los años cuarenta puede afirmarse que no existía un impuesto sobre la renta, y esto tenía una causa: La explicación de esta ineficiencia radica en que estaba concebido para beneficiar a las clases poderosas, lógicamente, estas se resistían ferozmente a cualquier reforma que menoscabara su privilegiada situación. De ahí el creciente predominio de la imposición indirecta y el estancamiento de la directa[42].

Otro grave problema recaudatorio era el fraude fiscal, favorecido desde la administración. Pagaban aquellos que no tenían «conocidos» dentro de la burocracia franquista.

Las características del sistema fiscal del régimen, según Barciela[43] eran:

  1. No era suficiente, por lo que impedía la condición fundamental de sanidad financiera.
  2. No era flexible, por lo que era incapaz de hacer frente a las necesidades crecientes del gasto público.
  3. No era equitativo, en el sentido de que no consiguió una distribución más igualitaria de la renta neta de impuestos.
Mariano Navarro Rubio

Cuando Mariano Navarro Rubio [44] llegó al ministerio de Hacienda en 1957 logró que la recaudación aumentara en un 25%; mientras que el déficit se estabilizó en torno a los 20.000 millones de pesetas. No duraron mucho los beneficios de los cambios, ya que no se hizo a fondo un aumento de la presión fiscal directa, ni se combatió el fraude con dureza.

Las medidas que tomó Mariano Navarro se registraron en la Ley de 28 de diciembre de 1957. Estas medidas supusieron algunos cambios –no demasiado profundos- en la política recaudatoria con ciertos cambios técnicos en los impuestos, tanto directos como indirectos, que lograron mejorar la recaudación. En cuanto a las medidas para la contención del gasto provocaron que tuviera graves enfrentamientos con los ministros de industria, vivienda, ejército, y el INI. Los militares, ya que pertenecía al Cuerpo Jurídico Militar, quisieron incluso llevarlo ante un tribunal de honor.

El componente militar

En la planificación y desarrollo de la política económica tuvo una preeminente presencia el ejército. Una prueba de ellos es que, hasta 1969, el INI estuviera dirigido por militares; el primer director del INI fue el teniente coronel Juan Antonio Suanzes, que también fue ministro de Industria y Comercio en el primer gobierno de Franco. Una de las causas de que hubiera tanta presencia militar en organismos económicos en parte se debía a que la producción industrial que más importaba al régimen era la encaminada a la defensa.

Consecuencia de esta influencia del ejército era la ingente cantidad de dinero que se dedicaba al presupuesto militar. En 1941 el presupuesto para defensa suponía el 45,6% del total, en 1943 el 53,7%. Durante la década de los cuarenta al gasto militar se dedicaban, de media, entre el 26 y el 40% de los presupuestos generales; en fuerzas del orden publico entre el 19 y el 14%. En contraposición a industria y comercio se destinaba el 18% y a educación entre el 3 y el 4%[45].

Estaba claro que a Franco le importaba más el tener contentos a los militares que el bienestar del resto de los españoles.

Escusas

Para justificar la trágica situación en que vivían la mayoría de los españoles el régimen recurrió a una sarta de mentiras, todas ellas fácilmente desmontables. Ni la industria – la vasca había sido entregada intacta y la catalana apenas había sufrido daños-, ni la agricultura, ni la minería, ni la destrucción de viviendas[46]; los efectos de la guerra civil solamente afectaron de forma importante a los transportes y las infraestructuras, ni los efectos de la II Guerra Mundial, ni el aislamiento internacional, fueron los causantes de la situación económica del país. El único responsable fue Franco y su régimen.

El propio Servicio de Recuperación Agrícola señaló que los daños en agricultura fueron mínimos, algo más en ganadería, pero tampoco demasiado importantes. En 1947, el periodista Alfredo R. Antigüedad en un artículo publicado en El Diario Vasco, señalaba que de la situación tan grave que se estaba viviendo no eran las causas «oficiales»: las circunstancias de que hablamos no obedecen a causas naturales, como sequías, epidemias, seísmos y otras semejantes, sino a causas humanas[47].

Incluso un economista del régimen como Higinio París Eguilaz, le dijo a Franco, en 1950, La argumentación del gobierno difundida en discursos oficiales y en los editoriales de prensa de que la actual situación de la vida se debe a nuestra guerra civil y a la mundial es falsa y debe ser rechazada[48].

La destrucción ocasionada por la guerra civil era infinitamente menor que la de los países beligerantes en la II Guerra Mundial. Pero mientras Francia, Austria, Bélgica, Italia y Alemania recuperaban su PIB entre 1948 y 1951, cinco años tras el final de la contienda, en España no se recuperó el PIB de 1935 hasta mediados de la década de los cincuenta, es decir más de 15 años después.

Duracion proceso recuperación Europa

Uno de los argumentos más esgrimidos fue el de la «pertinaz sequía». Como han estudiado Hernández y Santiago[49], en todo el siglo XX no hubo en toda la Península Ibérica una sequía absoluta, entendida esta como un conjunto de meses en los que no cae lluvia alguna –ni siquiera en Almería-. Cierto es que durante el primer franquismo hubo tres momentos en los que las lluvias fueron escasas: 1944-1945, 1949-1950, y 1953-1954; pero hay que resaltar que tras estos períodos hubo otros en los que el nivel de lluvias fue importante.

Otra escusa fue que la causa era el aislamiento político y diplomático, cierto que lo hubo, pero no hubo aislamiento comercial, ya que ello también perjudicaba a algunas de las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial, por ejemplo, Gran Bretaña o Francia. Con el país galo se firmó en septiembre de 1945 un acuerdo –conocido como Pacto de San Sebastián- por el que España exportaba a Francia, piritas, naranjas, limones, plátanos y pescados en conserva, importando material eléctrico, chatarra, fosfatos y energía eléctrica. Como señala Santiago[50]: España estaba exportando a Francia, a cambio de reconocimiento económico ý casi político- productos básicos alimenticios y materias primas esenciales para la agricultura, en un contexto donde el país sufría, todavía las estrecheces del hambre, el desabastecimiento y el hundimiento de la producción agrícola. El franquismo buscaba su supervivencia antes que la de sus propios habitantes.

Poco antes de finalizar la contienda mundial España firmaba un acuerdo comercial con Estados Unidos, exportando limones, higos y pasas moscatel por un importe de 7.500.000 de pesetas. La relación con Estados Unidos fue más allá. En 1949 el National City Bank concedió un crédito de 25 millones de dólares para la copra de alimentos; y en 1950 el Gobierno norteamericano aprobó otorgar un crédito de 62,5 millones. En 1955 se ampliaron los acuerdos económicos[51]. En julio se estableció un intercambio marítimo con Suecia.

Tampoco cesó el comercio con Iberoamérica durante la II Guerra Mundial. Argentina no dejó de enviar productos alimenticios. En la primavera de 1945 se recibieron 4.000 toneladas de trigo, en julio 2.000. A partir de 1947 los envíos desde Argentina aumentaron considerablemente. De Cuba llegaba azúcar, de Venezuela petróleo en bruto, y desde Aruba[52]combustible líquido[53].

Parémonos en las relaciones comerciales con Argentina. Entre 1939 y 1945 las importaciones de trigo argentino eran de medio millón de toneladas. El acuerdo comercial de pagos firmado en octubre de 1946 concedía a España un crédito rotativo anual a bajo interés de hasta 350 millones de pesos, con opción de ampliarlo dos años, y un préstamo a largo plazo de 400 millones. España se aseguraba la llegada de trigo, maíz, carne, aceites vegetales y legumbres; por su parte España exportaba a Argentina, hierro, chapa, plomo, corcho, productos textiles. La desigualdad era tremenda; en 1948 las exportaciones españolas representaban poco más del 12% de las importaciones efectuadas desde Argentina.

Críticas desde el propio régimen

Aunque de forma muy suave y manteniendo siempre la obediencia a Franco, dentro del propio régimen se pronunciaron algunas críticas al sistema autárquico.

Pronto surgieron las dudas sobre la política económica que se estaba llevando a cabo. En fechas tan tempranas como 1938, el economista Ramón Perpiñán  afirmó que era sumamente peligroso tomar la palabra autarquía como divisa y tendencia de la política económica del nuevo Estado […]no sería más que una nueva palabra para los viejos tópicos y errores de nuestra interesada política económica[54].

En los años cincuenta el economista Manuel Torres Martínez –influido en parte por ideas keynesianas- dijo que el sistema autárquico había sido un fracaso.

En 1950, el economista del régimen Higinio París Eguilaz decía sobre el sistema (…) provoca la inmoralidad creciente de la población, la miseria de una parte de la sociedad, que carece de frenos para evitar los abusos del poder cuyo funcionamiento constituye desde el punto de vista económico-social, una injusticia permanente, solamente se puede mantener por medio de la fuerza, pero es un error confiar exclusivamente en  la política para defender un sistema[55].

Incluso uno de los más acérrimos defensores del sistema autárquico, el almirante Carrero Blanco, dijo en 1942: España nunca se bastará a si misma, y siempre tendrá servidumbre de un tráfico que por razones geográficas tiene que ser marítimo[56].

Consecuencias

Las consecuencias de la implantación de la autarquía fueron nefastas para una inmensa mayoría de los españoles, a la vez que supusieron un gran retraso en el desarrollo de España con respecto al resto de los países de Europa occidental.

Gloria Román[57] define las consecuencias del sistema autárquico: El sistema autárquico condenó al hambre y a la muerte a la población más débil, pero a la vez hizo que ciertos sectores se enriquecieran lo que ayudó a crear nuevas lealtades que sirvieron para perpetuar el régimen.

El economista Albert Carreras en su obra Historia Económica de la España Contemporánea[58], decía que la década 1949-1950 era la única en la historia contemporánea de España en la que hubo una pérdida del bienestar a largo plazo[59].

Por su parte Carme Molinero y Pere Ysás son contundentes en sus conclusiones sobre la autarquía: Las consecuencias de la política económica del primer franquismo fueron catastróficas. El colapso del comercio exterior provocado por las medidas autárquicas contribuyó de manera decisiva a la depresión económica de los años cuarenta, al restringir severamente importaciones indispensables para mantener producciones industriales y agrícolas. Por otra parte, el retroceso en la capacidad adquisitiva de buena parte de la población hundió el comercio, contribuyendo así a la depresión de la economía. Por último, pero no de menor importancia, la intervención, la corrupción y el mercado negro generaron una situación caótica.

Para Hernández y Santiago[60]: […], las malas condiciones de vida y la extensión del hambre durante la posguerra fueron el producto directo del sistema autárquico diseñado por la dictadura [….].

El sistema autárquico si fue útil para algunas cosas. Por ejemplo para que los pobres, los vencidos, no pudieran centrarse en otra cosa que no fuera intentar sobrevivir día a día. Michael Richards fue el primero de muchos historiadores, entre los que me incluyo, que consideran que la autarquía fue utilizada, al imponer el hambre, como un mecanismo de represión y de modulación de los apoyos de la sociedad al régimen.

En línea con lo anterior la autarquía sirvió para que la clase trabajadora tuviera que aceptar unos salarios de miseria, que fueran ellos los sacrificados para conseguir una industrialización que solo beneficiaba a los vencedores de la guerra. Entre 1936 y 1946 la rentabilidad de las empresas creció un 13,79%, el beneficio de la banca un 29,9%, mientras que los salarios reales sufrieron un importante descenso[61].

Como señala Santiago[62]: […], la autarquía estaba sirviendo al franquismo como un proyecto más allá de la economía: permitió una consolidación estructural y burocrática a la misma vez que proporcionó una inestimable oportunidad para controlar a la población.

Conclusiones

Ha quedado meridianamente claro que el sistema autárquico fue totalmente negativo para la economía española y, sobre todo, para las clases más humildes de la sociedad a las que condenó al hambre, al hacinamiento, a la mala salud, en definitiva a vivir de una forma infrahumana.

Si el sistema autárquico tuvo tan larga duración fue porque, a pesar de sus negativos resultados, muchos de los próximos al régimen se estuvieron enriqueciendo gracias a la política intervencionista y al control de la distribución de productos básicos.

España era un país retrasado científica y tecnológicamente, con escasez de materias primas y productos energéticos, poco ahorro interior, etc., la autarquía era el peor sistema económico que se podía aplicar.

También ha quedado claro que la imposición del sistema autárquico fue una decisión personal y voluntaria de Franco, ni se debió a las consecuencias de la guerra civil o la II Guerra Mundial, ni al boicot internacional, ni a la pertinaz sequía, ni a ningún otro elemento exógeno.

La inmensa mayoría de los historiadores y economistas coinciden en presentar la autarquía con un sistema que trajo nefastas consecuencias para el desarrollo del país y el bienestar de los españoles. El sistema autárquico provocó que durante más de diez años España estuviera inmersa en una recesión económica que provocó un déficit en el desarrollo en relación al resto de países europeos occidentales, un retraso que aún estamos pagando.

Por otro lado la autarquía sirvió para mantener subyugada a la población y para diferencias claramente quienes habían sido los vencedores y los perdedores de la guerra civil.

Vídeo en el CAUM Madrid


Bibliografía mencionada

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  • ABELLA, Rafael (2019): La España falangista. Un país en blanco y negro, 1939-1953, Madrid, edición digital.
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  • BARCIELA LÓPEZ, Carlos (2012): Autarquía y mercado negro. La auténtica economía política del franquismo, en Ángel Viñas (ed.) En el combate por la historia, Barcelona, pp. 645-658.
  • BARCIELA LÓPEZ, Carlos (2023): Con Franco vivíamos mejor. Pompa y circunstancias de cuarenta años de dictadura, Madrid.
  • BARCIELA, Carlos, LÓPEZ, Mª Inmaculada, MELGAREJO, Joaquín, MIRANDA, José A. (2001): La España de Franco (1939-1975). Economía, Madrid.
  • CAZORLA SÁNCHEZ, Antonio (2010): Miedo y progreso. Los españoles de a pie bajo el franquismo. 1939-1975, Madrid, (edición digital).
  • CONDE CABALLERO, David (2022): Una etnografía de la escasez de posguerra en Extremadura, Badajoz.
  • ESLAVA GALÁN, Juan (2008): Los años del miedo. La nueva España (1939-1952), Barcelona. Edición digital.
  • GÓMEZ MENDOZA, Antonio (2000): De mitos y milagros, en Antonio Gómez Mendoza (ed.), De mitos y milagros: el Instituto Nacional de la Autarquía, pp. 17-34.
  • HERNÁNDEZ BURGOS, Claudio y SANTIAGO DÍAZ, Gregorio (2022): Las causas de los «años del hambre»: mitos y miserias de la autarquía franquista, en David Conde Caballero y allts. (eds.) Vidas sin pan. El hambre en la memoria de la posguerra española, pp. 5-23, Granada.
  • MOLINERO, Carme y YSÁS, Pere (1999): Economía y sociedad durante el franquismo, en Roque Moreno Fonseret y Francisco Sevillano Calero (eds.), El franquismo, visiones y balances, Alicante, pp. 560-616.
  • PRESTON, Paul (2015): Franco: mitos, mentiras y manipulaciones, en Julián Casanova (coord.), 40 años con Franco, pp. 15-52.
  • RIQUER, Borja de (2010): La dictadura de Franco, vol. 9 de Historia de España, directores Josep Fontana y Ramón Villares, Madrid.
  • ROMÁN RUIZ, Gloria (2020): «El negocio del hambre» Fraude y corrupción durante la posguerra autárquica en campo alto-andaluz, en Historia Contemporánea, nº 63, pp. 663-691.
  • ROS HOMBRÍA, Jacint (1999): El coste económico del largo período autárquico e intervencionista (1939-1960), en IV Encuentro Investigadores del Franquismo, pp. IX-XIII.
  • SANTIAGO DÍAZ, Gregorio (2022): Franquismo patógenos. Hambruna, enfermedad y miseria en la posguerra española (1939-1953), Granada.
  • SOUTO BLANCO, María Jesús (2003): Una «revuelta del hambre» en la Galicia del primer franquismo: O Saviñao, en Pasado y Presente, nº 2, pp. 5-29.

[1] Ros :X

[2] Ministro de Comercio e Industria entre 1945 y 1951, y primer director del INI.

[3] Citado Gómez Mendoza: 37.

[4] Citado por Eslava: 15.

[5] Citado por Barciela, 2023: 26.

[6] Citado por Barciela, 2023: 20.

[7] Citado por Barciela, 2023: 34.

[8] En 1940 fue nombrado presidente del Consejo de Economía Nacional.

[9] Citado por Barciela, 2023: 19.

[10] Citado por Arco, 2006: 246.

[11] Ver Ros: XI.

[12] Ver Barciela, 2012:646.

[13] Ver Riquer: 279-280.

[14] Riquer: 1.

[15] Miembro de la Junta Técnica de Burgos durante guerra y secretario del Consejo de Economía Nacional desde 1940 hasta su cese el 13 de junio de 1980.

[16] Citado por Conde, 2022:35-36.

[17] Ver Cazorla: 101.

[18] Ver Cazorla: 102.

[19] Citado por Santiago, 2022b: 119.

[20] Molinero/Ysas: 581.

[21] Citado Abella, 1996: 56, y Hernández/Santiago: 17.

[22] En 1942 el discurso era otro, al menos en un medio de la prensa oficial. En el diario Arriba del 24 de noviembre de 1942, pág.5, se leía: España no es rica: estamos acostumbrados a que se tome la variedad de climas y productos por riquezas, y no es exacto. Entendemos por riqueza la facilidad con que la naturaleza nos presta sus bienes y en España. Salvo ciertos productos agrícolas y mineros, tenemos que trabajarlos con gran esfuerzo para un rendimiento elevado. Citado por Hernández/Santiago: 17.

[23] Lámparas que quemaban queroseno.

[24] Era la cuarta empresa española por el volumen de sus activos, solo por detrás de RENFE, Telefónica y la CHADE (Compañía Hispano Americana de Electricidad.

[25] Fernández Navarrete: 56.

[26] Citado por Santiago, 2022 :105

[27] La sobrevaloración sobre la libra esterlina llegó al 300% y sobre el dólar hasta un 50%.

[28] Citado Preston: 18.

[29] Según los alemanes la deuda de guerra ascendía a más de 370 millones de marcos; otros 16 como deuda comercial; por gastos de personal de la Legión Cóndor, 111 millones, y por daños a súbditos alemanes durante la guerra civil, otros 45 millones.

[30] En principio se iba a llamar Instituto Nacional de la Autarquía.

[31] Istituto per la Riconstruzione Industriale.

[32] Barciela, 2012:651.

[33] En 1939 se amplió a otros cereales como la cebada, la avena, el maíz y el centeno. Además el 30 de junio de 1941 se clausuraron la práctica totalidad de los molinos maquileros que eran aquellos que se quedaban, como cobro por la molturación, con parte de lo molido.

[34] Ver Souto.

[35] Citado por Barciela, 2023: 150-151.

[36] Citado por Barciela, 2023: 152.

[37] Nombrado el 18 de julio de 1951, se mantuvo en el cargo hasta el 26 de febrero de 1957.

[38] Abuelo de José María Aznar.

[39] Ver Riquer: 285.

[40] Ver Barciela, 2023: 58-59.

[41] Barciela, 2023: 60.

[42] Barciela, 2001: 61.

[43] Barciela, 2001: 63.

[44] Miembro del Opus Dei fue ministro de Hacienda entre 1957 y 1965. Fue acusado en el caso Matesa.

[45] Hubo que esperar a 1975 para que el presupuesto de educación igualara al de defensa.

[46] Las destrucciones de viviendas fueron limitadas y muy localizadas. Cualquier país que hubiera participado en la II Guerra Mundial había sufrido mucha más destrucción de viviendas debido a los bombardeos masivos, algo que en la guerra civil no se produjo.

[47] Citado por Hernández/Santiago: 3.

[48] Citado Santiago, 2022: 64.

[49] Hernández/Santiago: 11-16.

[50] Santiago, 2022: 89.

[51] Hasta 1963 se recibieron 1.183 millones de dólares: 414 fueron donados, 230 se utilizaron para la construcción de las bases norteamericanas, y el resto en préstamos a devolver.

[52] Colonia de los Países Bajos.

[53] Ver Santiago, 2022: 89-90.

[54] Citado por Barciela, 2023: 21.

[55] Citado por Hernández/Santiago: 23.

[56] Citado por Santiago, 2022: 104.

[57] Román: 663

[58] Barcelona, 2010.

[59] Citado por Barciela, 2012: 645.

[60] Hernández/Santiago: 4.

[61] Ver Eslava: 15.

[62] Santiago: 113.

José Luis Garrot Garrot
José Luis Garrot Garrothttps://asambleadigital.es
Historiador y arabista. Profesor de la UCM

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