Se cumple un año desde que la pandemia por el SARS-COV-2 irrumpió en España. Un año en el que como nunca en la Historia, más de cien países trabajan en el estudio de fármacos, vacunas, medidas de reducción de la transmisión (medidas no farmacológicas), estudios económicos, sociales, psicológicos. Los estudios y sus publicaciones van acelerando la marcha, ya no son estudios preliminares y parciales, son revisados por pares, y a pesar de todo el virus, ese agente infeccioso, etimológicamente latino “ virus” (“veneno”, “toxina”, por evolución gradual “ agente infeccioso en el siglo XVIII, Pasteur lo utiliza ya pero englobando bajo esta denominación bacterias y virus, no siendo hasta 1898 cuando el biólogo holandés M. Beijerinck lo utilizó en un trabajo de investigación), como decíamos, este virus va por delante en todos los escenarios.
Las informaciones llueven, y con ellas las opiniones. Quizás a una parte de la ciudadanía, en medio de tanta información y desinformación a la vez, le cueste diferenciar entre datos/análisis y opiniones.
En toda esta vorágine, un tema ha traído y trae de cabeza a numerosas familias, profesionales y en los dos últimos meses a otros sectores sociales: ¿Son los centros educativos lugares seguros ante la COVID 19? La respuesta de las Administraciones Educativas, de una parte del profesorado, de una parte de familias, de una parte de las Asociaciones de padres es SÍ. Del otro lado, profesorado, familias, asociaciones, y más recientemente sindicatos docentes y, en algunas cuestiones, el Sindicato de Estudiantes es NO.
En lo que respecta a las Administraciones Educativas, la “seguridad” de los centros educativos y por lo tanto su apertura desde septiembre del curso escolar 2020-21, sin opción a cierre, (excepcionalmente lo podría decretar la Comunidad Autónoma), es la única cuestión en la que todas las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España se han puesto de acuerdo. (Dado que nuestros Parlamentos son como el patio de un colegio, con algo más de malicia que los infantes, convirtamos de facto en colegios las administraciones públicas: conseguiremos seguridad sanitaria y acuerdos inmediatos. Lo primero nos tememos que quedará desmontado en el presente artículo).
Cierre de centros educativos en España. Historia reciente
Al igual que en el resto de las naciones europeas, americanas, o utilizando con todas las precauciones el término “naciones desarrolladas”, en España la configuración del sistema educativo se produjo en el siglo XIX, a partir de su segunda mitad. Esta afirmación no supone, en ningún caso, identificar el comienzo de la enseñanza en nuestro entorno con esa fecha. La Educación es un proceso tan antiguo como la propia Historia de la humanidad, si bien es cierto que a lo largo del tiempo estuvo ligado más a la acción familiar, grupal, a las órdenes religiosas que a instituciones específicamente educativas y públicas.
Con anterioridad al siglo XIX no existió sistema educativo propiamente dicho. A partir de ese siglo fueron varios los factores que influyeron en la aparición de redes de centros educativos diferenciados por niveles y con el objetivo de extenderse a un número creciente de población.
Las leyes de mayor impacto en nuestro territorio fueron la Ley Moyano de 1857, la Ley de Enseñanza Primaria de 1945, la Ley General de Educación de 1970 y, más cercana en el tiempo, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E) de 1990. Existieron otras normativas que también fueron de interés. Nos hemos centrado en las más significativas[1].
La Ley Moyano estableció la “obligatoriedad” para los niños de 6 a 9 años. Así las cosas, la pandemia originada por la gripe de 1918-20, tuvo su desarrollo con un sistema educativo frágil, bajo la monarquía de Alfonso XIII, sistema político débil que ni se ocupó ni preocupó de las escuelas ni de las elitistas Universidades.
Respecto a las primeras, hay noticias de cierres voluntarios según la gravedad de la pandemia en las diferentes localidades. Lo mismo sucedió con las Universidades. No hubo, en cualquier caso, órdenes gubernamentales alguna.
En resumen, pese a las similitudes con la actualidad, en lo que a la atención educativa se refiere, la situación fue muy diferente. Desde que la enseñanza se generalizó como obligatoria hasta los 14 años (LGE) o hasta los 16 (LOGSE) y las Universidades se abrieron a amplias capas de la sociedad, nunca se ha vivido una situación como la actual por el SARS-COV-2.
Durante la Guerra Civil, al no existir un Gobierno único, fue imposible decretar un cierre masivo y conjunto de los centros educativos.
En la etapa franquista, por causas bien diferentes a las actuales, asistimos a cierres de Universidades en 1956, y ya desde finales de los 60, a cierres masivos por protestas antifranquistas. Entre 1971-75 con el aumento de las protestas los cierres masivos llegaron a los centros de enseñanza secundaria, nunca a los de enseñanza básica.
Otros ejemplos: Francia e Israel
Francia por el contrario, en 1918 decretó el cierre de los colegios. Neil Ferguson del Imperial Collage de Londres, analizó la relación entre los casos de gripe y los cierres escolares demostrando cómo los contagios disminuyeron notablemente tras cerrar las escuelas. Las tasas, sin embargo, volvieron a aumentar cuando los niños regresaron a las aulas.
Un último ejemplo mucho más cercano en el tiempo: la huelga de profesores en Israel en el año 2000. Como consecuencia fueron cerrados todos los colegios.
La huelga coincidió con la epidemia de gripe estacional. Años después, al analizar las cifras sobre el efecto vírico en la población, se reflejó el “frenazo” en el aumento de casos debido a que los niños se habían quedado en casa[2].
Normativa, proceso y contestación social
El 11 de junio de 2020 las Comunidades Autónomas llegaron a un acuerdo de catorce puntos propuesto por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para la vuelta a las aulas (País Vasco y la Comunidad de Madrid, por razones diferentes, se opusieron aunque finalmente el acuerdo fue unánime).
Un punto, motivo de disputa, fue corregido: la rebaja de “grupos estables de convivencia”, inicialmente previstos hasta los diez años, a los grupos de Educación Infantil y 1⁰ de Educación Primaria. Convertir a estos alumnos en Grupos de Convivencia Estable se tradujo en no incluir para ellos dos de las medidas más eficaces de control para evitar la transmisión del contagio por la COVID 19: no usarían mascarillas ni mantendrían distancia alguna de seguridad. Las consecuencias sanitarias son evidentes: el mayor número de contagios se están produciendo en estos grupos. Fuentes: web Ministerio de Sanidad / Ministerio de Educación.
Las Comunidades Autónomas asumieron:
-La elaboración de los Protocolos de Actuación para garantizar la higiene, limpieza y el control sanitario de los centros junto a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
-Elaborar los Planes de Contingencia para las eventualidades derivadas de la evolución de la pandemia.
– Tomar “las medidas necesarias para que los centros mantengan en todo momento los servicios de transporte y comedor escolar en condiciones de seguridad”.
– Reducción de la brecha digital.
Para todo ello, el Ministerio de Educación transfirió a las Comunidades Autónomas un total de dos mil millones de euros, a fondo perdido.
Los resultados de estas medidas han sido muy diferentes según las Comunidades Autónomas. En términos generales:
-En cuanto a los Protocolos: se dieron unas normas de carácter general que cada centro educativo, su personal docente, no experto en materia sanitaria, tuvo que adaptar a sus características sin apoyo alguno de equipos de Prevención en Riesgos Laborales.
Se tuvo que nombrar un Coordinador COVID por centro que una vez más recayó en un docente, independientemente de su perfil profesional.
La contratación de personal sanitario, de enfermería, fue denegada por las respectivas Consejerías de Educación alegando falta de dicho personal.
Los Protocolos dados en septiembre de 2020 no han sido revisados según la evolución epidemiológica de las zonas donde están ubicados los centros educativos, demostrando cada vez más su ineficacia.
-Los Planes de Contingencia durante estos meses tampoco han sido revisados a pesar de que la evolución epidemiológica ha sido y está siendo muy negativa, situando a España en nivel de riesgo alto/ muy alto (ECDC/ R.D. 926/2020 de 25 de octubre por el que se declaró el ESTADO DE ALARMA para contener la propagación de la infección causada por el SARS-COV-2, en vigor hasta mayo de 2021)
-El transporte y comedor escolares se han mantenido en todo momento.
¿Medidas extraordinarias? Ninguna.
-La brecha digital. Desconocemos qué inversiones extraordinarias se han podido realizar. Castilla y León no ha tomado medida alguna por poner un ejemplo que conocemos bien.
Estamos en condiciones de afirmar que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León no ha hecho ni una mínima inversión en mejorar el sistema educativo con motivo de la pandemia. A todo lo anterior, podemos añadir que no se han realizado nuevas contrataciones tampoco, más allá de las que se realizan durante cualquier curso académico, puesto que no se redujeron las ratios de las aulas, ni las ratios del transporte, ni las de los turnos de los comedores escolares, ni las de los servicios auxiliares educativos.
Cada lector se podría hacer estas preguntas para su Comunidad Autónoma.
No podemos obviar que el Gobierno de España ha publicado numerosa normativa desde que la pandemia comenzó, y en particular lo ha hecho desde el Ministerio de Sanidad y el de Educación para los centros educativos a partir de finales de agosto de 2020, por centrarnos en las significativas. Todas ellas encaminadas a la apertura de los centros sin contemplar tan siquiera la posibilidad de que una evolución epidemiológica muy grave, como de hecho ha ocurrido, pudiera hacer necesario, aunque fuera temporalmente, el cierre de los establecimientos educativos.
Así, las “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA COVID 19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-21” entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación, con fecha de 17/9/2020, REVISADOel 8/02/2021.Recoge “actividad presencial para todos los niveles y etapas, priorizándolo para el alumnado menor de edad, al menos hasta 2⁰ de la ESO”.
Cuando este documento se dictó, se basó sobre datos de hasta el 31 de mayo de 2020. Los niños y jóvenes no habían asistido presencialmente a clase. El estudio de seroprevalencia para la población española estableció unos marcadores medios del 5%. Sin embargo tras la revisión de este documento y su publicación este mes de febrero de 2021, no se establecen ni correcciones ni diferencias respecto a la presencialidad, a la seguridad, de los centros…PORQUE COMO EN VERANO, EL MANTRA ES EL MISMO “LOS CENTROS SON SEGUROS”.
Sí se establecen recomendaciones nuevas derivadas del documento técnico del Ministerio de Sanidad “EVALUACIÓN DEL RIESGO Y TRANSMISIÓN DEL SARS-COV-2 MEDIANTE AEROSOLES” de 18 de noviembre de 2020 y del previo del Ministerio de Ciencia, el CSIC y Mesura “ GUIA PARA VENTILACIÓN EN AULAS” de 6 de noviembre de 2020.
Padres, Asociaciones de padres, anticipándose a las recomendaciones del Ministerio de Educación y de Sanidad, plantearon a sus centros educativos la compra de medidores de CO2, filtros HEPA y purificadores de aire abonándolos ellos mismos. Sin embargo los centros no les autorizaron dado la negativa de las Consejerías “por falta de evidencia científica”.
A finales de diciembre, las Comunidades Autónomas iniciaron la compra de medidores de CO2 (uno por centro educativo).
El ritmo de implementación de las nuevas recomendaciones derivadas del documento técnico de Sanidad del 18 de noviembre de 2020, arriba citado, es muy diferente según cada Comunidad Autónoma. Con mayor efectividad, destaca Baleares la cual a principios de noviembre dotaba de mascarillas FFP2 a los profesionales docentes, compraba medidores de CO2, modificaba los Protocolos, mientras en el otro extremo, Castilla y León abastece a día de hoy a sus docentes de mascarillas quirúrgicas, ha comenzado en febrero a enviar a algunos establecimientos educativos un medidor de CO2 (no siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad ni del Ministerio de Ciencia/ CSIC, medidores con tecnología NDIR), ni ha modificado el Protocolo dado en septiembre, ni tan siquiera las medidas de ventilación de las aulas.
A su lado y como ejemplo también de incompetencia e ignorancia, la Junta de Andalucía, cuya Consejería de Salud, a mediados de enero, remitió una nota a los centros educativos dudando de la eficacia de cualquier sistema de purificación del aire que no fuera la ventilación natural (ver la hemeroteca). Nadie duda de la necesidad de la ventilación natural cruzada pero tampoco de la necesidad de medios tecnológicos en lugares donde existan agrupamientos de personas no convivientes, compartiendo espacios reducidos y durante un tiempo superior a quince minutos.
En estos aspectos hay que destacar sin embargo, a lo largo de la geografía española, el esfuerzo de AYUNTAMIENTOSque bajo sus presupuestos han dotado de este material técnico a los centros educativos de sus localidades (ver hemeroteca).
De la misma manera, en municipios de Comunidades Autónomas gobernadas por las derechas, cuyos equipos de gobierno pertenecen a partidos de la izquierda ofrecieron a sus respectivas Administraciones Educativas, dependencias municipales para el desdoblamiento de aulas y la consiguiente reducción de las ratios. La oferta no fue aceptada. Hubiera supuesto un aumento considerable de nuevas contrataciones de personal docente. Esto no estaba en las previsiones de ninguna Comunidad Autónoma de la derecha política.
La Educación, un elemento más, como arma arrojadiza, en el sucio juego político de las derechas extremas y la extrema derecha patrias.
Seguimos con la normativa del Gobierno de España, la reseñable para el tema que nos ocupa:
En septiembre de 2020 la Abogacía del Estado recibió solicitud de informe del Subsecretario de Educación y Formación Profesional con relación al MOVIMIENTO DE PADRES QUE SE NEGABAN A LLEVAR PRESENCIALMENTEA SUS HIJOS EN ESCOLARIDAD OBLIGATORIA AL COLEGIO con motivo de la situación de PANDEMIA. Con tal motivo LA ABOGACÍA DEL ESTADOemitió su DICTAMEN el 17 de septiembre de 2020, recogiendo en sus conclusiones:
1. “La actual situación de pandemia no ampara, per se, la conducta de los padres que deciden que sus hijos no asistan a clase por temor al contagio…”
2. Sin perjuicio de lo anterior, solo cabe apreciar absentismo escolar cuando la inasistencia a clase no esté justificada. Por ello deberá valorarse, tanto por los centros docentes como por las autoridades competentes, la SITUACIÓN PARTICULAR DE CADA MENOR, POR RAZONES DE SALUD, TANTO DEL MENOR COMO DE SUS FAMILIARES CONVIVIENTES, ASÍ COMO LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN EL MOMENTO. Estas circunstancias pueden constituir una causa de justificación del ABSENTISMO”.
LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS AUTONÓMICAS han ido obviando el Dictamen de la Abogacía del Estado (no olvidemos que se dictó el 17 de septiembre de 2020, recién iniciado el curso escolar), a la vez que la Ley Orgánica 2/2006 de 3 mayo, de Educación(LOE) modificada por la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre (la cual acomoda la LOE de 2006, que sigue vigente, a los objetivos fijados por la UE y la UNESCO para la década 2020/2030.), el R.D 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, el R.D 1105/2014, de 26 de diciembre que establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, al igual que las respectivas regulaciones normativas, que al amparo de las anteriores,cada Comunidad Autónoma se ha dado en virtud de sus competencias.
Las Administraciones Educativas Autonómicas también ignoran en la gran mayoría de los casos los informes emitidos por la
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA:
“RECOMENDACIONES DE LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES PEDIATRICAS ACERCA DE LA REINCORPORACIÓN A LA ESCUELA DE LOS NIÑOS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS”. La información se va actualizando, por lo que la Asociación de Pediatras ha emitido hasta la fecha tres informes: mayo de 2020/ agosto de 2020/ octubre de 2020.
Como anticipamos líneas atrás, el conflicto estaba servido desde antes del comienzo del curso dentro de la comunidad educativa. Un número nada desdeñable de padres de todas las Comunidades Autónomas tomaron la decisión de no llevar a sus hijos a sus centros. Estos alumnos sí están matriculados, sí han comprado todo el material escolar, sí están siendo atendidos académicamente por sus padres en sus domicilios, sí solicitan las tareas y su seguimiento al centro educativo, su evaluación.
Iniciaron desde el inicio de curso los procedimientos administrativos correspondientes donde exponían las razones de la no asistencia de los menores, las peticiones de enseñanza en remoto, así como, cuando era el caso, los informes médicos justificativos de las enfermedades crónicas de riesgo ante la COVID 19 de los alumnos o de las personas convivientes con ellos. Las Administraciones no respondían, amparándose en el silencio administrativo como respuesta denegatoria, obligando a las familias a buscar asesoramiento legal.
Las respuestas empezaron a llegar a principios de diciembre de hecho, recordando a los padres su obligación de llevar presencialmente a sus hijos a los centros a la par que si no lo realizaban pasarían su caso a la Fiscalía de Menores (Absentismo) ¿Es todo lo que tienen que decir y hacer las Consejerías de Educación?
A mediados de diciembre las Consejerías de Educación de Baleares, Aragón, Madrid, Cataluña, Murcia, País Vasco, País Valenciano, Canarias, La Rioja comenzaron a dictar Resoluciones respecto a estas situaciones. Tarde sin duda, mientras el resto ni ha empezado. Estos niños están educativamente en tierra de nadie, ABANDONADOS por la Administración pública correspondiente. Y esto no es una opinión.
Ejemplo de ineficacia, oscurantismo, abandono educativo es la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
EL MOVIMIENTO SOCIAL que se ha desarrollado en España teniendo como motor en su inicio a familias y profesionales educativos es numeroso. Destaca por su actividad, por el progresivo apoyo científico, por la suma de profesionales de ámbitos diversos, por su número de socios al haberse constituido legalmente como Asociación, DERPA (Derecho a Enseñanza sin riesgo en pandemia). Se formó en julio de 2020y actualmente está representada, por Comunidades Autónomas, en toda España. (37.510 miembros).
Una de sus principales reivindicaciones es el derecho, dentro de la legalidad, de los padres o tutores legales a elegir entre la enseñanza presencial y la enseñanza en remoto. Una medida que en sí misma no solo bajaría el número de alumnos por aula, si no que reduciría el riesgo de contagios, a la par que da respuesta a las familias con menores y/o convivientes de riesgo ante la COVID 19, como a aquellas familias que por miedo insuperable ante posibles contagios, no quieren llevar presencialmente a sus hijos.
Una medida que posibilita la presencialidad, con menor riesgo, a familias que quieren o que necesitan que sus hijos acudan a los centros educativos.
Una medida que es reivindicada también para los docentes, según sus necesidades y situación.
Otra de las reivindicaciones, tampoco escuchada, es que los Protocolos y Planes de Contingencia se adapten a la realidad epidemiológica y sean trabajados por expertos en Prevención de Riesgos Laborales.
Peticiones de medidores de CO2, filtros HEPA en las aulas como refuerzo a la ventilación natural y en previsión a la llegada de las condiciones meteorológicas adversas propias del otoño/ invierno, ha sido desde el principio otra de sus peticiones.
Establecimiento de sistemas de rastreo rápidos y efectivos de los casos positivos. No se ha hecho desde el minuto 1.
Medidas educativas de carácter nacional para evitar discriminaciones territoriales. (Hemos expuesto que están existiendo).
¿Visionarios? Sencillamente, ciudadanos preparados, con sentido común, en la defensa del derecho fundamental a la Educación de TODOS (art. 27 de la Constitución Española) pero también del Derecho a la protección de la salud (art. 43 de nuestra Constitución).
De sus actuaciones y reivindicaciones no se infiere el abandono de los deberes atribuidos a la patria potestad (Título VII, Libro I del Código Civil), el abandono moral ni material de sus hijos menores.
El lector puede pensar: a pesar de todo y con todo, EL MILAGRO SE HA OBRADO. LOS CENTROS EDUCATIVOS SON SEGUROS. EN LOS MISMOS APENAS SE PRODUCEN CONTAGIOS.
Así nos lo han servido los mass media, al fiel dictado de sus amos, de unos intereses oscuros que analizaremos en un próximo artículo.
Si así fuera, las Administraciones, vacilantes, confusas, comprensible en parte ya que el virus avanza a mayor velocidad que la toma de decisiones y que el tiempo que estas necesitan para demostrar un poco de su eficacia, como digo, si las AFIRMACIONES sobre la seguridad de los centros educativos fueran tal, los responsables políticos habrían encontrado la piedra filosofal para el control de la pandemia.
Pero…amigo lector, como dijo Gregorio Marañón solo se encuentra aquello que se busca. Yendo más lejos: “Quién no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra” Claude Bernard (biólogo, teórico y fisiólogo francés (1813-1878).
Análisis científicos: Desmontando la seguridad en los centros educativos
Pasamos a exponer los que creemos y tenemos como análisis más recientes sobre el tema: ¿los centros educativos son seguros? ¿Su cierre ayudaría a controlar la pandemia?
- 19 de febrero de 2021. SCIENCIE. PUBLICACIÓN REVISADA POR PARES: “INFERIR LA EFECTIVIDAD DE LAS INTERVENCIONES GUBERNAMENTALES CONTRA LA COVID 19”.
Informe firmado por 19 científicos de las Universidades de Oxford, San Francisco, República Checa, Harvard, Bristol, Universidad Nacional de Australia, sobre todas las medidas tomadas en 41 países. Concluye:
“Las medidas que mejor funcionan son por este orden:
1.-Prohibición de reuniones de más de diez personas (40% de eficacia).
2.-Cierre de centros educativos y Universidades (38% de eficacia).
3.-Cierre de establecimientos no esenciales comenzando por los de alto riesgo (bares y restaurantes. 22% de eficacia).
Los estudios anteriores no habían podido separar claramente cuál era el impacto añadido del confinamiento domiciliario respecto a las otras medidas no farmacológicas.
La primera de las medidas parece estar “normalizada” en España, incluso con cifras inferiores.
La segunda, CERRAR LOS CENTROS EDUCATIVOS Y UNIVERSIDADES.
Esta píldora es la que ningún responsable quiere tragarse. Ahora bien, ¿negar la evidencia es el medio para justificarlo?
El 18 de enero de 2021, The Lancet Infectious Diseases publicó: “TRANSMISIÓN DOMICILIARIA DE SARS COV 2 Y FACTORES DE RIESGO, DE SUSCEPTIBILIDAD E INFECTIVIDAD EN WUHAN: UN ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO”.
Se realizó en 27.000 hogares.
Extraemos un párrafo muy significativo: “Dentro de los hogares, los niños y adolescentes son menos susceptibles a las infecciones con SARS-COV-2 pero son más infecciosos que los individuos de mayor edad.”
Se ha dado por hecho, se sigue haciendo, que los niños se contagian menos y contagian menos. Sin embargo, los datos muestran lo contrario e invitan a sospechar que en los colegios e institutos solo se está informando de aquellos casos sintomáticos.
Estudios recientes, diferentes, aumentan hasta en veinte veces el número de niños y adolescentes asintomáticos.
Fácilmente se deduce que el número de infecciones reales sea mucho mayor que el que reflejan las cifras oficiales.
Un dato importante para tener muy en cuenta: ni en los colegios ni en los institutos se han hecho, ni se hacen cribados masivos, con alguna excepción a finales de enero.
Los niños y adolescentes con síntomas hacen una cuarentena de 10 días en sus domicilios mientras que a sus compañeros de aula no se les realiza prueba alguna a partir de 1º de Educación Primaria.
Los contagios nunca se han rastreado.
Estos niños y adolescentes pueden contagiar a sus familiares (los asintomáticos). En casa la convivencia es estrecha y no se utiliza mascarilla (dos factores de riesgo). Y por supuesto los positivos.
Los positivos o sospechosos de serlo se tienen que “aislar” en sus casas. Gracioso cuando menos pues la mayoría de los ciudadanos carecen de segunda residencia, de suites, de un ala para aislarse (entendiendo una habitación con baño). Los niños pequeños necesitan a sus padres para muchas de las actividades de la vida diaria.
Por lo tanto, no es descabellado pensar que la “R”, la tasa de reproducción del virus o número de personas que un positivo puede contagiar, CRECE CON LA CONVIVENCIA. No hace falta recordar las residencias de mayores, residencias de estudiantes. POR LO TANTO, ES FUERA DONDE SE DEBE DE ACTUAR, evitar en lo posible que el virus entre en casa (donde no se puede actuar), cortando las cadenas de transmisión que se inician fuera del hogar. Y los centros educativos son una de esas cadenas.
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MURCIA publicó el 9 de enero de 2021 un estudio con 12.000 menores de C.P y E.I de la región a los que realizó tests de anticuerpos, mostrando que el 85% de los mismos había tenido contacto con la COVID 19. Evidentemente esas cifras no son coincidentes con las dadas por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma, sobre los casos positivos en los centros educativos de la región.
Mostró este estudio un elevado número de niños que pasaron asintomáticamente la infección. Lo que ocurrió en sus familias no ha sido objeto de estudio.
Concluía el estudio: “Los niños son grandes transmisores del SARS-COV-2.”
El 24 de febrero de 2021 el doctor César Carballo, médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, proporcionaba la estrategia que va a seguir el Gobierno de Austria que vuelve a reabrir los colegios tras tres meses cerrados:
-Dos veces a la semana, 1,1 millones de escolares realizarán pruebas de antígenos.
-Aquellas familias que rechacen las pruebas, además de los positivos, seguirán su aprendizaje a distancia.
En cuanto a las Universidades: han realizado más cribados masivos que los centros de enseñanza Primaria y Secundaria. No son, sin embargo, un modelo de seguimiento de la pandemia.
El 13 de enero de 2021, estudios de la UNIVERSIDAD DE STANFORD: “¿SON LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS SUPERDIFUSORES DEL SARS-COV-2?” Con 30 Universidades estudiadas, con resultados de 1000 positivos por 100.000, estudiando también a las comunidades poblacionales próximas, concluía afirmando que los campus universitarios actúan como muy altos propagadores del SARS-COV-2.
DATOS DE INTERÉS
FUENTE: MINISTERIO DE SANIDAD.
BROTES POR COVID 19. FECHA 18 DE FEBRERO
- Centros educativos 3969
- Centros sanitarios 947
- Centros sociosanitarios 3072
- Colectivos socialmente vulnerables 376
- Familiar ( varios domicilios) 7676
- Laboral 4346
- Social 9901
- Mixto 7499
- Otros 679
- Total 34.465
CASOS POSITIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS:
- 21 de enero: 424
- 29 de enero: 1398
- 4 de febrero: 2570
CASTILLA Y LEÓN. FUENTE: datosabiertos.jcyl.es
- 0 a 9 años ( positivos):
30 de septiembre 2020: 7.737
30 de noviembre 2020: 12.316.
- de febrero 2021: 17.135. Datos acumulados.
- 10 a 19 años ( positivos):
30 de septiembre 2020: 7224
30 de noviembre 2020: 16.005
3 de febrero 2021: 23.716. Datos acumulados.
- Aulas en cuarentena:
24 de septiembre 2020: 174
11 de noviembre 2020: 201
17 de diciembre 2020: 40
15 de enero 2021: 389
21 de enero 2021: 1.286
Los brotes son indicativos de positivos. Estos brotes a fecha de 18 de febrero conllevan según el Ministerio de Sanidad, para toda ESPAÑA, un total de 24.378 casos. Niños y adolescentes que pasan la cuarentena en el domicilio familiar con la consiguiente posibilidad de contagio a sus convivientes. Estos a su vez, desarrollan actividades laborales, sociales, y tienen contactos familiares.
¿Es de extrañar que en el ámbito familiar, contabilizando a miembros de la familia no convivientes, se localicen 7676 brotes?
¿O que en el ámbito laboral 4.346? ¿O en el social 9901? Un total añadido de 21.923 positivos más.
Estando la R entre 3 / 4 de infectividad, aumentando con las nuevas variantes, haciendo dudar hasta el mismo Quique Basat de la eficacia de los niños como contagiadores, cuando él, experto del Gobierno, ha afirmado hasta la extenuación que los niños apenas se contagiaban ni contagiaban, es para no sólo dudar de algunos expertos que nos han traído hasta aquí, sino para tomar medidas inmediatas en lo que a los centros educativos se refiere.
Todo ello contando con la elevada tasa de asintomáticos en niños y adolescentes.
Todo ello explicado y documentado, sucintamente, esto es un artículo, en estas líneas.
Conclusiones
Hemos dado algunas publicaciones, algunos datos. Las hemerotecas están llenas pero no todo lo publicado es fiable.
No hemos tratado de justificar con teorías pedagógicas, sociológicas, la bondad de la enseñanza presencial en las etapas tempranas fundamentalmente. No estamos en contra de la apertura de los centros educativos siempre que esta se hubiera hecho con criterios científicos, de seguridad, atendiendo a la individualidad de los alumnos y de sus familias. No hablamos de un curso académico al uso si no de un curso académico en pandemia.
Tenemos muy presente a las familias vulnerables, social, económica, sanitaria y educativamente. Para ellas la apertura de los centros puede suponer la diferencia entre la comida o no de sus hijos, el seguimiento educativo pues en ellos se ceba la brecha digital, la posibilidad de que sus progenitores puedan acudir a sus puestos de trabajo (con y más veces sin contratos). Ellos necesitan también una escuela segura.
La solución planteada por DERPA, el derecho a elegir entre la enseñanza presencial u online habría, si no solucionado, sí ayudado en parte.
Porque España, uno de los países con más Kms de fibra óptica de Europa, no ha invertido ni en competencias digitales ni en medios digitales para los centros ni alumnos. Porque en España llevamos una década perdida en inversión educativa. Porque la innovación educativa se perdió hace más de una década, salvo honrosas excepciones.
Las Administraciones Educativas han actuado tarde y torpemente, con escaso conocimiento de la realidad de la escuela, más dispuesta a amenazar con denuncias de absentismo que a reconocer la realidad y dar soluciones.
No se puede dejar a un lado a familias y docentes pues las administraciones deben poner todas las condiciones necesarias, todos los medios para TODO el alumnado, para el aprendizaje con calidad y equidad[3].
El curso se está desarrollando con inseguridad en lo sanitario, con déficits como nunca en lo pedagógico. Con temeridad legal por parte de las Consejerías frente a las familias y alumnos con enfermedades crónicas así como contra las familias con miedo al contagio, desatendiéndolas en todos los casos, amenazando o denunciando ante los tribunales a parte de ellas, mientras los niños y adolescentes siguen su curso con el apoyo familiar, abocados a la repetición, negándoles hasta el diálogo, hasta la aplicación legalmente establecida de los protocolos de absentismo.
Una premisa debiera haber guiado la actividad educativa desde el comienzo del curso escolar: la Ciencia, la Ciencia más actualizada guiando la toma de decisiones en cada momento.
Sin embargo, con Ciencia y conciencia la estrategia educativa comenzó en abril de 2020, sí, en pleno Estado de Alarma. No todo es improvisación. Este entramado, lo trataremos de argumentar y documentar en un próximo escrito.
[1] I. Egido Gálvez: La evolución de la Enseñanza Primaria en España, U. de la Rioja, 2004.
[2] J. Casanova, Las otras aulas vacías, en elconfidencial.com, 13 abril 2020.
[3] Fernando Trujillo. Profesor titular de la Universidad de Granada. Entre otras actividades de investigación e innovación docente, además de numerosas publicaciones, es coordinador del Plan de Investigación HUM 840 “Conocimiento Abierto para la Acción Social”. Asimismo experto en la captación del profesorado para el uso de redes y la web 2.0: educar XXI.
