El 21 de mayo de 1990 el senador republicano Mark Hatfield presentó un documento a la Comisión de Armamentos y Política Exterior del Congreso de los EE. UU.
Aunque de una forma muy hipócrita, pues EE. UU. fue el principal asesor y proveedor de la FF.AA. salvadoreñas, las conclusiones presentadas en este informe suscitaron nuevos debates en torno a la política hacia El Salvador.
La información demostraba claramente que los esfuerzos por reformar y sensibilizar a las FF.AA. salvadoreñas fueron inútiles, pues dicha institución seguía en manos de un grupo minoritario y hermético de oficiales que no hicieron nada por frenar los abusos más horrendos de los derechos humanos cometidos bajo el mando de catorce de los quince oficiales analizados.
La información que contiene este estudio proviene de fuentes altamente confiables. Algunos de los casos recogidos fueron recopilados en condiciones muy peligrosas por organismos tan distinguidos como Amnistía Internacional, America’s Watch y Tutela legal del Arzobispado de El Salvador.
Se examina el historial profesional de cada uno de los 15 oficiales que ocupaban altos mandos de las FF.AA. en los noventa, y enumera las documentadas violaciones de los derechos humanos cometidas por las tropas bajo sus mandos. Específicamente el informe concluye que catorce de los quince oficiales que ocupaban los principales puestos habían llegado a éstos a pesar de que se denunciaron casos en los que sus tropas habían cometido violaciones de los derechos humanos.
En esta lista se incluye al Jefe del Estado Mayor Conjunto, Coronel René Emilio Ponce, al Ministro de Defensa y sus dos viceministros, a los directores de las tres fuerzas de seguridad y a los jefes de cinco de las seis brigadas de infantería más importantes. En ninguno de los más de 50 casos mencionados había sido enjuiciado un oficial (hay que recordar que este informe es de 1990), cuando era evidente que ordenaron la violación o la encubrieron falsificando los hechos, incluidos los asesinatos de no-combatientes, torturas y abusos de prisioneros. El hecho de la falta de juicios por estas violaciones sugiere que la responsabilidad asumida por el gobierno fue mínima.
De los catorce oficiales que cometieron violaciones, con sus tropas, once recibieron entrenamiento directo de EE. UU., lo que pone en entredicho la relevancia de dicho entrenamiento.
De los quince comandantes principales, doce son miembros de la «tandona», es decir, de la promoción de la Escuela Militar de 1966 . Esta concentración de poder les hace proteger a sus miembros ante las acusaciones de corrupción y violaciones de los derechos humanos.
Un ejemplo típico de corrupción entre los altos mandos consistía en los llamados «soldados fantasmas» cuyas nóminas son cobradas por los oficiales, se calcula que entre el 5 y el 15 por ciento del ejército eran soldados que no existían.
COMISION DE LA VERDAD.
Esta Comisión comenzó su andadura en 1992, en el momento de firmarse los Acuerdos de Paz. La andadura de esta Comisión fue dura y con muchos impedimentos, aunque fue encomiable el intento de no olvidar las barbaridades provocadas por la violencia. Estaba integrada por el expresidente colombiano Belisario Betancur, el excanciller venezolano Reinaldo Figueredo y el presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos Thomas Buergenthal.
La labor desempeñada por los integrantes de la Comisión no fue fácil, puesto que las conclusiones a las que llegaron implicaban duras y graves acusaciones hacia individuos que durante el conflicto salvadoreño ampararon posiciones de altura por ambos bandos. En este sentido, la Comisión de la Verdad, en la que puede ser definida como su principal conclusión, señala a miembros de la cúpula militar salvadoreña como culpables de las principales matanzas acontecidas durante la guerra (1980-1992).
En concreto, la Comisión señala al ex ministro de Defensa, René Emilio Ponce, como el principal responsable de la matanza de seis jesuitas en 1989 . Junto a Ponce, otros cuatro militares de alta graduación estaban implicados en los casos de violaciones de los Derechos Humanos, para todos ellos la Comisión pidió la destitución e inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público.
En el capítulo X hay un estudio detallado sobre las “heroicas” campañas de estos individuos:
Pero la Comisión no sólo centró sus acusaciones en miembros del ejército, sino que también encontró casos similares a los cometidos por los militares en las filas del FMLN. Concretamente se señaló como principales responsables a Joaquín Villalobos, principal dirigente del Frente, y a Guadalupe Martínez.
Además de lo citado anteriormente, la Comisión también centró sus investigaciones en las posibles implicaciones que países ajenos a El Salvador pudiesen tener en el conflicto. Y en este sentido se señaló directamente a EE. UU. Belisario Betancur, presidente de la Comisión, manifestó que algunos funcionarios o asesores de EE. UU. sabían que iba a producirse el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría, rector de la UCA. Por otra parte, el rector de dicho centro educativo, José Maria Tojeria, aseguró que la embajada de EE. UU. en El Salvador obstaculizó las investigaciones sobre la matanza de los jesuitas.
Tojeira, también jesuita, durante una visita a Washington, dijo que el embajador estadounidense en El Salvador, William Warter, «de alguna manera estaba al tanto de lo que pasaba y obstaculizó la investigación sobre los asesinatos.». Además, continúo afirmando que la embajada de EE. UU. impidió el acceso de los miembros de la Comisión a los funcionarios estadounidenses presuntamente involucrados en la matanza.
Estas graves acusaciones provocaron que el Secretario del Estado Norteamericano, Warren Christopher, diese órdenes de estudiar las conclusiones desveladas por la Comisión, con el objeto de depurar responsabilidades en lo referente a EE. UU. (como sino lo supieran)
Otro país, Holanda, también se situó en primera línea de importancia, aunque por diferentes motivos a los estadounidenses. Este país europeo, reclamaba a la Comisión la investigación de los hechos referentes al asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1981.
En este sentido, es importante resaltar que estos países que tienen varios de sus súbditos entre las víctimas, como es el caso de España, han reaccionaron más tibiamente y se limitaron a pedir que se acaten las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
Pese a la gravedad de algunas de las conclusiones acordadas por la Comisión de la Verdad, y pese a la insistencia de la ONU referente al cumplimiento de lo dictaminado por la Comisión, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó la llamada «Ley del Perdón», que suponía una amnistía total para los implicados por ambos bandos en el conflicto. Además, los defensores de los derechos humanos fueron amenazados y agredidos durante mucho tiempo, de hecho, sigue habiendo agresiones en la actualidad.
Antes de este informe, ya se habían entregado al presidente Cristiani las Recomendaciones de la «Comisión ad hoc» constituida por tres juristas salvadoreños-propuestos por el gobierno- que habían examinado la conducta de las Fuerzas Armadas durante el conflicto, a la luz del respeto a los derechos humanos. El Dictamen de estos juristas presentó una lista de 117 oficiales que debían ser dados de baja por las presunciones que existían contra ellos.
El Salvador: De la esperanza a la desilusión
