EL AUGE DEL MOVIMIENTO POPULAR. (1976-1980)
Este periodo se caracteriza por una profundización de la crisis política iniciada en 1.972, cuya principal manifestación es la incapacidad cada vez mayor del Gobierno y de los sectores de la clase dominante para resolver por vías legales e institucionales el conflicto existente con los sectores dominados.
Los hechos más sobresalientes en estos años son el nuevo fraude electoral de 1.977, que lleva a la presidencia al candidato del PCN, general Carlos Humberto Romero e impulsa a la radicalización a muchos sectores de la oposición democrática, el surgimiento de fuertes movimientos guerrilleros, y la adopción y generalización de la lucha armada como única alternativa viable para la toma del poder por parte de los sectores dominados.
El auge del movimiento popular condujo a mayores niveles de represión y de autoritarismo que, a su vez, desembocaron en una espiral de violencia cada vez más intolerable, al mismo tiempo que se deterioraba la imagen internacional del Gobierno.
Desde mayo de 1.979, como consecuencia de la matanza realizada por el ejército en el atrio de la Catedral Metropolitana de San Salvador, y la difusión de la noticia en todo el mundo, el gobierno de los militares estaba condenado a muerte.
Comprendiéndolo así, y bajo la presión de EE. UU., el general Romero decidió convocar a un Foro Nacional para buscar una salida a la crisis política.
El Foro dio inicio el 24 de mayo de 1.979, pero no contribuyó a los objetivos del gobierno debido a la ausencia de las principales fuerzas opositoras convocadas. La crisis de legitimidad del gobierno se hacía cada vez mayor, en ese año tres organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, después de exhaustivas investigaciones, condenaron al gobierno del General Romero sin atenuantes. Los tres informes señalaron violaciones sistemáticas a la persona humana, tales como torturas, abusos sexuales, regímenes de hambre y sed, negación de habeas corpus e incluso asesinato. El cuadro se agravaba por la sistemática persecución emprendida contra los personeros de la Iglesia Católica de parte del gobierno y los militares.
En septiembre de 1.979, la situación del gobierno era insostenible y únicamente se vislumbraban dos caminos: o se profundizaba y extendía aún más la represión o la insurrección popular derivaba en una guerra civil.
El Golpe de Estado de octubre de 1.979, promovido por un grupo de militares progresistas en alianza con sectores profesionales de centro izquierda, intenta ser una tercera alternativa frente a la profundización de la represión y a la insurrección popular.
La proclama de las Fuerzas Armadas declaraba la instauración de un Programa de Emergencia cuyos principales lineamentos eran:
1) Cese a la violencia y corrupción.
2) Garantizar la vigencia de los derechos humanos.
3) Adopción de medidas que conduzcan a una distribución equitativa de la riqueza nacional, incrementando al mismo tiempo, en forma acelerada, el Producto Territorial Bruto.
4) Encauzar de manera positiva las relaciones externas del país.
Sin embargo, las organizaciones populares y los frentes guerrilleros se opusieron violentamente a la Junta Revolucionaria de Gobierno instaurada a raíz del Golpe de Estado, cerrándole todo espacio político.
Dichas organizaciones sostenían que dicho Golpe tenía por objeto preservar el sistema capitalista mediante la aplicación de ciertas reformas que desmontarían la revolución en marcha, destruyendo a las organizaciones político-militares que avanzaban rápidamente a la conquista del poder.
Pero la Junta de Gobierno contaba, además, con la oposición de los sectores militares más conservadores, así como de los sectores más retrógrados de la empresa privada salvadoreña.
La razón principal de esta oposición la constituía el hecho de que el nuevo Gabinete de Gobierno hubiera sido formado mayoritariamente con profesionales con una amplia y reconocida trayectoria de oposición a los gobiernos militares de antaño, así como por sus posiciones anti-oligárquicas.
La mayoría de ellos estaba, en efecto, convencida de que era necesaria la realización de profundos cambios en la estructura económica, social y política del país como única garantía para la democratización de la sociedad y para la vigencia de un Capitalismo «más humano y moderno» en El Salvador.
Adicionalmente, para estos sectores era preocupante el hecho de que no pareciera existir evidencia de participación de los Estados Unidos en el movimiento golpista.
Las presiones ejercidas contra la Junta Revolucionaria de Gobierno, tanto desde la izquierda como desde los sectores más derechistas de la clase dominante y del ejército, socavaron las frágiles bases de su administración.
Los tres miembros civiles de la Junta, así como la mayoría del Gabinete de Gobierno, presentaron su renuncia en enero de 1,980, creando un vacío de poder que permitió a los sectores reaccionarios y a los Estados Unidos asumir nuevamente la conducción del proceso político salvadoreño a través del sector más derechista del Partido Demócrata Cristiano.
Luego de la renuncia de los miembros civiles de la primera Junta de Gobierno, se suceden varios intentos de recomposición de ésta, los cuales culminan finalmente el 10 de marzo de 1.980 con la creación de una nueva Junta.
EL REFORMISMO CONTRAINSURGENTE (1980-1988)
A partir de marzo 1.980, el Gobierno de los Estados Unidos, en alianza con el ejército salvadoreño, ensaya una nueva estrategia para El Salvador: el reformismo contrainsurgente.
Este modelo suponía ciertas reformas en la estructura de propiedad de la economía salvadoreña con el objetivo de disminuir la base social de los movimientos de izquierda y de las agrupaciones guerrilleras, deteniendo así su desarrollo.
De esta forma, se decreta el inicio de un importante proceso de Reforma Agraria, la nacionalización del Sistema Financiero y la nacionalización del comercio exterior del café y del azúcar.
Con esas reformas, además de un objetivo fundamentalmente contrainsurgente, se perseguía debilitar el poder económico de la fracción agroexportadora de la clase dominante, cuyos intereses económicos continuaban representando un freno para la modernización del capitalismo.
Este proceso de reformas no implicó, sin embargo, de ninguna manera el inicio de un proceso real de democratización. Por el contrario, éstas fueron aplicadas en el marco de una mayor violación de los Derechos Humanos, así como de una mayor represión del movimiento popular y sindical.
Mientras tanto, el movimiento guerrillero y sus frentes de masas optaron definitivamente por la vía armada como único camino al poder político.
En enero de 1.981, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanza su primera ofensiva militar de gran envergadura, dando, de esta manera, inicio «oficialmente» a la guerra civil que azotaría al país en los siguientes 12 años.
Las transformaciones sufridas por el conjunto de la estructura social salvadoreña como consecuencia de la guerra son muy profundas. De un lado, la economía se transforma rápidamente en una «economía de guerra» y «para la guerra».
La política, por su parte, adquiere otro carácter: en el polo gubernamental, se busca la institucionalización de un nuevo régimen político excluyente de las fuerzas populares, que, a su vez articule un consenso necesario. Mientras, en el polo revolucionario, se concibe a la política de dos formas íntimamente articuladas: la lucha por consolidar su hegemonía en el conjunto de los sectores sociales del país, principalmente los populares, y la lucha internacional para lograr su reconocimiento y el aislamiento del régimen.
De 1.981 a 1.984, se generaliza la guerra civil. El FMLN consolida sus posiciones en aproximadamente una tercera parte del país, principalmente en el norte y oriente en los departamentos de Morazán, Chalatenango, parte de La Unión; Cabañas, San Miguel, Usulután y en Cerro de Guazapa.
Los protagonistas de este conflicto serán las fuerzas gubernamentales, los Estados Unidos y la alianza FMLN/ FDR.
En el terreno político, la clase dominante busca durante este periodo crear nuevas fuerzas que logren restaurar el sistema político. En esa búsqueda de restauración se intenta legitimar el régimen a través de una Asamblea Constituyente, elegida en marzo de 1.982, que redacta una nueva Constitución política que entra en vigor en diciembre de 1.983 e inaugura un nuevo gobierno constitucional, surgido de las elecciones presidenciales de marzo de 1.984, que dan como resultado la elección de José Napoleón Duarte como presidente, por un periodo de cinco años.
La lucha política legal, en este contexto contrainsurgente, se circunscribe a los partidos políticos ubicados del centro a la extrema derecha, y la disputa entre el poder se da principalmente entre el PDC y el Partido ARENA.
El Gobierno demócrata cristiano, a partir de 1.984, no logra conquistar de manera total el apoyo del alto mando de las Fuerzas Armadas y de la burguesía, por lo que se sostiene principalmente con el apoyo norteamericano.
