“No es que sea pesimista es que el mundo es pésimo”.
José Saramago
¿Qué relación hay entre la globalización, privatizaciones y la democracia neoliberal? La respuesta es tan simple como concreta: el dinero. Las democracias liberales protegen al poder económico sobre cualquier otro valor humanístico. Y en cuanto a participar en política, quien tiene dinero, participa; quien no lo tiene queda afuera.
Los partidarios del régimen liberal reconocen su dependencia del dinero. Varios países están buscando leyes de financiación que establezcan el dinero que las grandes corporaciones puedan aportan a los partidos políticos. Pero creer que esta situación radica solamente en los países recientemente democratizados es, cuando menos, una ingenuidad. Países con larga trayectoria democrática liberal tienen ese mismo problema. Está extendida la idea de que Estados Unidos en una democracia en estado puro, pero hace bastantes años que desde la cuna del Imperio se escuchan cada vez más voces denunciando el carácter “plutocrático” de la democracia neoliberal de EE.UU.
Marty Jezer, conocido activista estadounidense, afirmó en Money in Elections, publicación mensual de Washington Times, (agosto de 1996) lo siguiente: «El dinero es el mayor determinante de la influencia y del éxito político. El dinero determina qué candidatos estarán en condiciones de impulsar campañas efectivas e influencia, qué candidatos ganarán los puestos electivos. El dinero también determina los parámetros del debate público: qué cuestiones se pondrán sobre el tapete, en qué marco aparecerán, y cómo se diseñará la legislación. El dinero permite que ricos y poderosos grupos de interés influencien las elecciones y dominen los procesos legislativos”.
La financiación de los partidos políticos de EE.UU. es un claro ejemplo de lo expuesto por Marty Jezer. Los políticos estadounidenses hablan de dinero blando y de dinero duro para referirse a cómo fluye el dinero a los partidos. El dinero duro lo establece la Ley Federal de Campañas Electorales, la cual marca el límite de la aportación que pueden hacer los individuos, los partidos políticos y los Comités de Acción Política; estos últimos están formados por organizaciones que recaudan fondos para las campañas electorales. La ley no permite a las corporaciones ni a los sindicatos hacer contribuciones directas, pero sí pueden constituir Comités de Acción Política que recauden dinero de sus empleados o asociados. Dichos comités pueden destinar sumas ilimitadas de dinero a favor de determinados candidatos.
El dinero blando son aportaciones que no están reguladas por la mencionada ley, por tanto no contempla el límite de dinero que puede dar al Comité Nacional de un partido político. Teóricamente, ese dinero no puede ser empleado para inducir el voto a favor de ningún candidato, pero igualmente se hace propaganda, la única palabra que debe ser omitida es «vote a…».
Las aportaciones de dinero «duro» superan ampliamente a las efectuadas en dinero «blando». Pero todo es un juego de simulacros ya que ambas clases de dinero provienen de las mismas fuentes.
En realidad, el número de norteamericanos que contribuye a financiar las campañas es muy reducido. Según la oficina del censo de EE.UU., durante las elecciones del 2000 tanto George Bush como Al Gore recibieron la mayoría de las aportaciones individuales de personas cuyos ingresos superaban los 100.000 U$S anuales, (el 12% de las familias estadounidenses). Y más del 50% del dinero procede de Washington DC, dónde los lobbies tienen sus oficinas.
Hay otro factor muy curioso en el sistema electoral norteamericano: los candidatos pueden aportar su propio dinero para promocionarse. En la campaña del 2000, el demócrata Jon Corzine, ex empleado de la financiera Goldman Sachs, aportó 42.4 millones de dólares a su candidatura a senador por el estado de New Jersey.
Pero son las grandes empresas las que más aportan, sobre todo las que tienen intereses en que la legislación se incline a su favor. Así pues, estamos ante un régimen político que favorece la globalización y el enriquecimiento de las empresas transnacionales en detrimento de los derechos de la población. Los grandes tiburones del mercado de inversiones de Wall Street siempre han financiado a los dos partidos políticos tradicionales norteamericanos. Sus intereses son amplios y variados, abarcando desde acuerdos comerciales internacionales hasta privatizaciones de sistemas de seguridad social, promover fondos de pensiones privados, etc. Los republicanos parecen tener una mejor disposición a asumir compromisos en este sentido.
Si el gobierno de EEUU tiene que tomar decisiones sobre el sistema sanitario estarán determinadas por el dinero que las compañías de seguros sanitarios privados, las compañías farmacéuticas, el sector industrial sanitario, las grandes asociaciones médicas y un largo etcétera, aporten a las campañas electorales. EEUU podría proveer cobertura sanitaria universal a un costo mucho menor, como ya ocurre en Canadá. Pero ¿qué se va esperar del partido Demócrata y del Republicano si ambos han sido financiados por compañías de seguros sanitarios y por la banca? Todo se convierte en un juego escénico; el hecho de que los dos candidatos estén financiados por las mismas fuentes no significa que adopten similares posturas. Obama ofreció mejores propuestas, sobre todo en Sanidad, pero no llegó a cumplirlas por no enfrentarse a las compañías que controlan los Comités del Congreso, responsables de temas sanitarios. La población estadounidense es consciente de que el sistema no funciona de una manera tan distinta a como funciona en América Latina o en cualquier otra parte del mundo y de ahí la baja participación electoral. Pueden variar los estilos y la moralidad individual de ciertos políticos, pero la ligazón que se establece entre el poder económico y el poder formal facilita un régimen de corrupción mutua, aunque esto no resulte tan evidente para la mayoría de la población.
Los resortes del poder económico son múltiples. Si el poder del dinero no basta para poner en marcha sus proyectos, ahí está la potente máquina de impedir que salgan a la luz los decretos y las leyes contrarios a sus intereses económicos; éstos pueden reposar durante meses y hasta años en los respectivos departamentos. Además, desde la óptica del poder político formal, oponerse puede ser muy rentable; siempre cabe la posibilidad de que alguien pague al político que se opone. Existen suficientes artimañas; incluso no hace falta oponerse, sino obstaculizar leyes o decretos, obstáculo que puede ser derribado con una buena recompensa económica. Así pues, la relación entre el poder real y el poder es evidente y la creciente americanización de la política en Europa está desarrollando similitudes preocupantes.
