Prácticamente hubo colectivizaciones en todo el territorio controlado por el gobierno republicano. Sí es cierto que hubo diferencias a la hora de llevarlas a cabo ya que, por ejemplo, es que en Andalucía o Castilla-La Mancha, sobre todo en la primera, con respecto a las de Aragón el Levante, había una cultura de colectivización anterior a la guerra civil, y ensayos que se habían llevado a cabo en tomas de tierras. Se notaba mucho la aceptación que recibían las colectivizaciones según fueran zonas donde había predominado el latifundismo y aquellas en las que había más pequeños y medianos propietarios.
Según Helen Graham (:130) en zonas como Aragón, Cataluña o el País Valenciano: la mayoría de estas iniciativas locales fueron posibles solo por la parálisis del Estado, que, durante un tiempo también paralizó la oposición al colectivismo.
Cataluña
En Cataluña se crearon en torno a 400 colectividades, según la CNT. Según Balcells (: 196) existieron 297, se basa, entre otras fuentes, en una encuesta de la Generalitat en la 66 municipios declararon tener colectividades y 100 no. Otras fuentes hablan de la existencia de unas 350 colectividades. Un problema que hubo fue que Cataluña no era una zona donde predominaran los latifundios –aunque algunos había- sino que había más medias y pequeñas propiedades. Las zonas con mayor implantación fueron el Baix Llobregat y el Baix Ebre y en Las Garrigues, donde en 20 de los 25 pueblos de la comarca se implantaron colectividades. Hubo dos municipios, ambos con fuerte implantación anarquista, en los que se colectivizó el 100% de las tierras: Hospitalet de Llobregat y el Prat, ambos próximos a Barcelona. A partir de septiembre de 1937 muchas de las colectividades existentes comenzaron a desaparecer.
Las colectividades catalanas se encontraron con fuertes oposiciones, tanto desde la Generalitat como desde otras organizaciones políticas y sindicales. Como la Unió de Rabassaires (UDR)[1] se opuso de forma frontal al proceso colectivizador. En diciembre de 1936 la UDR creó la Federació de Sindicats Agrícoles de Catalunya (FESAC). Anteriormente el 27 de agosto de 1936 la Generalitat emitió un decreto en el que obligaba a pertenecer a un sindicato agrícola local, medida muy protestada por la CNT y la FETT, para poder realizar actividades agrarias; esta medida beneficiaba a la FESAC – conformado en principio solamente por miembros de la Unió de Rabassaires- y perjudicaba enormemente a la CNT. Los agricultores debían entregar toda su cosecha al FESAC al precio fijado por la Generalitat y esta les suministraría los productos que necesitaran a precios bajos. El problema es que la FSAC no pudo abastecer de la cantidad suficiente de productos lo que potenció el auge del mercado negro.
Pero sin duda el decreto que más afectó a la explotación de la tierra fue el aprobado por la Generalitat el 14 de agosto de 1936, denominado de la redistribución de la tierra. Martín Ramos (: 321) analiza con gran precisión lo que supuso este decreto: La trascendencia del decreto del 14 de agosto resultó limitada en cuanto a sus efectos de transformación social; por el contrario, cabría verlos respecto a la consolidación de los «nuevos caciques» y la reactivación de la gran propiedad trabajada con jornaleros.
Otro organismo se creó para contrarrestar la influencia anarquista en el mundo rural fue la Unió Catalana de Cooperadors. Debido a todas las trabas que les iban colocando desde distintos lugares los anarquistas se vieron obligados a firmar en octubre de 1936 un pacto con la UGT y el PSUC en el cual la Generalitat asumía la dirección del movimiento colectivizador[2]. Es revelador que las colectividades agrarias no fueran mencionadas, por la presión de la Unió de Rabassaires, en el Decreto de Colectivizaciones que promulgó la Generalitat el 24 de octubre de 1936. La Unió de Rabassaires era el sindicato agrícola más fuerte de Cataluña, en julio de 1937 tenía 100.000 afiliados, mientras que en septiembre de 1936 eran solamente 35.000; la razón de este aumento fue la obligación que impuso la Generalitat de tener que estar sindicado para llevar a cabo trabajos agrícolas.
Otro hándicap con el que se encontraron y que provocó innumerables protestas de las colectividades, sobre todo de las anarquistas, es que el consejero de Agricultura, José Calvet –que a su vez era el presidente de la Unió de Rabassaires- no otorgó jamás ayuda económica a las colectividades que se lo solicitaban.
Según Gavaldá (: 197-198) en Cataluña se podrían diferenciar cuatro tipo de colectividades según el lugar de su implantación y su forma de actuar:
- Terrenos de regadío del llano de Barcelona. En esta zona se había paralizado la producción por lo que optó por colectivizarlos totalmente. Los arrendadores fueron los que pusieron los medios para poder ponerlas en marcha.
- Las realizadas en los pueblos agrícolas –fue la más común-. Se unieron tierras incautadas y las propias de los campesinos, así como aperos y maquinaria. Fueron voluntarias, asignándose un sueldo familiar en función de las necesidades de cada colectivista.
- Pueblos cercanos al frente. Fue importante, en algunos casos obligando a los campesinos a hacerlo en contra de su voluntad lo que conllevó que en varias poblaciones hubiera fuertes enfrentamientos.
- Las llevadas a cabo por los rabassaires que tomaron unidades completas de tierras (masos) que complementaban las tierras que ya poseían.
Se podría afirmar que el proceso de colectivización de la tierra en Cataluña fue un gran fracaso. Martín Ramos (: 321) lo resume magníficamente: Al campo no llegó ni la revolución proletaria promovida por la CNT y el POUM – que nunca tuvo apoyo suficiente- ni la revolución popular intentada por el PSUC. A falta de una clara expectativa de progreso social y un mínimo de movilización política pesaron más los inconvenientes de la guerra: la movilización militar, las incomodidades provocadas por la llegada de refugiados, de los ejércitos, las rivalidades entre propietarios, usufructuarios, entre viejos y nuevos caciques, así como una errónea política de precios y la excesiva anulación del mercado libre local.
Levante
Según las fuentes anarquistas hubo una fuerte implantación de las colectividades agrarias en la Comunidad Valenciana, añadiendo además que tuvieron un gran éxito en comparación con las de otras regiones. No obstante la realidad es que ni fueron tan generalizadas ni tan entusiastas como afirmaban Gastón Leval o José Peirats. Es cierto que en algunos pueblos levantinos donde tenía una fuerte implantación la CNT –Pedralba, Alcira, Busar, etc.- rápidamente se instaló el comunismo libertario. Se colectivizaron las tierras, se estableció el jornal familiar, se abolió el dinero, se hicieron gratuitos algunos servicios como la luz, el agua; pero no fueron mayoritarios ni mucho menos.
En otros lugares se estableció lo que Bosch (1982: 76) denomina «comunismo de guerra». En un artículo publicado en Fragua Social se leía: Nosotros en Guadasuar, daremos a los campesinos toda la tierra que puedan trabajar. Pero las daremos en usufructo, no la propiedad. Aquí no habrá más propietario que el Comité[3], la comunidad […] la propiedad de las tierras, la gestión de las cosechas, el suministro de abonos, víveres, etc., entre cosecha y cosecha corresponderá al Comité. Es decir que adaptamos el colectivismo a la modalidad del cultivo tradicional de la vega valenciana. Lo ocurrido en Guadasuar no fue lo común, generalmente se colectivizaron tierras previamente incautadas.
La región levantina no era tierra de latifundios, predominaba la pequeña y mediana propiedad, sobre todo en las zonas de huerta, por este motivo la política colectivizadora tuvo una fuerte oposición en el agro levantino. Como decía Noja Ruiz[4]: hablarles de colectivización equivalía a hablarles en griego (citado Bosch, 1982: 100)
En defensa de los intereses de los pequeños propietarios y combatir las colectivizaciones el 18 de octubre de 1936 en el Teatro Principal de Valencia se creaba la Federación Provincial Campesina (FPC), promovida por el PCE y contando con el respaldo de los partidos republicanos. Se adhirieron 68 sociedades campesinas. A finales de 1937, según sus propios datos, contaban con 230 sociedades campesinas, 80 cooperativas y más de 50.000 afiliados. Su principal promotor, el comunista Julio Mateu declaraba en una entrevista concedida al diario Verdad: La socialización de la tierra entorpecería, en estos momentos, la marcha de la producción. Nosotros, nuestro Partido, al condenar la socialización como improcedente hoy, no renuncia en modo alguno a su doctrina. Lo que condena es la improcedente fiebre socializadora, de ensayos económicos por toda la provincia (citado Gallego: 299).
Esta organización no contó con las simpatías de los sindicatos, a tal punto que CNT y UGT la veían como su peor enemigo. Como contrapartida a la FPC los partidarios de la colectivización fundaron la Federación Regional de Campesinos de Levante, controlada por la CNT.
En cuanto al número de colectividades hay discrepancias. Gastón Levan habla de 900, José Peirats de 340[5]; F. Mintz cuenta 361 (79 en Alicante, 93 en Castellón y 159 en Valencia); Bosch (1982: 391) contabiliza 353 (104 en Alicante, 84 en Castellón, y 165 en Valencia), para Balcells (: 197) 365. En cuanto a superficie expropiada y colectivizada Bosch (1982: 389) ofrece los siguientes datos:
Provincia |
Superficie expropiada |
Superficie colectivizada |
Porcentaje |
Alicante |
106.604 ha. |
22.800 ha. |
21,38% |
Castellón |
35.673 ha. |
13.775 ha. |
39,61% |
Valencia |
147.141 ha. |
54.844 ha. |
37,27% |
Como en casi todo el territorio controlado por el gobierno republicano este no estaba a favor de las colectividades en el País Valenciano. El director del IRA, Adolfo Vázquez Humasqué explicaba porque era contrario a la colectivización: El labrador valenciano puede, trabajando por cuenta propia, sacar más producto de la tierra puesto que todos los instrumentos de trabajo que posee actualmente son apropiados para trabajar de esta forma. Aparte de esto, existe [sic] años y siglos de cultivo individual que han creado una mentalidad en el campesino y un sistema de producción (citado Gallego: 294).
No fueron buenos los resultados del campo valenciano en 1937. Según datos del ministerio de Agricultura correspondientes a 1937 la producción se redujo, respecto al quinquenio anterior, el arroz descendió 837.695 quintales y la naranja 1.673.535 quintales. Según Paul Preston (: 255) en Valencia El caos económico alcanzó tales niveles que incluso los poderes revolucionarios provinciales reconocieron la necesidad de instituir alguna norma unitaria. Particularmente no veo tanto caos como el eminente historiador británico, y debo señalar que Preston no es muy «amigo» del proceso colectivizador.
También en la Comunidad Valenciana hubo casos en los que se utilizó la violencia para obligar a los campesinos a crear una colectividad; esto provocó que pasados los primeros momentos, muchos de estos campesinos obligados abandonaran las colectividades.
Con la llegada del Ejecutivo a Valencia el gobierno central comenzó a tomar las riendas de la economía, comenzando por la disolución del Comité Ejecutivo Popular de Valencia, al que siguieron los Comités Provinciales de Alicante y Castellón.
El CLUEA y las exportaciones levantinas
Controlar la exportación agrícola era esencial. Solamente las naranjas, limones y cebollas (mayoritariamente cultivos levantinos) suponían el 40% del total de alimentos exportados durante 1937, porcentaje que subió al 80% en la primera mitad de 1938. También hay que tener en cuenta que la exportación de alimentos representaba el 70% de las exportaciones totales en 1937 y el 78% en la primera mitad de 1938. Con estas cifras se entienden las luchas políticas por su control, y que el gobierno presidido por Juan Negrín a partir de junio de 1937 comenzara a controlar directamente la exportación de los productos agrícolas levantinos.
Si nos circunscribimos a la Comunidad Valenciana el 60% de la producción agrícola se destinaba a la exportación. En septiembre de 1936 el Sindicato único Regional de Trabajadores de la Exportación Frutera (SURTEF) de la CNT, elaboró un proyecto que perseguía una total renovación del sector. El 7 de octubre de 1936 el SURTEF y el Sindicato de Trabajadores Exportadores y Similares de la UGT crearon el Consejo Levantino Unificado de Exportación Agrícola (CLUEA). Su primer objetivo era controlar la exportación de naranjas de la campaña 1936-1937.
El comité ejecutivo del CLUEA lo componían cuatro campesinos, un portuario, dos administrativos, dos técnicos de la exportación, un trabajador de banca, dos representantes del Secretariado Provincial, un ferroviario, un trabajador del transporte por carretera, un comisionista, un trabajador del transporte marítimo, un proveedor de materiales de confección; todos ellos afiliados a la CNT o la UGT; supuestamente estaban bajo la supervisión del Delegado del ministerio de Agricultura, Industria y Comercio en Valencia, aunque en realidad la dirección la llevaba el cenetista Bartolomé Pascual
El CLUEA recibía el producto de 275 pueblos naranjeros en donde los sindicatos se habían hecho con el control de la producción y el procesamiento de la naranja. Esto no significaba que el CLUEA controlara toda la exportación de naranjas ya que el Gobierno se negó a reconocerlo como único exportador oficial. Además su labor se vio menguada por la pérdida de mercados al no recibir el anticipo del 50% del valor de la producción que debía ser abonado por el ministerio de Agricultura, o de no recibir a tiempo la liquidación del 50% restante, lo que le impedía hacer frente a los salarios y otros gastos generales.
Los defensores del CLUEA tenían un poderoso argumento para apoyar su postura: si se volvía a poner el comercio de la naranja en manos privadas, como querían los comunistas, estos cobrarían sus divisas en el extranjero, y muchas de ellas no se convertirían en pesetas trayéndolas a España, e incluso podían acabar en manos de los sublevados.
La CLUEA fue acusada directamente por la Federación Provincial de Campesinos de «robar a los campesinos», acusación que hizo el ministro de Agricultura Vicente Uribe en una conferencia celebrada el 21 de enero de 1937 en el teatro Apolo de Valencia. Estas luchas provocaron que hubiera enfrentamientos, en pueblos como Carcagente o Cullera[6] llegaron a una extrema violencia. Los campesinos se levantaban contra el CLUEA. No ayudó a pacificar la situación declaraciones como la del miembro de Izquierda Republicana Juan Granell: Lo decimos enérgicamente (…), dejar que se acumulen los productos o que se malvendan podría ser el inicio de una guerra civil más cruenta y más infame que la presente. Una guerra entre hermanos antifascistas por ligerezas p ensayos de tipo comercial sería horrorosa (citado Bosch, 1982: 203).
Abundando en el tema de los enfrentamientos un pueblo que lo llevo a un extremo un tanto tragicómico fue Cullera. Esta localidad valenciana llegó incluso a declarar la independencia, y, entre otras barbaridades no se les ocurrió otra cosa que quemar sus faros lo que atrajo a la aviación franquista que bombardeo duramente a la población. La insurrección que fue poco más que «una pataleta de críos» fue rápidamente sofocada.
Para disminuir el poder de las instituciones exportadoras creadas por el movimiento colectivista el Gobierno central comenzó, a partir de junio de 1937, a crear organismos tendentes a tener el control del comercio exterior. Con este fin se crearon en Valencia la Central de Exportación de Cebolla (CEC), la Central de Exportación de Agrios (CEA) –creada el 6 de septiembre de 1937, y de la que se excluyeron a la CNT y a la UGT- y la Central de Exportación de Uva de Mesa (CEUM); mientras que en Murcia se creaba la Central Pebrera de Exportación, para controlar las exportaciones de pimentón.
Con estos organismos comenzaron a desaparecer las colectivizaciones y socializaciones de exportadores, terminando el proceso, tras supuestamente haber encontrado irregularidades en sus cuentas, con la intervención del CLUEA por el ministerio de Hacienda y Economía el 6 de octubre de 1937, y su total liquidación el 14 de abril de 1938. Como señala Aurora Bosch (1982: 198): […] dos estrategias respecto a la exportación se enfrentaban claramente: la de las sindicales, que proponían colectivizar la exportación naranjera bajo su dirección y la del gobierno, PC y partidos republicanos partidaria de permitir la libertad de exportación bajo un control gubernamental. La segunda opción fue la clara vencedora.
Castilla-La Mancha-Madrid
Según dato del IRA de agosto de 1938, en Castilla-La Mancha (incluyendo Madrid) había 902 colectividades
Provincia |
Colectividades |
UGT |
CNT |
Mixtas |
Albacete |
238 |
210 |
5 |
13 |
Ciudad Real |
181 |
112 |
45 |
24 |
Cuenca |
102 |
37 |
5 |
60 |
Guadalajara |
205 |
198 |
7 |
– |
Madrid |
76 |
56 |
15 |
5 |
Toledo |
100 |
77 |
23 |
– |
Como suele ocurrir también hay baile de cifras en cuanto al número real de colectivizaciones en Castilla-La Mancha. En marzo de 1939, según la CNT había 240 colectividades en Castilla-La Mancha. Según Jiménez Rina, en Albacete se crean 289 colectividades, sobre todo de la UGT; en Ciudad Real, 181 (112 UGT, 45 CNT, 21 mixtas y 4 PCE[7]); en Cuenca, 107 (50 CNT, 33 UGT, 24 mixtas); en Guadalajara 49 (35 CNT, 12 UGT, 2 mixtas), en Toledo 92 (65 UGT, 25 CNT y 2 mixtas). El hecho de que en Cuenca hubiera tantas colectividades mixtas se debe al acuerdo al que llegaron en marzo de 1937 la CNT y la UGT para llevar de forma conjunta la colectivización de la tierra[8].
La mayoría de las colectividades de la región se forman entre el otoño de 1936 y el invierno de 1937; aunque anteriormente, en la época de recogida del trigo y la cebada en el verano de 1936, los trabajos de siega y recolección se hicieron colectivamente.
En cuanto a tierras expropiadas, según un informe del IRA, entre marzo de 1936 y mayo de 1937 se incautaron 2.164.144 hectáreas; siendo Ciudad Real la provincia que ocupa el primer lugar con la incautación del 73,38% de las tierras útiles; la siguieron Albacete y Cuenca con un 30 y un 26% respectivamente; mientras que Toledo y Guadalajara son las últimas con un 16,24 y un 5,8% (ver Jiménez: 18).
En agosto de 1938 las tierras expropiadas, sin contar las incautadas por la CNT que se negó a oficializar las que había llevado a cabo el sindicato anarquista eran[9]:
Provincia |
Hectáreas expropiadas |
% de tierras útiles |
Albacete |
481.256 |
33,35 |
Ciudad Real |
1.086.925 |
81,94 |
Cuenca |
435.467 |
25,54 |
Guadalajara |
84.522 |
8,42 |
Toledo |
289.362 |
43,18 |
En cuanto a los motivos de las hectáreas incautadas obedecen a tres razones[10]:
Provincia |
Motivos políticos |
Utilidad social |
Ocupaciones directas |
Albacete |
450.000 |
28.256 |
3.00 |
Ciudad Real |
258.049 |
726.876 |
102.000 |
Cuenca |
199.347 |
232.970 |
3.150 |
Guadalajara |
18.073 |
58.649 |
7.800 |
Toledo |
233.224 |
56.138 |
– |
Las cifras demuestran que las incautaciones directas, llevadas a cabo primordialmente por la CNT, fueron la causa menor; esto se debe a que en Castilla-La Mancha el sindicato con mayor fuerza en el agro era la FETT ligado a la UGT. Para paliar de algún modo este predominio socialista la CNT creó en abril de 1937, con las colectividades anarquistas, la Federación Regional de Campesinos del Centro (FRCC) que reunía a las Federaciones Comarcales de Colectividades. Hay que señalar que la gran mayoría de las colectivizaciones se hicieron de forma pacífica.
Veamos con algo más de detalle algunas de las actuaciones que hubo en la región. En Guadalajara las colectivizaciones las comenzó a llevar a cabo la UGT-FETT en tierras expropiadas a personas que habían colaborado con el golpe de Estado; en principio se dio forma a 16 colectividades. Posteriormente se crearon colectividades autónomas –las de la UGT estaban muy relacionadas con el IRA- por parte de la CNT que se agruparon en la Federación Provincial de Campesinos, de la que formaban parte unas 10.000 personas controlando en torno a las 20.000 hectáreas. En Guadalajara destacaron las colectividades de la capital, Marchamalo, Alovera, Cabanillas y Azuqueca de Henares. En algunas poblaciones no solo se colectivizó el campo, también las industrias, como fue el caso de Brihuega, donde se colectivizó la industria textil que había, y también una fábrica de harina, otra de chocolate y la industria eléctrica.
En Azuqueca de Henares ocurrió algo digno de destacar por lo inusual. La finca Miralcampo de 360 hectáreas de extensión, propiedad del conde de Romanones, fue colectivizada por la CNT, poniéndose al frente de ella Jerónimo Gómez Abril. La finca que estaba siendo infrautilizada, apenas servía como zona de mantenimiento de una cuadra de caballos propiedad del conde. Los colectivistas aumentaron enormemente la producción, la de trigo aumentó en 4.000 fanegas, la de cebada en 1.500[11], 1.500 arrobas de vino[12] más; también llevaron a cabo nuevos cultivos como la alfalfa o melones.
Pero no se limitaron a la producción sino que hicieron grandes mejoras en la finca: canalizaron el riego, construyeron casas, molinos, un comedor colectivo, escuelas para los niños, etc. Tales fueron las mejoras de todo tipo que se llevaron en la finca que al finalizar la guerra el conde de Romanones no cejó hasta conseguir que Jerónimo Gómez Abril, que estaba preso en la cárcel de Guadalajara, fuera puesto en libertad. Una vez libre Jerónimo, el conde de Romanones le ofreció la dirección de sus propiedades agrícolas, ofrecimiento que Gómez Abril rehusó, lo que no fue óbice para que mantuvieran el contacto durante el resto de sus vidas.
Por la importancia del terreno incautado y las personas afectadas en Ciudad Real destacaron las colectividades de Valdepeñas, Daimiel, Herencia, Tomelloso, Almagro, Manzanares, Alcázar de San Juan y Membrilla –conocida como La Pequeña Rusia.
Importante fue la colectividad de Alcázar de San Juan, creada en octubre de 1936 por la CNT y la UGT. Aquí no sólo se expropiaron 35.000 hectáreas tierras, también las siete bodegas existentes que en la primera cosecha alcanzaron una producción de 3.000 arrobas[13], afectando a 1.000 personas. No solo se colectivizaron las tierras, por ejemplo, también se colectivizó una fábrica de alcoholes que paso a ser la Colectividad Alcoholera El Progreso. Importante en las colectivizaciones de Alcázar de San Juan fue su alcalde Domingo Llorca Server.
En Alcázar de San Juan como pago a los colectivistas se optó por el salario familiar que ascendía a 8 pesetas/día para el cabeza de familia y 50 céntimos más por cada hijo menor de 14 años; mayores eran los salarios en la fábrica de alcoholes donde se llegaba a las 10 pesetas de jornal, o las de los trabajadores en talleres mecánicos que alcanza la cifra de 15 pesetas al día.
En las colectividades de Castilla-La Mancha la forma de funcionamiento fue similar a la de otras zonas de España; la asamblea era el principal órgano de decisión, esta nombraba una especie de consejo de administración que se encargaba de la gestión. Cada colectividad tenía sus propios estatutos, aunque diferían muy poco unos de otros. Generalmente en las colectividades castellano-manchegas se continuó funcionando con la moneda de curso legal, aunque hubo algunas excepciones: unas crearon moneda propia y otras directamente lo abolieron.
Según Carrión (: 44) en Albacete se expropiaron 481.256 hectáreas de las que 92.000 fueron colectivizadas. Las colectivizaciones afectaron sobre todo a las grandes fincas, por el contrario en los pueblos de las sierras, con menos tierras cultivables y predominio de minifundios las colectividades prácticamente no existieron.
Las colectivizaciones albaceteñas fueron llevadas a cabo por la UGT; aunque alguna que resulta paradójica como la creada en Madrigueras por la CNT y el PCE, debido al enfrentamiento tanto ideológico como en su postura frente a las colectivizaciones.
En La Roda no solo se incautaron tierras, también el molino, dos fábricas de harina, las fábricas de alcoholes, la farmacia y un taller de confección de ropa, este último colectivizado por mujeres. En cuanto a tierras se incautaron 26 fincas con una extensión total de 13.527 ha. , que representaba el 34,21% del término municipal (ver Parreño). En esta población se había nombrado una Comisión de Incautación, compuesto por Deusdedio del Campo (UGT), Gregorio Arenas (PSOE), José Antonio Valero (UR), Restituto Gaitano (IR) y Julián González (PCE), es destacable que no hubiera ningún miembro de la CNT, aunque el sindicato anarquista si participó en las colectividades.
Andalucía y Extremadura
En Andalucía las colectivizaciones eran la continuación de un principio que venía fraguándose en tierras andaluzas desde el siglo XIX: la tierra para el que la trabaja. Las colectividades aseguraban una mejor forma de vida para los trabajadores del campo, que en Andalucía eran mayoritariamente jornaleros sin tierras.
En Andalucía occidental hay pocas colectividades debido a que muy pronto esta parte cayó en manos de los sublevados, como ocurrió con la de Grazalema (Cádiz) en donde se implantó el comunismo libertario hasta que cayó en manos de las tropas franquistas. Según los datos del IRA de agosto de 1938 las colectividades andaluzas eran:
Provincia |
Colectividades |
UGT |
CNT |
Mixtas |
Almería |
37 |
18 |
4 |
15 |
Córdoba |
148 |
– |
– |
148 |
Granada |
33 |
– |
– |
33 |
Jaén |
760 |
– |
– |
760 |
Badajoz |
23 |
17 |
– |
6 |
Aunque, como viene siendo normal a la hora de contabilizar las colectividades se barajan distintas cifras. Según la Federación Regional de Campesinos de Andalucía (FRCA) anarquista, en julio de 1937 había 9 colectividades en Almería, 41 en Córdoba, 11 en Granada y 23 en Jaén. De estas 45 eran de la CNT y 39 mixtas. No cuadran mucho los datos ofrecidos por la organización anarquista con los que, generalmente, son tenidos más en cuenta. Por ejemplo, Luis Garrido para Jaén contabiliza 104: 38 de UGT, 19 de CNT, 14 del PCE, una de IR, una de UR y dos del IRA, el resto mixtas; aunque el propio Garrido estima que hubo más pero que estas son de las únicas que hay datos fehacientes (Garrido, 2003: 33).
En Granada hubo denuncias por parte de la CNT sobre el boicot que según ellos estaban llevando a cabo la UGT y sobre todo el PCE contra las colectivizaciones, por ejemplo señalan que se estaba entorpeciendo la compra de abonos por parte de los colectivistas de Motril, que la UGT no cultivaba las tierras que controlaba en La Calahorra, etc.
Colectividades destacadas granadinas fueron Guadix; Motril; Baza, donde también se colectivizaron las industrias; Iznalloz, donde se proclamó el comunismo libertario; Loja lugar en el que se colectiviza el campo y el comercio, Huéscar donde hay una colectividad comunista conocida como Leningrado, etc.
Jaén
Por la importancia de las colectivizaciones en esta provincia andaluza la trataremos de manera especial. En Jaén las colectivizaciones no partieron de la CNT sino de la UGT a través de la FETT. El protagonismo socialista es debido a que, por regla general, en Andalucía oriental tenía mucha mayor presencia la UGT que la CNT. Por otro lado es importante señalar que en Jaén la FETT contaba con el apoyo, no sólo del PSOE sino también del PCE.
En Jaén, como en la mayoría de los lugares, las colectivizaciones se llevaron a cabo en fincas que habían sido expropiadas básicamente por tres razones: las que habían sido expropiadas antes del 18 de julio; las incautadas por el IRA[14], y aquellas que se incautaron a propietarios huidos o considerados sediciosos, estas últimas las solieron llevar a cabo los propios campesinos. Una peculiaridad de las colectividades de Jaén, y de Andalucía en general, es que las colectivizaciones fueron mayoritariamente mixtas, es decir gestionadas por la CNT y UGT conjuntamente.
En Jaén en 1938 aún funcionaban 50 colectividades. Según transcurría el tiempo fueron dejando de existir muchas colectividades jienenses, según Garrido (2003: 85 y ss.) esta mengua en el número de colectividades se debe a tres motivos: que muchas se transformaron en cooperativas; en segundo lugar a que, aunque manteniendo la colectividad se creaba una cooperativa asociada para la comercialización y las compras en el exterior; y en tercer lugar reduciendo una colectividad grande en una pequeña. Amén de los señalados hay otro dato resaltable; la progresiva pérdida de mano de obra por tener que acudir los hombres al frente, esto provocó que se quedaran tierras sin cultivar y provocó la desaparición de la colectividad.
Otro factor que no favoreció un mayor desarrollo de las colectividades jiennenses fue la actitud de buena parte del PCE y del ministro de Agricultura, el comunista Vicente Uribe. Primero dedicándose a defender y potenciar colectividades de menos de cincuenta miembros, atacando a aquellas con mayor número de colectivistas, y además ayudando a crear falsas colectividades que en realidad eran simples cooperativas.
Una conferencia que pronunció Uribe en Algemesí (Valencia) el 29 de octubre de 1936, ofrece un fiel reflejo de lo que pensaba el ministro sobre las colectividades jienenses: He hablado en los pueblos de la provincia de Jaén con campesinos que me han dicho: «yo quería trabajar un pedazo de tierra, pero hay aquí unos cuantos que nos obligan a trabajar colectivamente. Ellos dicen que es bueno; yo no lo sé, yo quiero un pedazo de tierra; yo como nos obligan a trabajar colectivamente, no trabajamos más de seis horas, y lo poco que trabajamos lo hacemos a desgana» […]
Si alguien quiere imponer la colectivización por la violencia, no habrá paz ni trabajo, y así no podemos marchar.
Y nosotros no vamos si podemos ir en contra la pequeña propiedad. Nosotros no vamos ni podemos ir contra la pequeña economía campesina […] (citado Garrido, 2003: 61-62)
Uribe no era muy sincero, en primer lugar porque en Jaén no se solio utilizar la fuerza para convencer a los campesinos; y en segundo lugar porque Jaén no era una tierra de minifundios precisamente, sino todo lo contrario. Era tierra de jornaleros que ya habían llevado a cabo colectivizaciones incluso antes de la guerra civil.
Otro ataque a las colectividades de Jaén se leyó en el diario Frente Sur, órgano del PCE, en donde se criticaba que las colectividades habían dejado para los pequeños agricultores las peores tierras. Curiosamente hacían referencia a las colectividades de Santo Tomé y de Quesada, lugares donde el PCE n tenía un solo afiliado[15].
En Extremadura ya había antecedentes de ocupación de tierras en diversos momentos anteriores a la guerra civil. Según el IRA durante la guerra civil se crearon 23 colectividades: 17 de UGT, y 6 de CNT-UGT, ocupando una extensión total de 350.000 hectáreas. Hubo colectividades en Malpartida de la Serena, Castuera, Zalamea de la Serena, etc. El que no hubiera mayor número de colectividades en Extremadura se debió a que gran parte de su territorio cayó muy pronto en manos de los sublevados.
Rendimiento de las Colectividades
Se suele tener por cierto que la productividad agraria en la zona republicana caía en picado, mientras que en la zona controlada por los sublevados se había mantenido una cierta estabilidad. Esta afirmación no está próxima a la realidad. Como apunta García Colmenares (: 124): No es posible demostrar los índices de productividad personal y de rendimientos por hectárea sin disponer de una contabilidad interna de las colectividades, pero sí se puede considerar su rendimiento muy superior a las explotaciones agrarias latifundistas y de las explotaciones familiares de autoconsumo; continúa el historiador: Y aunque no tenemos datos exactos de todas las comunidades, las que están documentadas por Leval y Peirats y otros no dejan lugar a dudas sobre el éxito económico y sobre todo social y cultural […] (García Colmenares: 126).
Para López y Melgarejo (: 12) La producción agraria de la zona republicana no se vio frenada por el proceso revolucionario, ya que quienes estaban al frente de las explotaciones cuidaron de la producción y la venta de la cosecha, preocupándose también de introducir las mejoras productivas que estaban a su alcance […], podemos señalar que dónde se dispuso de inputs y de trabajadores hábiles las explotaciones continuaron funcionando de forma exitosa.
Según Garrido (2003: 69), el aumento de la producción agrícola en 1936 respecto al año anterior, fue en parte debido a las colectivizaciones: en trigo se aumentó un 6,04%; en cebada un 5,71% y en aceite un 23,41%.
Podemos afirmar por tanto que el proceso colectivizador en el campo fue una experiencia altamente positiva en muchos aspectos. Cierto es que conforme avanzaba la guerra, se cerraban mercados, se perdía mano de obra, escaseaban los suministros, la producción comenzó a bajar de forma que en ocasiones fue considerable.
ANEXOS
Anexo nº 1: Gaceta de Madrid, 26 de julio de 1936
Anexo nº 2: Gaceta de Madrid, 10 de agosto de 1936
Anexo nº 3: Gaceta de Madrid, 18 de agosto de 1936
Anexo nº 4. Gaceta de Madrid, 20 de agosto de 1936
Anexo nº 5: Gaceta de Madrid, 8 de octubre de 1937
Anexo nº 6: Gaceta de la República, 29 de agosto de 1937
BLIBIOGRAFÍA MENCIONADA
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[1] La Unió de Rabassaires el 22 de julio de 1936 pidió a los payeses que se quedaran con toda la cosecha propia y dejaran de pagar las rentas.
[2] En junio de 1937 un proceso similar llevó al final de las colectividades aragonesas.
[3] El Comité lo formaban la CNT y la UGT.
[4] Higinio Noja Ruiz era un maestro valenciano y estudioso del proceso colectivizador.
[5] Datos que toma de la ERCL de noviembre de 1937.
[6] En febrero de 1937 hubo dos muertos y varios heridos.
[7] Estas cuatro colectividades comunistas eran Colectividad de Explotación Industrial Agrícola Comuna Stalin creada en la capital; Comuna Stalin de Daimiel; Comuna Uribe de Campo de Criptana y la Comuna Agrícola de Almuradiel. Otra comuna con participación comunista fue la de Navalmorales de Pasa en la provincia de Toledo. Las colectividades comunistas se caracterizaron por estar compuestas por pocos miembros, entre 15 y 20 (la de Daimiel contaba con 11 miembros y la de Campo de Criptana con 28). Para más detalles sobre las comunidades manchegas comunistas ver Iván J. Trujillo.
[8] El acuerdo se puede ver en Peirats, vol. 1: 311.
[9] Ver Jiménez: 19.
[10] Ver Jiménez: 20.
[11] En Castilla una fanega equivale a 6.459,6 metros cuadrados.
[12] Una arroba de vino equivale a 16 litros.
[13] Ver Atienza: 7.
[14] En Jaén incautó 1.630 fincas con una extensión total de 75.194 hectáreas. No se reflejan todas aquellas fincas incautadas que sus dueños no tenían inscritas en el Registro de la Propiedad.
[15] Ver Garrido, 2003: 71.