Lo de la justicia española está empezando a ser de traca. Que tenemos uno de los peores sistemas judiciales de la zona empieza a ser algo de dominio público. Y esta calamitosa situación tiene su origen en la total y absoluta politización de la justicia española. Lo de la separación de poderes empieza a sonar a chiste malo
Para empezar es cualquier cosa menos democrático el sistema que hay para elegir a los magistrados que compondrán el Consejo del Poder Judicial que, básicamente, es un reflejo del partido que esté en el poder. Esto es de suma importancia ya que es el Consejo el que dirige todo el organigrama judicial español, empezando por decidir que jueces ascienden – prevaleciendo su sintonía con el partido gobernante y no su curriculum -. De ahí los jueces en tribunales para colocar a los que se supone dictaran una sentencia favorable a los intereses del Ejecutivo – el caso del juicio sobre los máster de Pablo Casado es un ejemplo claro de lo que digo.
Que seamos el hazmerreir de Europa empieza a ser una constante, sin que esto parezca que influye en la ciudadanía española que ante las constantes muestras de injusticias por pate de los tribunales no hace absolutamente nada. Debe ser que a los españoles que tengamos una justicia que haga honor a su nombre, y que exista una verdadera separación de poderes –pieza básica de cualquier sistema político que quiera denominarse democrático- es algo que a los españoles les trae al pairo.
Hace muy pocos días terminé de leer el libro escrito por el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo –impulsor de la lucha contra la corrupción y apartado en julio del 2003, por cuestiones meramente políticas, por el PP-, y el exjuez Antonio Doñate Martín –fundador de la clandestina Justicia Democrática- titulado Jueces, pero parciales. El libro es demoledor (aconsejo a todos los lectores que se hagan con un ejemplar, no se van a arrepentir). En él se pone al descubierto la cantidad de sentencias que se han apartado de la jurisprudencia y han sido dictadas basándose en la ideología política, o de los intereses particulares, del juez de turno.
Pero no queda ahí la cosa; hace un par de días el Tribunal de Estrasburgo ha dictado una sentencia en la que se dice que el juicio dirigido por la magistrada Ángela Murillo ha sido una pantomima jurídica, en donde los condenados (Arnaldo Otegui, Jacinto García, Díez Usabiaga, Zabaleta Tellería, y Rodríguez Torres) no habían tenido un juicio justo, dada la manifiesta parcialidad del tribunal que los juzgó
La realidad hace que el libro adquiera toda veracidad, a las pruebas me remito. Empezaremos por la vergonzosa sentencia dictada por el pleno de Tribunal Supremo revocando tres sentencias anteriores que obligaban a los bancos a pagar los impuestos devengados en la concesión de una hipoteca. Tanto la actuación del presidente de la Sala, el juez Díez-Picazo, como el del presidente del Consejo del Poder Judicial, el magistrado Carlos Lesmes, solo admite un adjetivo: vergonzosa. Tan vergonzosa ha sido que, en cualquier país medianamente democrático solamente puede tener una salida: la dimisión inmediata de ambos magistrados.
Pero no queda ahí la cosa; hace un par de días el Tribunal de Estrasburgo ha dictado una sentencia en la que se dice que el juicio dirigido por la magistrada Ángela Murillo ha sido una pantomima jurídica, en donde los condenados (Arnaldo Otegui, Jacinto García, Díez Usabiaga, Zabaleta Tellería, y Rodríguez Torres) no habían tenido un juicio justo, dada la manifiesta parcialidad del tribunal que los juzgó. Esta misma jueza ya había sido apartada de un caso anterior que juzgaba un delito de enaltecimiento del terrorismo. Incluso en el que estamos comentando, conocido como caso Bateragune, los acusados elevaron un escrito de recusación que fue debatido en el Tribunal Constitucional, estando muy dividida la votación, que finalmente desestimó la recusación.
Hay más. Si alguien no cree que exactamente lo mismo que en el caso antes mencionado está ocurriendo con el procesamiento de los políticos catalanes actualmente en prisión o en el exilio, es que vive en otro mundo o tiene una capacidad analítica mínima y un cociente intelectual acorde a esta; o es una persona a la que la justicia le importa un bledo. El juez Pablo Llerena – y el fiscal del caso, otro que tal baila- siguen erre que erre manteniendo la acusación por un delito de rebelión. Y eso a pesar de que numerosísimos magistrados españoles opinan lo contrario; o a que diversos tribunales europeos –Bélgica, Alemania, Suiza, Escocia- les han puesto, como se dice vulgarmente, la cara colorada. Si el juez Llerena está actuando únicamente por criterios jurídicos, yo soy el Papa de Roma.
Y podía seguir comentando más casos parecidos de ineptitud judicial –por ejemplo no se entiende como el juez que votó la absolución de los miembros de la Manada, sigue en la carrera judicial.
Pero estimados lectores, esto es lo que tenemos, y o nos ponemos las pilas reclamando una justicia de verdad justa y despolitizada, o emigramos a algún país en donde aún la Justicia sea eso Justicia.
