El primer franquismo (1939-1959)La institucionalización del Régimen (II)

(VÍDEO DE LA CHARLA AL FINAL DEL ARTÍCULO)

Organismos y «familias»

Todo nuevo régimen necesita crear instituciones o apropiarse de las existentes para consolidar su posición. También le es imprescindible contar con el apoyo de determinados segmentos de la sociedad que le sirvan como vehículo para relacionarse y controlar al resto de la población.

El régimen franquista hizo esta institucionalización manu militari, primero a través de una guerra y posteriormente dando a los militares el control de las instituciones necesarias para su desarrollo. Contó también con el apoyo de dos organizaciones políticas; Falange y la Comunión Tradicionalista ambas unidas por el Decreto de Unificación de 19 de abril de 1937. Tras este decreto se asignó al nuevo partido Falange Española Tradicionalista y de las JONS la misión de servir de enlace en la sociedad y el Estado. El 30 de enero de 1938 se constituyó la Presidencia del Gobierno, que venía a sustituir a la Junta Técnica del Estado, que a su vez había sustituido el 1 de octubre de 1936 a la Junta de Defensa.

El 31 de enero de 1938 se promulgó la ley que organizaba la Administración del Estado. En esta ley se otorgaba a Franco la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general, teóricamente tras una deliberación del Consejo de Ministros. Debió parecerle poco al dictador porque el 8 de agosto de 1939 una nueva ley eliminaba el paso previo de la deliberación ministerial.

El mismo día 31 se formó el primer gobierno de Franco: general Fidel Dávila (Defensa), general Francisco Gómez-Jordana (Asuntos Exteriores), general Severiano Martínez Anido (Orden Público[1]), Andrés Amado (Hacienda), Tomás Domínguez conde de Rodezno (Justicia), Ramón Serrano Súñer (Interior), Raimundo Fernández Cuesta (Agricultura), Juan Antonio Suanzes (Industria y Comercio), Alfonso Peña Boeuf (Obras Públicas), Pedro Sainz Rodríguez (Educación Nacional[2]), y Pedro González Bueno (Organización y Acción Sindical). En este gobierno ya se observa el equilibrio que mantuvo Franco entre las diversas «familias» del régimen; había cuatro militares, tres falangistas, tres monárquicos alfonsinos y un carlista.

En 1940 se configuró un Estado con muchas similitudes estructurales con el fascismo italiano; por ejemplo se crearon los conocidos como Sindicatos Verticales, que con la ley de Unidad Sindical de 26 de enero de 1940 tienen en exclusiva las relaciones laborales a través de la Organización Sindical de FET y de las JONS. A finales de ese mismo año, el 6 de diciembre se crea el Frente de Juventudes[3], encargado de instruir políticamente a los jóvenes y vigilar que se divulgaran los principios del Movimiento. Dentro del Frente de Juventudes se encontraba el SEU (Sindicato Español Universitario).

Serrano Súñer, en su calidad de ministro-secretario general de Falange, como su sucesor desde 1941 José Luis Arrese, intentaron que la organización del Estado tuviera tintes fascistas. Serrano Súñer presentó en 1941 el Proyecto de Ley de Organización del Estado. Este proyecto de ley contemplaba que se crearan tres organismos consultivos del jefe del Estado: unas Cortes con una composición y competencias muy similares a las que se crearon en 1942; una Junta Política que aconsejaría en las Leyes Fundamentales del Estado, tratados políticos internacionales, declaración de guerra, etc., y un Consejo Nacional de Economía. Esta ley no fue aprobada por la fuerte oposición que presentaron los carlistas. Como señala Thomas[4]: Serrano Súñer y Arrese serán, en diferentes momentos del período […], autores del proyecto de institucionalización del régimen de contenido fascista.

Con la llegada en 1957 de los tecnócratas comienza una reforma administrativa contemplada en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957, complementada con la Ley de Procedimiento Administrativo (1-7-1958), Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas (26-12-1958), Ley de Funcionarios Civiles del Estado (7-2-1964) y Ley de Retribuciones de Funcionarios (5-5-1965).

Las Cortes

El 17 de julio de 1842 se constituyeron las Cortes, según el modelo diseñado por José Luis Arrese, con rasgos muy similares a la Asamblea Nacional de Miguel Primo de Rivera. La integraban los ministros, consejeros nacionales del Movimiento, alcaldes de capitales de provincia, rectores universitarios, presidentes de las Academias, presidentes de los colegios profesionales, jerarquía eclesiástica, y todos aquellos que designara Franco a su antojo. Estas Cortes eran un mero órgano consultivo no teniendo la potestad de legislar, tarea que tenía en exclusiva el Gobierno.

Para regular su funcionamiento se estableció un reglamento, aprobado el 5 de enero de 1943. En 1946 se permitió que los procuradores pudieran hacer preguntas y ruegos al Gobierno, siempre a través del Presidente de la Cámara, con la salvedad de que el Gobierno no tenía la obligación de contestar. En definitiva seguían sin servir para nada.

En 1957, tras los acuerdos con Estados Unidos y el Vaticano, y dentro de la tarea de lavado de cara que estaba llevado a cabo el Régimen se establece un nuevo reglamento. A partir de este momento se tomaría nota taquigráfica de las intervenciones y acuerdos del Pleno para su constancia y archivo, asimismo se permitió que los procuradores hicieran interpelaciones, en este caso públicas, al Gobierno. El reglamento no volvería a ser modificado hasta 1967.

Que las Cortes no servían para nada y que Franco les daba poca importancia, por no decir ninguna, lo demuestra el dato de que entre 1952 y 1955 solamente se celebraron tres plenos.

Gobiernos Civiles

Entre 1939 y 1958 se nombraron 315 gobernadores civiles, dado que algunos repitieron en el cargo[5]. Esta continuación en el cargo hace que Ponce[6] estime que el número de personas que ocuparon el puesto fueron 216.

En la década de los cuarenta la mayoría de los gobernadores civiles provenían de Falange –aunque hay que tener en cuenta que era obligatorio pertenecer a Falange para poder ocupar un cargo público-, aunque los había de otras tendencias; de hecho algunos abandonaron sus cargos por discrepancias con el ideal falangista. Por este motivo a partir de 1940 los gobernadores civiles pasaron a ser los jefes provinciales del Movimiento. Con ello evitaban las confrontaciones que había habido cuando los cargos eran ocupados por personas de distinto pensamiento. Esta medida no gustó a algunos falangistas, como Serrano Súñer, que veían en ella una pérdida de autonomía respecto al gobierno, y no le faltaba razón; ya que esta medida la tomó el régimen como una forma de supeditar a Falange al gobierno. Más aún cuando a partir del 31 de julio de 1941 los gobernadores civiles pasaron a designar a los alcaldes.

Los gobernadores civiles controlaban toda la Administración local: diputaciones, cabildos y ayuntamientos. Dependían de ellos todas las fuerzas de orden público: policías municipales y provinciales, somatén, milicias de Falange, incluso la Guardia Civil. Eran pues los encargados de la represión y de mantener la «moral pública»[7]

Controlaban la política, inclinando la balanza en uno u otro sentido entre las dos «familias» que más rivalizaban: los católicos y los falangistas. También eran los máximos responsables del control social, ellos dirigían la represión, controlaban a la prensa, e incluso decidían quién recibía la ayuda social.

Solían mantenerse en el cargo entre tres y cuatro años, aunque algunos estuvieron más años, como Felipe Acedo Colunga, que fue gobernador civil de Barcelona desde 1951 a 1960. Los gobernadores civiles solían ser personas que no tenían ningún vínculo con la provincia en la que estaban destinados, de esta forma, teóricamente se evitaban influencias y favoritismos.

Por otro lado, al controlar prácticamente todas las actividades, fueron un gran centro de corrupción, bien haciendo que no veían las corruptelas que se llevaban a cabo, bien porque estaban directamente relacionados con ellas.

Ayuntamientos

El funcionamiento de los ayuntamientos quedó marcado por la Ley de Bases de Régimen Local de 1945, pero que no entró en vigor hasta 1948. Esta ley señalaba que los alcaldes de los municipios de menos de 10000 habitantes serían elegidos directamente por el gobernador civil, y los de más de 10000 lo serían por el Ministerio de la Gobernación.

Con esta ley se redujo en gran medida la autonomía de los ayuntamientos –también de las diputaciones-, entre otras razones porque apenas recibían fondos, pasaron a ser meros elementos burocráticos totalmente subordinados al gobierno a través de los gobernadores civiles. Como señala Riquer[8]: […], las administraciones locales no fueron «poder» en el franquismo ya que su supeditación y precariedad los convirtieron en simples gestoras administrativas de unos servicios fiscalizados por la superioridad.

Los ayuntamientos no tenían prácticamente ninguna autonomía económica. Por este motivo se vieron obligados a crear nuevos impuestos, esto provocó que la carga fiscal municipal llegó a ser un 100% mayor que la existente en 1935. También se vieron obligados a pedir créditos al Banco de Crédito Local, lo que no hizo sino endeudarlos y que el déficit fuera cada día en aumento.

El historiador Del Arco hace una excelente radiografía de los que ocupaban los cargos políticos locales en la zona oriental de Andalucía. La mayoría de los alcaldes eran hombres entre 20 y 40 años, es decir políticos de nuevo cuño. En cuanto a la profesión un 16,13% eran propietarios, un 25,8% se dedicaban al comercio. Por estatus social hay una mayoría de representantes de la clase media alta. A nivel general en 1948 se hizo un estudio concluía que el 33% de los alcaldes eran propietarios y un 20% industriales o comerciantes[9]. Para el control local el franquismo volvió a contar con los sectores económicos más poderosos del lugar, es decir los antiguos caciques apartados de sus cargos por la II República.

En realidad los ayuntamientos tenían muy poca capacidad de acción, debido a la escasa dotación económica de que disponían, y por estar supeditados a los gobernadores civiles; por ejemplo, las obras públicas a realizar en el municipio no las decidía el ayuntamiento sino el gobernador civil. Prácticamente su única actividad, sobre todo en los primeros años, fue la tramitación administrativa y la colaboración en la represión.

Los ayuntamientos se conformaron por tercios: familiar, sindical y de corporaciones. La elección de los ediles era indirecta, algo más directa en el tercio familiar. En 1948 se celebraron las primeras elecciones municipales, recordemos solamente para concejales, con una participación de menos del 30%, lo que demuestra el escaso interés de la población, que sabía que estas elecciones de limpias no tenían absolutamente nada. Hasta estas elecciones los ayuntamientos se dirigían por comisiones gestoras formadas por los mayores contribuyentes por rústica, industrial, pecuaria o utilidades (Decreto del 5 de octubre de 1936). En 1951, 1954 y 1957 se volvieron a celebrar comicios municipales. Hay que señalar que muchos alcaldes estuvieron muchos años ejerciendo el cargo. Por ejemplo el de mi pueblo, La Carolina (Jaén), Ramón Palacios, estuvo en el cargo 16 años, entre 1960 y 1976.

La actuación de muchos alcaldes y concejales no fue demasiado ejemplar, dedicaban poco tiempo a sus labores en el ayuntamiento, pareciendo que estaban en el cargo más para hacer negocios que para servir al municipio. De hecho, el 12 de mayo de 1952 el gobernador civil de Barcelona comunicaba que había cesado a setenta alcaldes por la despreocupación, el absentismo, cuando no el chanchullo, vienen siendo, repito que hablo de forma en general, las normas de conducta.[10]

Les elecciones municipales eran una farsa, siempre ganaba la lista oficial que era elaborada por el alcalde con el visto bueno del gobernador civil. En muchas ocasiones el número de puestos a elegir eran el mismo que el de los candidatos, por lo que las elecciones no se celebraban aplicándose al artículo 55 de la ley de bases de Régimen Local. Se obligó a todos los funcionarios a votar, se quitaban los subsidios familiares y la cartilla de racionamiento a todos los que no hubieran justificado que habían votado. Incluso se mandaron normas a los gobernadores civiles para preparar el fraude, por ejemplo: enviar a personas que con carácter individual y del modo más discreto posible procuren votar en sustitución de algún fallecido, enfermo, ausente o conocidamente abstenido[11]. No es de extrañar, por tanto, que en algunas localidades hubiera más votos que personas censadas.

Algunas autoridades llegaron a denunciar alguno de los pucherazos. En las elecciones de 1954 la alcaldía de Madrid se la disputaban una lista de monárquicos seguidores de Juan de Borbón –Joaquín Calvo Sotelo, Torcuato Luca de Tena, Joaquín Satrústegui y Manuel Fanjul- y una falangista liderada por José Antonio Elola Olaso. El pucherazo pareció ser claro a favor de la candidatura falangista lo que provocó la protesta del ministro de Justicia, el tradicionalista Antonio Iturmendi ante el consejo de ministros.

En las elecciones de 1948 el 65% de los concejales y el 83% de los alcaldes estaban afiliados al Movimiento. Solamente los carlistas tuvieron algo de presencia, obtuvieron 258 alcaldías, la mayoría en Navarra, Euskadi, Valencia y Cataluña. En las de 1951 los alcaldes afiliados al Movimiento lograron el 87% de las alcaldías y los carlistas 287.

Demostración clara que estos comicios no interesaban a nadie es el informe que en 1951 redactó el gobernador civil de Tarragona José González Sama: Nadie se cree en la sinceridad de las elecciones… el ambiente popular cree que se trata de un formulismo y que el resultado está ya previsto con anterioridad[12]. Y razón no les faltaba.

Sindicatos Verticales

La organización sindical se estructuraba en dos secciones: las Centrales Nacionales Sindicalistas, y los Sindicatos Nacionales. La primera, a través de los sindicatos y hermandades sindicales tenían como objetivo imponer la disciplina social de los productores. Los segundos se encargaban de asesorar al Gobierno en la forma de dirigir la disciplina, fomentar la producción, regulación de precios, reglamento laboral, etc.[15]

Los falangistas hubieran querido que el Sindicato controlara la economía, pero como señala Cazorla[16]: A lo más a lo que los organismos sindicales se les encargó de la elaboración, dentro del sistema de cupos impuesto por la autarquía, del censo de destinatarios y del reparto de materia primas. De hecho muchos elementos influyentes del régimen no tenían muy claro que era el Sindicato Vertical y para que servía. En una ocasión Franco preguntó a López Rodó que era, en su opinión, el Sindicato Vertical, la respuesta fue: Yo nunca he llegado a saberlo, como no sea que unos están arriba y otros están abajo[17].

No cuajaron nunca los sindicatos entre la clase obrera. Según un informe de las autoridades vallisoletanas sobre qué opinaba la gente sobre los Sindicatos, se mantenía la repugnancia en público hacia ellos, por considerarles un nido de enchufistas (muchos de ellos de cualidades morales y políticas malas) y como los culpables de la carestía y precios exagerados de la totalidad de los artículos que intervienen[18]. Informes similares se emitieron desde otros lugares del país.

Esta fractura entre sindicato y obrero fue la que hizo que Sainz-Osorio creara la figura del enlace sindical como representante de los obreros ante las empresas. Aún así no se celebraron elecciones a enlaces hasta 1944 debido al recelo que esta nueva figura creaba, ya que la veían como un peligro ya que podían infiltrarse elementos «indeseables». El tiempo acabó dándoles la razón.

Por mucho que intentó el régimen que tanto empresarios como trabajadores se afiliasen a las Centrales Nacionales Sindicales (CNS), el fracaso fue absoluto. Un informe de Falange decía que gran número de empresarios ven con manifiesta hostilidad nuestra labor; respecto a la resistencia de los trabajadores reconocía el informe los trabajadores han perdido completamente la fe en los Sindicatos Verticales. Resultado que solamente el 15% de la población activa se afilió a los Sindicatos.

Ante esta perspectiva se obligó a todos los productores a afiliarse, prohibiendo al CNS negociar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, oficialmente controladas por el ministerio de Trabajo. A finales de 1941 la mayoría de las agrupaciones patronales se integraron en la CNS, pero no desaparecieron, a pesar de que la ley de Unidad Sindical de 16 de enero de 1940 pretendía que se extinguieran una vez incorporadas a la CNS.

Todo el organigrama sindical lo dirigía el Delegado Nacional de Sindicatos. Durante el franquismo ocuparon el cargo: Gerardo Salvador Merino (9-9-1939/13-9-1941), Manuel Valdés Larrañaga, interino (13-9-1951/18-12-1941), Fermín Saz-Orrio (19-12-1941/7-9-1951) y José Solís Ruiz (7-9-1951/29-10-1969).

Sobre el primero nos extenderemos un poco. Gerardo Salvador era un falangista, del sector hedillista, y ferviente admirador de la Alemania nazi. Gerardo Salvador intentó que la CNS tuviera peso a la hora de tomar decisiones económicas y laborales, en definitiva que fuera el principal aglutinador de la economía. Su proyecto era similar al del Frente Alemán del Trabajo. En junio de 1941, Gerardo Salvador, en el transcurso del II Congreso Sindical propuso que se disolvieran y se pasara a controlar a todas las entidades empresariales, esta idea, como es de imaginar, no cayó nada bien entre los empresarios, a lo que se añadía que tuviera enemistad con varios militares. En julio de 1941 fue acusado de masón, siendo obligado a presentar su dimisión el 13 de septiembre. Posteriormente fue detenido y condenado a doce años de prisión e inhabilitación por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, presidido por el general Saliquet. A partir de este momento la CNS pasó a tener como única misión el control de los trabajadores y organizar concentraciones de adhesión a Franco.

Relacionadas con el sindicalismo estaban las obras sindicales: Obra Sindical 18 de julio (asistencia sanitaria), Hogar, Formación profesional, Educación y Descanso, Artesanía, Previsión Social, Cooperativas, y Mutualidades Laborales. Destacan Educación y Descanso, creada en 1939 a imagen y semejanza del  Opera Nazionale Dopolavoro italiano, estaba destinada al ocio y el deporte, sus principales manifestaciones eran los Juegos Deportivos Sindicales y la Demostración Sindical, que se hacía todos los años en el Santiago Bernabeu. La Obra Sindical 18 de julio nunca tuvo a su disposición los suficientes medios para llevar a cabo su labor sanitaria. En 1949 había cinco millones de trabajadores afiliados a la CNS (48% del total), y solamente disponía de 47 sanatorios, 51 policlínicas y 45 consultorios para toda España.

En 1944 tuvieron lugar las primeras elecciones sindicales, a las que solo se podían presentar afiliaos a Falange. Los trabajadores se tomaron estas elecciones no muy en serio ya que en muchas papeletas aparecía como candidato elegido Cantinflas o Manolete[19]. En las de 1947 se eligieron 67.161 enlaces, en esta ocasión ha había algunos que no eran los que figuraban en las listas oficiales. En las de 1950 se presentaron algunos antiguos militantes de CNT y de la UGT.

FAMILIAS

El que se hable de «familias políticas» no significa, en absoluto, que hubiera un cierto pluralismo político, como defendía el sociólogo Juan José Linz. Estas familias eran simplemente partes de un mismo todo. Como señala el historiador Sánchez Recio[20][…] son distintos grupos (familias) que confluyen hacia el régimen franquista porque sus planteamientos ideológicos eran semejantes y sus intereses idénticos.

Estas familias provenían principalmente del Ejército, Falange y la Comunión Tradicionalista. Unidas tras el Decreto de Reunificación, monárquicos salidos de Renovación Española, y  católicos, principalmente formados en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), y a partir de 1957 del Opus Dei.

Durante el período que nos ocupa la influencia de cada una de ellas, siempre con la preponderancia del ejército, pilar básico en el sostenimiento del régimen, fue cambiando según los tiempos y los intereses personales de Franco. Así mientras hasta 1945 el grupo de mayor influencia era el de los falangistas, a partir de esa fecha hay una mayor presencia de católicos, sin que esto supusiera la anulación del poder de Falange, pero si es cierto que lo redujo. De hecho son los católicos los encargados de elaborar los proyectos que sirviesen para la institucionalización del régimen.

Este cambio se observa en que tras la derrota del Eje en la II Guerra Mundial, se publica un decreto el 11 de septiembre de 1945 eliminando el saludo brazo en alto: El saludo, de rancio abolengo ibérico, espontáneamente adoptado en pueblos y lugares, saludo que ya en los albores de nuestra historia patria constituyó símbolo de paz y amistad entre los hombres, se derogaba porque circunstancias derivadas de la contienda mundial han hecho que, lo que es signo de amistad y cordialidad, venga siendo interpretado torcidamente […] en servicio de la Nación se estima aconsejable abandonar aquella forma de saludo[21]. Llamar cínico al decreto es quedarse corto, ya que es una tergiversación fragante de la historia.

Franco siempre intentó mantener un cierto equilibrio entre las familias a la hora de conformar sus instituciones de gobierno. En las primeras Cortes del 17 de marzo de 1943, Franco incluyó a todas las familias, militares, carlistas, monárquicos alfonsinos, aunque se mantenía un predominio de falangistas.

En cuanto a los gobiernos, durante la dictadura Franco nombró 16 gabinetes y 119 ministros. En la formación de los mismos se observa la fluctuación de la influencia de cada una de las familias. En los gobiernos los militares tuvieron un gran peso, siendo la primera fuerza en la mayoría de ellos, también era importante la presencia e influencia de los falangistas, algo que cambió en la remodelación del gobierno de febrero de 1945.

De 1939 a 1945 hay mayoría de ministros militares y miembros de los partidos participantes en la guerra civil. Si se toman en cuenta ministros, subsecretarios y directores generales, el 45% eran militares, el 38% falangistas, y el 16%  repartido entre carlistas, católicos y monárquicos. De 1945 a 1957 los militares eran un 43%, los falangistas descienden al 27% mientras que los católicos ascienden a un 29%, la mayoría de ellos miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas[22]

En el gobierno nombrado en febrero de 1945 se observa el declive de Falange, el anterior lo componían cinco militares, siete falangistas, un monárquico y un católico, en el que surgió en esa fecha estaban seis militares, tres falangistas, dos católicos y un monárquico. Esta caída falangista no fue sólo en el número de ministros, también desapareció como ministerio la Secretaría General del Movimiento[23], la práctica desaparición de la Junta Política, la eliminación del sañudo fascista, etc. Otro detalle muy importante fue el nombramiento del católico Alberto Martín Artajo como ministro de Asuntos Exteriores, con el claro propósito de cambiar la imagen del régimen en el exterior con la ayuda del Vaticano y de los movimientos católicos internacionales.

Este descenso de los falangistas ya había comenzado en la remodelación del gobierno de mayo de 1941. En parte se debió a la fuerte presión de los falangistas quejándose del poco papel que estaban jugando la Junta Política y el Consejo Nacional. En realidad Falange pretendía tener todo el poder, justo lo contrario que deseaban los militares, que olvidemos eran el pilar esencial en el mantenimiento de Franco en el poder. De esta «lucha» entre militares y falangistas, salió perdiendo esta última, dando Franco un gran protagonismo a los militares nombrando a Valentín Galarza ministro de Gobernación, sustituyendo a Serrano Súñer, al general Orgaz alto comisionado en Marruecos y colocando a Carrero Blanco como subsecretario de la presidencia del gobierno. Otro agravio a los falangistas fue la creación de la Vicesecretaría de Educación Popular que a partir de estos momentos sería la encargada de la propaganda; al frente de la misma se puso al ultracatólico Gabriel Arias Salgado. A partir de estos momentos la propaganda iba más encaminada a señalar el carácter católico y anticomunista del régimen. De hecho en noviembre de 1942 se ordenó distribuir en universidades, seminarios, colegios religiosos, centros de Acción Católica, etc., un folleto titulado El Gobierno de Franco, gran defensor de la religión.

La relación entre las distintas familias no fue siempre cordial, todo lo contrario, de hecho la lucha fue casi constante por obtener mayores parcelas de poder. Llegó a ser muy fuerte el enfrentamiento entre militares y falangistas, sobre todo por las discrepancias que tenían en cuanto a la participación en la II Guerra Mundial, mientras los falangistas eran partidarios de participar los militares se mostraban reticentes ya que eran conocedores de la debilidad del ejército español. Otro punto que molestaba a los militares era el gran poder que tenía Serrano Súñer.

Estas discrepancias estallaron en los conocidos como sucesos de Begoña. Los carlistas habían preparado el 25 de julio de 1942 una misa en la iglesia de san Vicente Mártir de Abando (Bilbao), la ceremonia era en memoria de Carlos V y los caídos en la guerra. El día anterior las autoridades falangistas prohibieron la celebración del acto. A pesar de la prohibición 4000 personas se reunieron recorriendo varias calles de la localidad profiriendo actos contra las autoridades falangistas. Era el primer acto.

El 15 de agosto de 1942 se celebró una ceremonia en la basílica de Nuestra Señora de Begoña, en homenaje a los caídos carlistas, la ceremonia la presidia el general Varela. Ante estos hechos, que eran un claro desafío, el jefe de Falange de Bilbao, José María Maíz pidió ayuda al jefe de milicias, José Luna. Varios coches con pistoleros falangistas se dirigieron al lugar en donde se celebraba el acto; en uno de ellos iban Berástegui (jefe provincial del SEU en Vizcaya), Hernando Calleja y Juan Domínguez Muñoz.

A la salida del acto los allí reunidos dieron vivas a España, al ejército, al rey legítimo y a Cristo Rey; en ese momento Juan Domínguez arrojó una granada de mano contra los asistentes causando entre 20 y 70 heridos. El agresor fue detenido por el mecánico del general Varela.

A los implicados se les juzgó en un consejo de guerra presidido por el general Castejón. El fiscal pidió pena de muerte para los seis falangistas implicados y 20 años para los dos chóferes. El tribunal confirmó cuatro sentencias de muerte, luego rebajadas a dos de ellos; Calleja, amigo personal de Girón y José Domínguez Muñoz. Finalmente solamente fue ejecutado Domínguez. Calleja fue condenado a treinta años y el resto de implicados a penas entre veinte y treinta años.

Franco ordenó que no se diera la noticia, mientras varios carlistas dimitieron de sus cargos al entender que Franco había tenido una actitud pasiva. Por otro lado los generales Varela y Valentín Galarza (ministro de la Gobernación) pidieron el cese de Serrano Núñez. Como respuesta Franco destituyó de sus cargos a Varela y Galarza, y pocos días después, a instancias de Carrero Blanco, a Serrano Súñer[24].

También entre la iglesia y Falange hubo disputas. Un ejemplo fue el choque entre el cardenal Segura y la Falange sevillana. El cardenal se había negado a que fueran grabadas en las paredes de la catedral los nombres de los caídos. Como respuesta los falangistas pintaron estos nombres en la fachada de la catedral, a la vez que le daban una paliza a los sacerdotes que intentaron evitarlo. La respuesta de Segura fue dar plantón a Franco en la procesión del Santo Entierro de Sevilla, en 1940. El cardenal continuó con su campaña antifalangista al prohibir en 1944 hacer el saludo a la romana en las procesiones de Semana Santa[25].

Falange

Con el decreto de unificación de Falange y Comunión Tradicionalista de 20 de abril de 1937, Franco pretendía atajar cualquier posibilidad de que se discutiera como debería ser el régimen que saldría tras la guerra civil. También influyó la idea de crear un partido único a imagen y semejanza de la Italia fascista o la Alemania nazi.

Falange fue el vehículo utilizado para penetrar en la población a través de diversas organizaciones: Frente de Juventudes, Sección Femenina, Sindicato Español Universitario (SEU) y las Centrales Nacional Sindicalistas (Sindicato Vertical). Por otro lado funcionó como una policía paralela a través de la Delegación Nacional de Información e Investigación. La Delegación hizo fichas de millones de españoles. También contaron con una fuerza paramilitar hasta el 2 de septiembre de 1942 fecha en la que estas milicias pasaron a depender del ministerio del Ejército.

A través de sus distintas organizaciones y de la penetración que tenía en las altas esferas del Estado, Falange ejercía de agencia de colocación, creadora de redes clientelares, vigilantes de la población, control de la asistencia social, presencia en la educación, etc. No es de extrañar, por tanto, que este intervencionismo en la vida cotidiana provocara la antipatía de buena parte de la población, sobre todo de las clases más humildes.

También controlaba la prensa mientras Serrano Súñer estuvo al frente del ministerio de la Gobernación, contando con la inestimable colaboración de Dionisio Ridruejo, que estaba al frente de la Delegación Nacional de Propaganda, y de Antonio Tovar como subsecretario. La prensa del Movimiento contaba con 43 periódicos, con el diario Arriba como cabecera estrella.

Hasta el final de la II Guerra Mundial, Falange era el grupo, exceptuando a los militares, con más fuerza dentro del gobierno. Por otro lado a través de organizaciones como los Sindicatos Verticales, el SEU, el Frente de Juventudes (posteriormente OJE) y la Sección Femenina, así como el control de numerosos periódicos, Falange fue la encargada de controlar y trasmitir la ideología del régimen a la sociedad.

El crecimiento de Falange hasta 1942 fue muy importante, en buena parte debido a que los nuevos afiliados querían garantizarse algún puesto en la Administración, o algún tipo prebenda. Según datos oficiales –poco fiables- hablan de 2.242.512 afiliados en diciembre de 1941. Otras fuentes hablan de un millón y medio entre hombres y mujeres (unas 600.000 en la Sección Femenina). Pasada esta fiebre el descenso en nuevas afiliaciones fue intenso, en 1945 solamente hubo 1700 nuevos afiliados.

Tras la pérdida de la guerra por parte de las potencias del Eje, el régimen intentó cambiar la imagen para hacerla algo menos fascista. Como señala Ruiz Carnicer[26] también Falange intentó dar una nueva imagen menos totalitaria y alejada ideológicamente del nazi-fascismo. Lo importante era la supervivencia política. Lo anterior no significa que el componente fascista desapareciera, todo lo contrario, como decía Palmiro Togliatti: el fascismo es un camaleón muy capaz de adoptar la coloración del terreno sobre el que se mueve, o lo que señalaba el delegado nacional del Frente de Juventudes, José Antonio Elola Olaso: no exteriorizar una política no significa no hacerla[27].

El primero que intentó desmarcar el pensamiento de Falange del fascismo fue José Luis de Arrese, en su obra El Estado totalitario en el pensamiento de José Antonio, intentó hacer ver que el ideal de Falange tenía principios cristianos, utilizándolo como argumentario de que la doctrina falangista era netamente española y nada tenía que ver con el nazismo o el fascismo italiano, así mismo hacía hincapié en la neutralidad española en la II Guerra Mundial.

Abundando en el tema un escrito de Falange decía: El fascismo que nació como un proceso de salvación del marxismo, no ha sabido desarraigarse de su mentalidad minoritaria de las masas y encontrar el camino justo de la comunidad popular, de la unidad de la patria. El Estado falangista español alza el principio insoslayable de unidad sobre toda bandería, sobre toda escisión partidista, más adelante continuaba: Nosotros, que creemos en el fracaso histórico de los regímenes totalitarios y somos, doctrinalmente, opuestos a ellos, sabemos también que nuestro pueblo no está preparado políticamente para regirse según formas democráticas liberales[28]. Es decir criticaban el fascismo y el totalitarismo. Mayores cotas de cinismo son difíciles de alcanzar.

Tras Arrese, será su sustituto Rodrigo Vivar Téllez el que intentará «matizar» la ideología falangista, y no porque no fuera falangista, como sostiene Stanley G. Payne sin aportar argumento alguno que peso o prueba, algo habitual en él. Vivar intentaba preservar las mayores cuotas de poder para Falange, y para ello debía distanciarse un poco de los camisas viejas.

En noviembre de 1942 comenzó el declive de Falange cuando las jefaturas de Falange pasaron a depender de los gobernadores civiles. Declive que se torna imparable a partir de 1945. Reflejo de lo anterior es que en los Presupuestos Generales del Estado de 1945 la partida dedicada al Movimiento era del 1,92%, en 1946 descendió al 0,38%, y en 1947 al 0,29%. Tal era la caída que algunos líderes falangistas como Serrano Súñer, Miguel Primo de Rivera, Javier Martínez de Bedoya y José Luis Arrese, entre otros, pensaron disolver Falange en el verano de 1945.

En este año fue cesado Arrese[29], quedando vacante el puesto de Secretario General del Movimiento, además perdieron el poder sobre la prensa que pasó a depender de la vicesecretaría de Educación Popular, órgano del ministerio de Educación Nacional dirigido por el miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, José Ibáñez Martín[30]. A partir de estos momentos las posiciones de Falange sólo las defendían los tres ministros falangistas: Raimundo Fernández Cuesta (Justicia), Carlos Rein (agricultura) y José Antonio Girón (Trabajo), y el duro ministro de Gobernación, Blas Pérez. Desde este momento los falangistas, con tal de supervivir, se vuelven aún más franquistas, si es que ello era posible.

A partir de esta fecha se constata un mayor rechazo de Falange por pate de la población, los militares y la iglesia. Esto provocó un tremendo miedo en las filas falangistas que temían que les ocurriera lo que a los fascistas italianos tras la caída de Mussolini. Este temor provocó que se reforzaran los grupos de choques, que en ocasiones mostraron una actitud muy violenta.

Tras 1945, cuando Falange era una caricatura de sí misma, hubo personas que aconsejaron a Franco que la disolviera, Stanley G. Payne[31], explica porqué no lo hizo: Franco rechazó la idea porque la desaparición de Falange hubiera alterado el equilibrio del sistema establecido por él. ¿Cómo podría mantener el «espíritu de Cruzada» si faltaba el instrumento de «coordinación nacional» que era Falange? El propio régimen quedaría desnudo o desamparado sin el apoyo del aparato oficial y la fachada política del partido único. La Falange era todavía un peón demasiado útil para que Franco se decidiera a prescindir de ella. Y su debilidad la hacía aún más manejable. Parece acertada la hipótesis de Payne ya que según Thomas[32] la Falange había pasado a ser la Falange de Franco.

En su regreso en 1956 a la Secretaría General del Movimiento, Arrese intentó revitalizar Falange con nuevas leyes fundamentales; en un principio conto con la aquiescencia de Franco. Las leyes propuestas fueron: Ley de Principios del Movimiento –basada en los 26 puntos de Falange-; Ley orgánica del Movimiento Nacional, que otorgaba a Falange el poder de vigilar que ni el gobierno ni las Cortes se apartaran de los Principios del Movimiento; y la Ley de Ordenación del Gobierno, que concedía al Consejo Nacional de Falange poderes como el poder cesar a futuros jefes de gobierno. Era una contraofensiva ante el avance que estaban teniendo los católicos, y en concreto el Opus Dei, de mano de Carrero Blanco. La consecuencia fue que Arrese fue cesado al año siguiente[33].

Militares

El ejército fue la base más sólida en la que sustentó el franquismo. Los militares fueron, casi siempre, mayoría en los gobiernos franquistas. Ya en el primero ocupaban carteras ministeriales los generales Varela, Yagüe, Muñoz Grandes, Beigbeder, Luis Alarcón de Lastra y el almirante Salvador Moreno. Amén de ocupar carteras ministeriales, durante el franquismo fueron militares un tercio de los gobernadores civiles y jefes provinciales del Movimiento, un quinto de los miembros del Consejo Nacional del Movimiento y el 15% de los procuradores en Cortes.

No dudaban los militares en recordar constantemente que ellos eran los que habían ganado la guerra. De ahí que entre 1939 y 1945 más de un tercio del presupuesto general del Estado iba a parar al ejército. Por otro lado hicieron que la jerarquización propia de los militares se trasladara a la sociedad civil.

No tenían en mucha consideración a los políticos civiles. Aunque los oficiales estaban obligados a ser miembros de Falange, jamás actuaron bajo las consignas del partido, eran completamente autónomos dependiendo únicamente de Franco. Como señala Sánchez Recio[34]: […] los militares solo consideraron a los políticos del partido único como instrumento de la acción política al servicio del Estado encarnado por el general Franco.

Aunque algunos participarían en el transcurso de la dictadura en algunas conspiraciones, sobre todo los monárquicos, su adhesión a Franco siempre fue inquebrantable.

 Monárquicos

Entre los monárquicos cabe distinguir entre juanistas –partidarios de Juan de Borbón- y los tradicionalistas o carlistas, encuadrados junto a los falangistas tras el Decreto de Reunificación, que eran partidarios de Javier de Borbón.

Tanto unos como otros fueron bastante neutralizados por Franco. En primer lugar dándoles pequeñas cuotas de poder, y en segundo lugar neutralizando a los juanistas tras la Ley de Sucesión del Estado, y a los segundos con el Decreto de Unificación.

A pesar de todo, sobre todo los juanistas, fueron los causantes de algunos dolores de cabeza a Franco, sobre todo desde el momento en que Falange iba perdiendo peso dentro del organigrama de poder del régimen. Ya en junio de 1943, y en vista de que la II Guerra Mundial parecía claro que se iba a decantar del lado de los aliados, veintisiete procuradores promovidos por Joan Ventosa, escribieron una carta a Franco solicitándole que restaurara la monarquía, entre los firmantes estaban Joan Ventosa, el duque de Alba, Yanguas Messía, los generales Ponte, Fanjul y Galarza, etc. La respuesta de Franco fue destituirles a todos de sus cargos y retirarles los pasaportes, incluso desterró a Canarias a Francisco Moreno y Zuleta, conde de los Andes. En la prensa se les acusó de estar al servicio de la Masonería.

Tres meses después, el 8 de septiembre de 1943, tras la destitución de Mussolini, ocho de los doce tenientes generales de ideología monárquica: Orgaz, Kindelán, Dávila, Solchaga, Monasterio, Conde, Saliquet y Varela, tras recordarle a Franco que ellos le habían puesto en el cargo que ocupaba, le preguntaban si no era el momento de dotar a España de un régimen… que refuerce el actual con las aportaciones unitarias, tradicionales y prestigiosas inherentes a la monarquía, también recomendaban que no se copiaran modas extranjeras, en una clara referencia al fascismo. Franco les contestó con vaguedades y poco después comenzó a tomar represalias. A Kindelán lo apartó del mando y en 1946 lo envió desterrado a Canarias, como antes había hecho con el general Aranda. A Varela, que era el portador de la carta, le dijo que solo le apartarían de la jefatura del Estado por la fuerza[35].

Al finalizar la II Guerra Mundial y observar el rechazo que se estaba produciendo en el exterior hacia el régimen, los monárquicos redoblaron los esfuerzos para que Franco restaurara la monarquía. No todos seguían la misma estrategia. Por un lado los que residían en España, como Kindelán, Joan Ventosa o el infante Alfonso de Orleans, optaban por no romper con Franco y convencerle de que llevara a cabo la transición a la monarquía; los residentes en el extranjero, como Gil Robles o Sainz Rodríguez, se oponían a que Franco fuese quién dirigiera la transición.

En febrero de 1944 se creó en Madrid la Junta Monárquica, presidida por Alfonso de Orleans, e integrada por Joan Ventosa, García Valdecasas, Cirilo Tornos, Germiniano Carrasco y Francisco Moreno y Zuleta, conde de los Andes.

En la primavera de 1945 se fundó la Coalición Monárquica formada, sobre todo, por antiguos dirigentes de la CEDA como Gil Robles; Renovación Española, Sainz Rodríguez y el conde de Vallellano; de la Lliga Catalana, Joan Ventosa; y de la Comunión Tradicionalista, Tomás Rodríguez Arévalo, conde de Rodezno, y Fal Conde. En octubre de ese mismo año los monárquicos propusieron que se formara un gobierno de transición presidido por Joan Ventosa, y del que formarían parte, entre otros, el general Kindelán, Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, y Salvador de Madariaga. Estos monárquicos esperaban contar con el apoyo internacional, pero tanto Estados Unidos, como Gran Bretaña, como Francia, optaron por la opción de que Franco se retirase voluntariamente y fuera él quien dirigiera el cambio a la monarquía. Está claro que los líderes de estas potencias vivían en el mundo de «Jauja».

El culmen de esta resistencia monárquica al régimen fue el Manifiesto de Lausana, emitido por Juan de Borbón el 19 de marzo de 1945. En este manifiesto había un ataque frontal al régimen a la vez que proponía la creación de una monarquía constitucional.

Por su parte los carlistas tampoco lo pusieron fácil, sobre todo Fal Conde. El 10 de marzo de 1939 Fal Conde envió una carta a Franco pidiéndole la inmediata restauración de la monarquía tradicional; ante la resistencia de Franco ordenó que los carlistas no aceptaran cargos públicos. Dos años después Fal Conde prohibió a los carlistas incorporarse a la División Azul. La consecuencia fue que Franco ordenó su deportación a Ferrerías (Menorca), asimismo se prohibió la prensa carlista a excepción de El Pensamiento Navarro[36].

Católicos

La iglesia católica como institución fue la que otorgó legitimidad al régimen a la vez que servía como un importante medio para propagar la ideología del régimen. Aparte de la iglesia como tal, dos organizaciones muy próximas a ella participaron activamente en el desarrollo del régimen. Primero fue la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), que a partir de 1945 entra en los gobiernos de Franco y que escribe las líneas maestras de los que sería el Concordato con el Vaticano firmado en 1943. A partir de 1956 la ACNP comienza a perder protagonismo a favor del Opus Dei con la entrada de ministros miembros de esta organización en carteras tan trascendentales como la de Economía.

Otro grupo católico importante fue Acción Católica (AC), organización próxima a la ACNP. Acción Católica dependía directamente de la jerarquía eclesiástica, y aunque se declaraban apolíticos, eran un grupo totalmente politizado. Acción Católica fue in instrumento más de los utilizados por el régimen para controlar y dirigir a la sociedad. La identificación de AC con el franquismo se fortaleció una vez finalizada la II Guerra Mundial, cuando los falangistas comienzan a perder parcelas de poder. Se puede afirmar que fueron uno de los pilares del nacional-catolicismo. El líder de AC hasta 1945 fue Alberto Martín Artajo, año en que fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores; le sustituyó Alfredo López Martínez, que se mantuvo en el cargo hasta 19599.

Con el nombramiento de Martín Artajo se intentaba dar una imagen exterior menos fascista. Por el mismo motivo a partir de ese momento el control de la prensa, la censura y la propaganda, hasta entonces en manos falangistas, paso a depender del ministerio de Educación Nacional al frente del cual se colocó al miembro de la ACNP, José Ibáñez Martín.

La fuerza que tomaba el catolicismo se plasmaba en el artículo seis del Fuero de los Españoles, en donde se prohibían otras manifestaciones religiosas públicas, y en la Ley de Sucesión en la que España era definida como un Estado católico.

Conclusiones

La institucionalización del régimen consistió en el control absoluto de todas entidades que organizaban y dirigían la vida de los ciudadanos. Desde los ayuntamientos hasta las Cortes estaban totalmente controladas por la jefatura del Estado, no teniendo ninguna el más mínimo margen de independencia.

La sustentación del régimen vino por parte de distintos grupos que, aunque en origen tenían distintas posiciones políticas, a todos les unía el interés de mantener un régimen que favorecía sus intereses. La preponderancia de unos sobre otros venía dada por lo que interesaba al régimen en cada momento. Por este motivo se fue produciendo una desfascitización del régimen para ir imponiéndose lo que se ha denominado como nacional-catolicismo.

Las pequeñas muestras de desacuerdo que mostraron fueron poco más que fuegos de artificio, nunca por parte de las denominadas familias hubo un verdadero deseo de acabar con el sistema impuesto tras la finalización de la guerra civil.

Bibliografía mencionada

• ARCO BLANCO, Miguel Ángel del (2007): «Hombres nuevos». El personal político del primer franquismo en el mundo rural del sureste español, en Ayer, nº 65, pp. 237-267.
• CAZORLA SÁNCHEZ, Antonio (1999): El oportunismo filantrópico: la búsqueda de una identidad política para la Organización Sindical Española, 1939-1951, en IV Encuentro Investigadores del Franquismo, pp. 177-181.
• DI FEBO, Giuliana y JULIÁ, Santos (2003): El franquismo. Una introducción, Barcelona (edición digital)
• ESLAVA GALÁN, Juan (2008): Los años del miedo. La nueva España (1939-1952), Barcelona. Edición digital.
• PAYNE, Stanley G. (2000): Un sistema autoritario post-fascista, en La Aventura de la Historia, nº 16, p. 20.
• PEÑALBA-SOTORRÍO, Mercedes (2022): FET y de las JONS como fuente de disenso en el franquismo a la luz del concepto Resistenz, en Ayer, nº 126, pp. 79-105.
• PONCE ALBERCA, Julio (2016): Los gobernadores civiles en el primer franquismo, en Hispania, vol. LXXVI, nº 252, pp. 245-271.
• PRESAS SOBRADO, Adrián (2017): La dictadura desde la base: un análisis del poder local en la España del primer franquismo desde una perspectiva comparada, en Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, pp. 339-349.
• RUÍZ CARNICER, Miguel Ángel (1992): El aparato falangista ante la caída de los fascismos, FET-JONS en 1945, en Spagna Contemporánea, nº 4, pp. 127-141.
• SÁNCHEZ RECIO, Glicerio (2013): Familias políticas, estructuras de poder, instituciones del régimen, en Miguel Ángel Ruiz Carnicer (coord.) Falange, las culturas políticas del fascismo en la España de Franco (1936-1975), vol. 1, pp. 217-229.
• THOMAS I ANDREU, Joan Mª (1999): La configuración del franquismo. El partido y las instituciones, en Ayer, nº 33, pp. 41-63.
• THOMAS I ANDREU, Joan Mª (2012): La Falange. De la revolución al acomodamiento, en Ángel Viñas (ed.) En el combate por la historia, Barcelona, pp. 165-174.

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[1] Martínez Anido falleció el 24 de diciembre de 1938, su ministerio se incorporó al de Interior, que pasó a llamarse de Gobernación bajo la dirección de Serrano Súñer.

[2] Cesado el 28 de abril de 1939 siendo sustituido por José Ibáñez Martín.

[3] Del que hablaremos más ampliamente en el capítulo de educación y cultura.

[4] Thomas, 1999: 50.

[5] En alguna ocasión hasta en cinco ocasiones y no siempre en la misma provincia.

[6] Ponce: 249.

[7] Podían imponer multas de hasta 22.000 pesetas a aquellas personas que ellos creyeran que atentaban contra la moral impuesta por el régimen y la iglesia católica.

[8] Riquer: 67.

[9] Ver Riquer: 71.

[10] Citado por Riquer: 377.

[11] Citado por Riquer: 376.

[12] Citado por Riquer: 69.

[13] Excepto a las cámaras de industria y comercio.

[14] Actual sede del Ministerio de Sanidad y Consumo.

[15] Ver Thomas, 1999: 48.

[16] Cazorla: 177.

[17] Citado por Cazorla: 178.

[18] Citado por Cazorla: 178.

[19] Ver Riquer: 54-55-

[20] Sánchez Recio: 217.

[21] Citado por Eslava: 357.

[22] Ver Riquer: 28.

[23] Volvería a ser ministerio en la remodelación de 1951, pero ya con mucho menos poder.

[24] En esta destitución también influyó Carmen Polo que no perdonaba a Serrano varias afrentas: haber aconsejado a Franco no residir en el palacio Real, como ella deseaba; por concederle también A Súñer que «sólo» le asignara una dotación de 700.000 pesetas en lugar de los dos millones que ella pedía y, sobre todo, por haber sido infiel a su hermana, tenido una hija con María Sonsoles de Icaza (Carmen Díaz de Rivera). Carmen Díaz se enamoró de un hijo legítimo de Serrano Súñer, en ese momento fue cuando se hizo oficial la noticia para evitar la boda entre hermanos.

[25] Ver Peñalba: 85-86.

[26] Ruiz Carnicer: 128.

[27] Citado por Ruiz Carnicer: 129.

[28] Citado por Ruiz Carnicer: 132.

[29] Condición que puso Martín Artajo para aceptar el cargo de ministro de Asuntos Exteriores.

[30] Fue el primer presidente del CSIC.

[31] Payne: 365.

[32] Ver Thomas, 2012: 570

[33] A partir de ese momento la confrontación entre Falange y el Opus Dei fue constante, teniendo su punto álgido en 1969 con el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco, y el estallido del caso Matesa.

[34] Sánchez Recio: 222.

[35] Ver Riquer: 98-99.

[36] Recordemos que Fal Conde estuvo condenado a muerte durante la Guerra Civil, por intentar crear una academia militar carlista y oponerse a la reunificación. Condonada la pena de muerte, Fal Conde se exilió a Portugal.