Parece que algunas instituciones, una vez restaurada la democracia en España, tendrían que haber cambiado su talante franquista y antidemocrático. Sin embargo, y debido a la penosa Transición que se llevó a cabo, las instituciones con mayor carga ideológica y menor impregnación democrática han seguido manteniendo esta impronta.
A raíz de la crisis del coronavirus y la imputación del delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco por haber autorizado la manifestación del 8-M, dos de estas instituciones han dejado claro que el componente antidemocrático y de nostalgia de otros tiempos pasados aún perdura; concretamente me refiero a la Guardia Civil, que ha tenido como primer cómplice a una componente de la Judicatura, y como secundarios a un médico –que debió olvidar hace mucho tiempo sus conocimientos científicos, sí alguna vez los tuvo- y unos partidos políticos cada vez más próximos al fascismo; léase PP y, sobre todo, Vox.
En primer lugar es significativo que en una capital con los habitantes que tiene Madrid una investigación se adjudique a la Guardia Civil, cuando está expresamente legislado que en capitales que sobrepasen un determinado número de habitantes, como es el caso de Madrid, la que debe actuar como policía judicial es la Policía Nacional y no la Guardia Civil.
No fue la única norma que la jueza Carmen Rodríguez Medel se ha saltado a la torera. Durante el estado de alarma quedaban suspendidos todos aquellos procedimientos judiciales que no fueran urgentes; como le ha recordado la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, a pesar de lo cual la señora jueza estaba tomando declaración ayer mismo (10 de junio) a José Manuel Franco. También a pesar de que tanto la Abogacía como la Fiscalía hayan desmontado los dos informes de la Guardia Civil, por ser a cada cual más falso.
Pasemos ahora a analizar algunas, no todas, de las falsedades de estos informes de la Guardia Civil, informes, no lo olvidemos, en los que se ha basado Carmen Rodríguez para abrir la imputación[1].
Primera falsedad: El 20 de enero de 2020 la OMS aconseja el uso de mascarillas en el entorno comunitario, en la atención domiciliaria y en centros de salud[2]. Hasta principios de abril la OMS no recomendó el uso de mascarillas y con algunas matizaciones.
Segunda falsedad: El 30 de enero, la OMS califica el actual brote de COVID-19 como pandemia. No lo hizo hasta el 11 de marzo, dos días después de la marcha del 8-M.
Tercera falsedad: Afirmar que los guantes de látex que usaron algunas ministras eran para evitar el contagio, entre ellas afirman que los llevaba la ministra de Educación Isabel Celaá. Los guantes morados son un símbolo del feminismo, ya utilizados en otras muchas veces. Además la ministra Celaá no los llevó en ningún momento.
Cuarta falsedad: El 28 de febrero de 2020, el director del CCAES (Fernando Simón) admitió que había transmisión comunitaria. Este escenario define que no se puede contener el virus controlando las personas que están infectadas y a su entorno porque ya no se conocen estos. Fernando Simón dijo todo lo contrario.
Quinta falsedad: Adjuntan las declaraciones de Irene Montero: La bajada de cifras del 8-M fue debido al coronavirus, pero no lo voy a decir… Esta declaración off the record, que publicó ABC saltándose la más mínima observancia de la ética profesional –nada nuevo bajo el sol- no cambian en nada lo que ya dijo la ministra de Igualdad, y otros miembros del Gobierno, el mismo día 8, que la asistencia este año había sido menor por miedo al coronavirus.
Sexta falsedad: Un oficio del ministro de Sanidad del 3 de marzo alertó de los riesgos de transmisión y para la salud de la población de eventos multitudinarios de cualquier tipo, recomendando su aplazamiento. La Guardia Civil manipula el comunicado. Sanidad recomendó cancelar los eventos multitudinarios: con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que no se ha controlado la transmisión del virus SARS-COV.2, es decir China, Italia y algún otro país.
Séptima falsedad: Las recomendaciones imperativas sobre el colectivo evangelista para que cancelara un congreso en Madrid previsto para marzo. Sanidad recomendó suspender este evento porque iban a venir miles de personas de varios países y además se iba a celebrar en un espacio cerrado.
Octava falsedad: No consta que el Centro de Coordinación de alertas y Emergencias Sanitarias lanzara comunicado o advertencia para evitar las actividades sociales (a las personas con síntomas o que habían estado en países de riesgo). Tanto el CCAES como Fernando Simón aconsejaron a las personas con síntomas o que hubieran estado en países de riesgo no acudieran a eventos multitudinarios. Podían haber mencionado que el «legionario» Ortega Smith, después de haber estado en Italia, asistió a la «juerga flamenca» que organizó Vox en el Palacio de Vista Alegre, y que allí dio abrazos a diestro y siniestro.
Novena falsedad: Manipulan totalmente la declaración que tomaron al representante de la CGT de banca, Antonio O’Connor afirmando que éste envió un telegrama a la Delegación del Gobierno anunciando que suspendía la manifestación convocada para el 10 de marzo de 2020 por temor al contagio. El propi O’Connor ha manifestado que la Guardia Civil miente, ya que la suspensión de la manifestación tuvo otro motivo: Se suspendió por considerar mejor otra fecha más próxima al juicio que se iba a celebrar por el despido a finales de marzo.
Los informes se centran exclusivamente en el 8-M, no diciendo ni media palabra del sarao de Vox, la Feria ARCO o los dos partidos que jugó el Atlético de Madrid. Esto demuestra que además de ser un informe que tiene como objetivos minar al Gobierno y denigrar al movimiento feminista. Tampoco mencionan unas declaraciones que la presidenta –esperemos que por poco tiempo- de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso hizo el 28 de febrero: lo más peligroso es el miedo, más que el propio virus, que normalmente lo que deja como secuelas son síntomas menores incluso que los de una gripe.
Los miembros de la Guardia Civil que han elaborado esos informes están mucho más cerca de la Guardia Civil que apoyó a Franco el 18 de julio de 1936, de la del 23-F, que de la que representaba un ejemplar general de la Benemérita, José Aranguren Roldán, que fue decisivo para parar el golpe de julio del 36 en Barcelona, y que pagó con su vida su lealtad a la República.
Como actores principales de esta parodia están la jueza Carmen Rodríguez Medel, que nos da la razón a los que cada vez creemos menos en el espíritu democrático de la Justicia española. A lo mejor esta –para mí prevaricación- se debe a que no ha asumido que no fuera ella a la que nombraran –estuvo en la palestra- directora de la Guardia Civil.
Otro personaje que se acerca a una actuación merecedora de haberla hecho algún mal bufón, es el médico forense Julio Lorenzo Rego, asiduo conferenciante en reuniones organizadas por los Legionarios de Cristo –grupo bastante parecido a una secta y que está a la extrema de la extrema derecha-, hermano de otra inefable doctora Elena Lorenzo Rego que daba cursos – por los que ha sido multada- para curar la homosexualidad. Que en su informe, en el que no aporta ni un sólo dato apoyado en argumentos científicos, afirma, y se queda tan pancho, que el 8-M propició la propagación del coronavirus.
Para finalizar unas breves líneas sobre un personaje que ha sido destituido de su cargo. Me refiero al coronel Pérez de los Cobos, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. En primer lugar este señor jamás debió de alcanzar un cargo de tal responsabilidad; pero ya que fue así, tras el 1-O, él era el jefe del operativo, debió ser destituido ipso facto por la lamentable actuación que tuvieron algunos de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. El coronel tiene algunos antecedentes familiares cuando menos curiosos. Su padre fue candidato por Fuerza Nueva en Murcia; su hermano Francisco Pérez de los Cobos fue presidente del Tribunal Constitucional –elegido por el PP como miembro de dicho tribunal-
El semanario El Temps el 6 de agosto de 2013 publicó que en el 23-F, cuando contaba solamente 17 años, se presentó voluntario en el cuartel de la Guardia Civil de Yecla (Murcia) para apoyar el golpe. En 1992 fue juzgado –salió absuelto- junto a otros cinco guardias civiles, por haber infringido torturas a Kepa Urra, dos de los guardias fueron condenados.
En definitiva en esta bufonada se han unido lo mejorcito de cada casa, alentados y jadeados con entusiasmo por los neofascistas que desgraciadamente pululan por nuestro país. Si aún queda algo de sentido común, y de justicia, este caso no llegará a ningún puerto; y particularmente espero que ni los guardias civiles autores de los informes ni la jueza que instruye el sumario de marchen de rositas.
[1] Un análisis en profundidad de estos análisis lo ha llevado a cabo eldiario.es, pudiéndose consultar en https://www.eldiario.es/escolar/Todas-mentiras-manipulaciones-Guardia-Civil_6_1034556572.html.
[2] Las frases que van en negrita y cursiva son copia literal de lo que aparece en los informes de la Guardia Civil.
