El 15 de febrero de 2017 se ha ratificado el CETA.
Una vez más la Unión Europea muestra su fea y verdadera cara, muestra que sirve solo a los intereses de las grandes empresas y en contra de los ciudadanos. Casi cuatro millones de personas hemos rubricado nuestro más absoluto rechazo a los Tratados de «libre» comercio, tratados que nada tienen que ver con libertad, puesto que encorsetan nuestros derechos y soberanía, ya que (según algunos entes sin alma) estos son «barreras no arancelarias». La creatividad lingüística de quienes diseñan estos tratados sería suficiente para vender como «generador eléctrico de potencia ergonómico» la silla eléctrica, pero eso no importa demasiado, al final, la realidad lo es, con independencia del nombre que le pongamos.
El tratado UE/Canadá (al igual que el TTIP) lleva implícito un mecanismo de arbitraje endemoniado: el antiguo ISDS, ahora llamado ICS, la misma joya con una capa de maquillaje. Profesionales del mundo de las leyes, la asociación Jueces por la democracia (entre otros), declaran que este mecanismo es ilegal y atenta contra el derecho comunitario. Este tipo de mecanismos son unos viejos conocidos, ya que España ha sido demandado en distintas ocasiones mediante tribunales de esta clase. Un ejemplo reciente es la demanda de la minera canadiense Edgewater (precisamente) porque se le paró su proyecto de explotación de una mina de oro a cielo abierto en Galicia, por su impacto en el ecosistema local.
El CETA vulnerará los derechos laborales de los trabajadores, ahora mismo todos los sindicatos mayoritarios del territorio nacional están oponiéndose al tratado. Hay estudios independientes que aseguran el nefasto impacto sobre nuestra agricultura. La seguridad alimentaria será otro daño colateral, se impedirá el etiquetado de los alimentos y 193 denominaciones de origen españolas van a ser parasitadas, Canadá puede comercializar naranjas con la marca “Orange Valencia”.
Además de las casi cuatro millones de firmas contra el CETA, 500 organizaciones de ambos lados del Atlántico han firmado una carta pidiendo el rechazo del CETA. En España 200 municipios se han declarado libres del TTIP y el CETA, al igual que 8 parlamentos regionales, acto simbólico que demuestra que una gran parte de la sociedad civil estamos en contra de estos tratados de comercio e inversión.
Aun así, esta Unión Europea antidemocrática, ante todo, nos ha vuelto a rendir a los pies de unos intereses que no son los nuestros. Y con ello han abierto la puerta a otros tratados como el latente TTIP, porque, no debemos confundir las cosas, todo esto no va de tratados entre países, esto va de brindar herramientas a las multinacionales que les sitúen fuera del alcance de la ley, para brindarles impunidad absoluta. Así aún en caso de que el TTIP no llegase a firmarse, las trasnacionales con filiales en Canadá o Europa, ya dispondrán de su tratado de comercio, independientemente de su país de origen, con todos sus accesorios.
Si los ciudadanos no nos ponemos en guardia, estos siervos de las multinacionales que han votado a favor de la implantación del CETA desde el euro parlamento (obviando esos millones de voces en contra) este tratado y sus consecuencias pesará sobre nuestro presente y futuro.
En este momento su implantación será parcial, puesto que, por su naturaleza de tratado mixto, aún debe ser ratificado por los parlamentos de nuestros países. Aún no es tarde, pero debemos ponernos en pie y reclamar nuestra soberanía, debemos mostrar los dientes a nuestros supuestos representantes y exigirles que las decisiones de este calibre son nuestras y no suyas. Si no somos rotundos en esta exigencia, no conseguiremos nada, puesto que en esta nuestra «democracia» española, un referéndum no será en ningún caso vinculante (tal y como dicta nuestra añeja y prostituida constitución).
Es mucho lo que está en juego, si no actuamos ahora, quizá luego sea demasiado tarde.
