Las colectivizaciones agrarias generalmente se llevaron a cabo sobre tierras que habían sido incautadas por los sindicatos y/o expropiadas por el Gobierno como consecuencia de los decretos de 8 de agosto y 7 de octubre de 1936[1]. Estas colectivizaciones, a diferencia de las industriales, controlaban tanto la producción como el consumo. Con la propiedad de la tierra los campesinos también tomaban la propiedad de su destino.
Los grandes beneficiados de las colectivizaciones fueron los jornaleros. Antes de ellas trabajaban cuatro o cinco meses al año, el resto malvivían sufriendo todo tipo de privaciones. Con las colectividades tenían asegurado el poder comer durante todo el año.
Las colectividades agrarias tuvieron en principio dos razones prácticas –dejando momentáneamente de lado las ideológicas-: la necesidad de recoger las cosechas de los campos que habían sido abandonados por sus propietarios, y la urgente necesidad de abastecer de alimento los frentes. En algunas zonas en las que había prácticamente desaparecido el poder institucional, como fue el caso de Cataluña, tuvo que ser el movimiento espontáneo el que solucionara de manera rápida el problema.
Abundando en lo anterior, para Sánchez Giménez (: 65) hubo dos motivos para las expropiaciones «legales»: 1) motivos políticos: Albacete, Jaén, Almería, Toledo y Valencia, y en menor medida Córdoba, Cuenca y Murcia; 2) razones de utilidad social: Ciudad Real, Castellón, Alicante, Madrid y Guadalajara. También hubo, al principio, expropiaciones directas llevadas a cabo por los campesinos: Jaén, Granada, zonas latifundistas o próximas al frente. Como se observa no se menciona a Cataluña ni a Aragón por sus particulares peculiaridades.
Sobre que significaban las expropiaciones, José Conesa, en su artículo Temas agrarios: Colectivización, publicado en Ruta el 7 de enero de 1937 […] colectivizar no es dar ni quitar nada, es simplemente hermanar a todos los hombres del campo; trabajando todos unidos, con un mismo objetivo, para el bien común, desterrando de su mente los egoísmos que los convierten en seres extraños, desoyentes de las penas y dolores que los convierten en unos extraños, desoyentes de las penas y dolores de sus propios vecinos (citado Gavaldá: 195).
Para el historiador Luis Garrido (2010: 357) Las colectividades agrarias representaron también la puesta en práctica tanto de una experiencia de economía social como de la «utopía revolucionaria». La reivindicación de un mundo de austeridad y no de riqueza, de un orden moral presidido por el igualitarismo y la solidaridad, por el derecho a la subsistencia, por el derecho a la tierra para los que la trabajaban directamente.
Aunque fueron muy numerosas las colectividades rurales que se crearon no significa que todos los campesinos estuvieran imbuidos por un espíritu revolucionario. Juan Pinto, vecino de Casas Viejas, confesaba a J. R. Mintz: No entiendo esas cosas del socialismo o del comunismo, porque no tengo educación. No voy a luchar por el comunismo libertario, porque no lo entiendo. Además si llega el socialismo o el comunismo libertario, tengo que seguir haciendo lo mismo: trabajar. ¿Cómo puedo pretender saber algo si soy analfabeto? (citado Garrido, 2016: 265). Muy distante de Juan Pinto se encontraba Luciano Suero[2]: […], era el momento oportuno y exacto para comenzar la marcha y colectivizar el trabajo del campo, donde los propios trabajadores dieron los primeros pasos, poniendo en marcha un sistema hasta aquel momento desconocido y anhelado por los hambrientos de la tierra y de las fábricas abandonadas por las que se habían comprometido con la insurrección y el movimiento fascista (citado Garrido, 2016: 266).
Que el Ministerio de Agricultura estuviera durante toda la guerra en manos comunistas no fue positivo para las colectivizaciones. En el decreto que promulgo el ministro de Agricultura, el comunista Vicente Uribe el 7 de octubre de 1936 se explicitaba que solamente eran expropiables las fincas de aquellos que, de alguna manera, habían apoyado el golpe militar.
Eran las Juntas Clasificadoras Municipales las que tenían que decidir sobre que propietario había apoyado a los sublevados, y quién no. Estas elevaban sus decisiones a las Juntas Clasificadoras Provinciales –presididas por un delegado del ministerio de Agricultura-
Aunque el gobierno no era amigo de las expropiaciones tuvo que asumir el hecho consumado. En junio de 1937 promulgó un decreto legalizando las colectividades que ya estaban funcionando, pero se reservó el derecho de ilegalizarlas bajo determinados supuestos. La posición negativa del gobierno republicano con respecto al proceso colectivizador se refrendó en el decreto de octubre de 1938 por el que se devolverían las tierras a los antiguos propietarios cuando estos las reclamaran.
Las disposiciones de Vicente Uribe fueron rechazadas en Andalucía y Castilla-La Mancha, tanto por la CNT como por la FETT (Federación Española de Trabajadores de la Tierra), que se negaron a perder los derechos adquiridos por los trabajadores en las colectivizaciones. En la Comunidad Valenciana ocurrió otro tanto, arguyendo que el decreto favorecía a los arrendatarios y pequeños propietarios en prejuicio de jornaleros y colectivistas. En Aragón ni se consideró el decreto. Otro fracaso del decreto de Uribe lo señala Julián Casanova (2006: 201) Lo que nadie planteó, mientras la CNT mantuvo su dominio, fue la nacionalización de la producción agrícola, uno de los objetivos fundamentales del decreto Uribe.
Fincas expropiadas y colectivizadas
Es difícil saber el número exacto de las colectivizaciones agrarias que se llevaron a cabo durante la guerra civil, ya que se han perdido numerosos archivos, sobre todo municipales, que podían aportar información al respecto.
Según el IRA (Instituto de la Reforma Agraria) en un estudio realizado sobre quince provincias publicado en marzo de 1937 se había expropiado 5.458.885 hectáreas, que representaba, más o menos, el 40% de la superficie cultivable, de estas tierras el 54% había sido legalmente colectivizada[3]. A esta cifra habría que añadir 1,5 millones de hectáreas expropiadas con anterioridad.
Según Garrido (2010: 359) se documentan 1300 colectividades; el 64% de estas controladas por la CNT, un 27% por UGT y un 9% por otros sindicatos o partidos.
Este mismo autor junto a J.M. Santacreu, F. Quilis y N. Rodrigo, contabilizan 1273:
- Castilla- La Mancha: 341.
- País Valenciano: 335.
- Aragón: 256.
- Andalucía: 147.
- Murcia: 99.
- Cataluña: 95.
Según J. Casanova (2006: 199) hubo 1122:
- Castilla La-Mancha:
- País Valenciano:
- Aragón: 306
- Andalucía: 147.
- Murcia: 122.
- Cataluña: 95.
Por otro lado tenemos que según el IRA el número de colectividades agrarias legalmente reconocidas, y sin contar Aragón y Cataluña, era de 2.213:
Para continuar con el baile de cifras, según Antonio Rosado, secretario general de la Federación Regional de Campesinos de Andalucía[4], en el sur de España había 600 colectividades –la mayoría en Jaén, Granada y Almería-; en Levante 340 y en Castilla- La Mancha entre 200 y 300.
Partidarios y detractores
Los protagonistas de las colectivizaciones fueron las centrales sindicales CNT y UGT, aunque con matices, ya que la primera era partidaria de ellas en cualquier circunstancia mientras que el sindicato socialista, a través de la FETT optaba porque las colectivizaciones fueran voluntarias; también abogaban por respetar las explotaciones familiares siempre que estas no necesitaran de mano de obra ajena al núcleo familiar. En las colectividades no reconocidas por el IRA el principal protagonista fue el sindicato anarquista, en tanto que en las legalmente reconocidas las socialistas triplicaban a las de la CNT.
El Gobierno republicano nunca fue partidario de la colectivización del campo, tampoco los partidos que podemos denominar republicanos. Pero si hubo un enconado detractor de ellas fue el PCE; los comunistas ortodoxos –que excluye al POUM- defendían a los pequeños propietarios, a los arrendatarios y a los aparceros. Aunque en ocasiones mostraba una posición ambigua que que decía no estar en contra de las colectivizaciones, sino contra aquellas que podían llegar a controlar todas las tierras de un municipio.
Más claro en su crítica a las colectividades fue el ministro de Agricultura, el comunista Vicente Uribe, como expuso en la conferencia provincial agraria de Jaén, celebrada el 19 de septiembre de 1937: Porque la revolución no consiste, de momento en modificar la forma de trabajo, sino en arrancar de manos de la burguesía los medios de producción. Porque si en una tierra propiedad de caciques o latifundistas se hace trabajo colectivo ¿creéis que esa es la solución? De ninguna de las maneras. Pero si a un trabajador […] se le hace propietario de sus medios de producción, ¡ah!, entonces podemos afirmar que se ha hecho la revolución. Y eso es socialismo (citado Garrido, 2003: 77).
A pesar de las reticencias del ministerio de Agricultura a las colectivizaciones, a través del IRA se anticiparon los salarios del año agrícola 1936-1937. Hasta que se vendió la cosecha en agosto de 1937. Buena parte de las colectividades lograron sobrevivir gracias a este anticipo.
Organización y desarrollo
Lo primero que hay que señalar es que era distinto el funcionamiento de las colectividades llevadas a espaldas del Gobierno, como pudieron ser las de Aragón, de aquellas que, de alguna manera, se ajustaban al decreto de expropiación de tierras publicado por el Gobierno y bajo la vigilancia del IRA. Ejemplo de estas últimas fueron las de Daimiel (Ciudad Real) o Torreperogil (Jaén), dirigidas por el cenetista Luciano Suero. Parte de la producción de algunas de las colectividades «oficiales» se entregaba a un Comité de Abastos para atender las necesidades del frente.
Generalmente las colectividades se llevaron a cabo sobre las tierras expropiadas, aunque en ocasiones pequeños propietarios o arrendatarios aportaban sus tierras al conjunto del terreno colectivizado.
Para la gestión de la colectividad la asamblea general de colectivistas elegían un comité que era el encargado de llevar a cabo la planificación y gestión de la colectividad; generalmente lo componían un presidente, un secretario, un tesorero y varios vocales. En muchas de ellas se intentó mejorar la producción mediante la creación de sistemas de regadío, mejora de instalaciones, aumento de las tierras cultivables ganando terreno a bosques y cotos de caza, etc.
Garrido (2014: 268) explica muy bien como era el carácter de las colectivizaciones, sobre todo las legalizadas: Colectivizar no equivalía […] a iniciar un proceso de incierto resultado que dependiera de decisiones de asambleas obreras espontáneamente reunidas. Colectivizar era sindicalizar una parte de la economía y de la producción; convertir a los sindicatos en responsables y dirigentes del proceso productivo.
En muchas colectividades se abolió el dinero, cobrando su salario los colectivistas por medio de vales. Generalmente se aplicó el salario familiar; a cada colectivista se le abonaba su salario en dinero, vales o especies, según sus necesidades y la carga familiar que soportara. La UGT era más partidaria de que el salario estuviera relacionado con el rendimiento individual. Lo que no fue igualitario es que las mujeres siguieron recibiendo –cuando lo apercibían- un salario menor que el de los hombres.
Una característica de las colectividades fue el ejercicio de la solidaridad. Generalmente las colectividades más ricas ayudaban a las más desfavorecidas a través de unas Cajas de Compensación que eran administradas por personas elegidas en las reuniones de delegados de las colectividades.
Según avanzaba la contienda muchas colectividades se enfrentaron al problema de la falta de mano de obra suficiente debido a la incorporación de los hombres al frente. Esto se paliaba creando brigadas de trabajo voluntario que acudían a ayudar en aquellas poblaciones en las que había una mano de obra insuficiente. Generalmente estas brigadas la organizaban las JSU.
A partir de finales de 1937 muchos pequeños propietarios comenzaron a abandonar las colectividades, casi siempre animados por el PCE. Borkeanu (: 143) asocia estos abandonos a la pérdida de influencia de la CNT: la expropiación a favor de la milicia y las aldeas se hicieron más agobiantes con el paso del tiempo. Como consecuencia de esto, los campesinos parece están desertando en gran número de las filas anarquistas y las aldeas en su totalidad, están distanciándose de nuevo de los movimientos políticos de las ciudades. Estos movimientos fueron debilitando la posición de los anarquistas.
Enfrentamientos
No siempre se hicieron las colectivizaciones de buen grado, sin contar los incidentes que se produjeron en Aragón –que analizaremos en el capítulo correspondiente- también los hubo en otras zonas, los de mayor gravedad ocurrieron en la zona del Levante y en Cataluña.
En Valencia los enfrentamientos se tornaron en ocasiones violentos, en primer lugar por el choque que había entre la Federación Provincial Campesina y los sindicatos CNT y UGT, y sobre todo por tener el control de la exportación de naranjas.
Podría decirse que los enfrentamientos que hubo en el invierno de 1936 entre colectivistas e individualistas fue un aviso de lo que ocurriría en la primavera de 1937. En definitiva eran el enfrentamiento entre los que defendían que la revolución debería acompañar a la guerra u aquellos que pensaban que primero había que ganar la guerra para pensar en la revolución.
En Valencia en la primavera de 1937 los enfrentamientos entre colectivistas e individualistas se agravaron. El 8 de marzo de 1937 hubo un enfrentamiento armado en Vinalesa entre anarquistas y la Guardia de Asalto, por la propiedad de un local. Estos hechos violentos se repitieron en otras poblaciones como Moncada y Alfara del Patriarca. Aunque tanto la CNT como el gobierno hicieron llamamientos para que se diera fin a los enfrentamientos estos terminaron con el saldo de quince muertos (cuatro cenetistas y once guardias de asalto) y más de 200 cenetistas –entre ellos 92 miembros de la Columna de Hierro-, encarcelados.
Estas luchas conllevaron el enfrentamiento entre algunos comités locales de la CNT y el Comité Nacional al que acusaron de sabotear la revolución, según el delegado de Paterna, porque está compuesto por obreros industriales, e ignora los problemas del campo (citado Bosch, 1982: 238). Tras estos enfrentamientos algunas colectividades, como la de Alfara del Patriarca desaparecieron. Se podría decir que por estas fechas comienza el declive de las colectivizaciones tanto en el Levante como en el resto de la España republicana.
El Gobierno, previendo nuevos enfrentamientos se dedicó a requisar algunos locales de la CNT, como los de Carcagente, Benaguacil, Cullera, Catarroja o Utiel. También se procedió a la detención de numerosos anarquistas. Marzo y Abril de 1937 no fueron buenos meses para los cenetistas valencianos ni para sus afanes colectivizadores. Tras los hechos de mayo en Barcelona los ataques a las colectividades anarquistas se multiplicaron por toda España. Si se frenaron algunos ataques y se intentaron «legalizar» algunas de las colectividades fue por el riesgo que había que las cosechas se quedaran sin recoger.
En 14 de enero de 1938 la sección de información y estadística de la CNT de Levante realizó un informe en el que se quejaba del continuo acoso del Gobierno a las colectividades y al sindicato anarquista:
No existe pueblo en la Región y con particularidad en la Provincia de Valencia, que desde el pasado mes de mayo, la obra contrarrevolucionaria del gobierno no se haya manifestado.
Por todas partes el mismo signo de destrucción de lo conseguido en los primeros tiempos y que obre en poder de la organización. Primero colectividades; con la detención de nuestros compañeros y la sustracción de nuestros materiales, luego disolución de Consejos Municipales, donde nuestra influencia determinaba; esto acompañado de detenciones caprichosas por inverosímiles delitos, y el cinismo llega al extremo que; operando nuestras brigadas, venciendo al enemigo, se perpetran las maniobras para hundirles al mismo tiempo (citado Bosch, 1982: 515).[5]
En Cataluña hubo enfrentamientos violentos en las comarcas tarraconenses de Tortosa, Móra, Falset, Amposta y Gandesa. En algunas poblaciones tuvieron que intervenir las fuerzas del orden, como en Móra d’Ebre donde los guardias de asalto detuvieron a 17 miembros del sindicato local y del Consejo Municipal, disolviendo la colectividad y devolviendo las tierras a sus antiguos propietarios, algo similar ocurrió en Falset, Marçà, etc.
La actuación violenta de algunos grupos de milicianos anarquistas –sobre todo los cercanos a la FAI- provocó la repulsa incluso entre algunos dirigentes de la CNT como Joan Peiró, que en un artículo publicado en Libertad denunciaba a estas milicias: Si hoy vamos a algunos lugares de Cataluña para hablar al campesino de la revolución, os dirá que no confía en nosotros, os dirá que los emisarios de la revolución han pasado ya por el campo ¿Para liberarlo? ¿Para ayudarlo a redimirse? No. Pasaron por el campo para robar a aquellas que a través de los años y a través de los siglos han sido robados por las mismas personas que la revolución acaba de vencer (citado Gavaldá: 205)
Pero sin duda los hechos más graves se produjeron en la Fatarella municipio tarraconense encuadrado en la comarca de la Terra Alta. Hechos sobre los que según quién los narre aparecen como culpables o grupos anarquistas o gentes del pueblo.
Según unas fuentes el 26 de enero de 1937 llegan a Fatarella dos anarquistas enviados por el Comité Regional de Tarragona, Josep Mola y Nicolás Santamaría y un tercer personaje conocido como Pel d’Ascó. Según Climent i Oller estos amenazaron a los campesinos de que si no ingresaban en la colectividad se les haría un hoyo y se enterraría en el.
Pero ¿quién comenzó los enfrentamientos? Los conservadores campesinos de la localidad –en las elecciones siempre vencían las derechas- o unos anarquistas con exceso de celo revolucionario. Unos informes acusan de ser culpables de los asesinatos de campesinos a André Suñé “Buli”, el mencionado Pel d’Ascó, José Santamaría, José Mole y Josep Blanch. Aunque otras fuentes achacan a los campesinos el haber comenzado los enfrentamientos. Sea como fuere el saldo final fue de 37 muertos, por los hechos fueron juzgadas 59 personas[6].
El delegado de la Junta de Seguridad Interior de Cataluña, Tomás Fábregas –miembro de Acció Catalana- en su informe sobre los hechos hizo un dibujo negativo de la población del lugar: Examinando el asunto de una manera objetiva, sobre el terreno y con las pruebas a la vista, es fácil sacar la conclusión de que se trata de un pueblo que en su inmensa mayoría ha sido siempre totalmente reaccionario (véase los resultados de las elecciones, prensa que se leía, etc.) y que después del 19 de julio se han emboscado en organizaciones obreras, casi todos en la UGT y algunos en la CNT (en dos de los muertos se encontró el carné confederal) pero con los mismos prejuicios y atavismos perniciosos del antiguo régimen. Un pueblo para el que no ha existido ni el 19 de julio, ni el 6 de octubre, ni siquiera el 14 de abril. Un pueblo enclavado en la cima de una cordillera, en la Terra Alta, perdido en los límites de Cataluña y Aragón, dominado por un puñado de propietarios y terratenientes primitivos, disfrazados de revolucionarios de este o aquel color, los cuales, para servir sus móviles egoístas, no han tenido ningún escrúpulo de provocar los hechos sangrientos que todos lamentamos, aprovechándose del conflicto que planteaba el decreto de colectivizaciones (citado Pagés: 660)
Otro informe de Climent i Oller, militante ERC, es crítico tanto con los habitantes del pueblo como con las patrullas de control anarquistas. Un tercer informe, al parecer del juez Alfonso Rodríguez Dranguet –encargado de investigar el caso- tampoco deja en buen lugar al pueblo: este pueblo de La Fatarella se distingue por ser un pueblo rico y de espíritu económico. En el orden político, como pueblo de montaña, y quizás por sus tradiciones es más de matiz reaccionario. Al advenimiento de la República, se formó el partido de Esquerra Republicana. Ocurridos los hechos del 19 de julo y ya en el mes de septiembre, se constituyen la UGT, Partido Socialista Unificado y Rabassaires que adquieren bastante fuerza (citado Pagés: 661).
Legislación gubernativa
Pronto el Gobierno comenzó a legislar en temas relacionados directa o indirectamente con la producción agrícola. El primer decreto fue el elaborado por el ministro de Industria y Comercio, Plácido Álvarez Buylla el 25 de julio de 1937[7], publicado en la Gaceta de Madrid el día 26 del mismo mes. En este decreto se prohibía la exportación de toda clase de comestibles, materias primas utilizadas por la industria nacional, productos farmacéuticos y productos químicos. Ante la protesta de los agricultores del Levante se permitieron algunas exportaciones de productos agrícolas de aquella zona.
El 8 de agosto de 1936 (publicado en La Gaceta de Madrid el día 10) el Gobierno emite el decreto de Intervención de las fincas abandonadas[8], complementado con sendos decretos los días 17 y 19 del mismo mes. El decreto lo firmaba el entonces ministro de Agricultura Mariano Ruiz-Funes García, militante de Izquierda Republicana.
El decreto tenía solamente cuatro artículos. En el primero se ordenaba la incautación de todas las tierras que hubieran sido abandonadas por sus propietarios, en el segundo se encargaba a los ayuntamientos de hacerse cargo de las tierras y bienes expropiados, en el tercero se nombraba a los alcaldes delegados especiales del IRA para llevar a cabo las expropiaciones y relacionar a todas aquellas personas que hubieran abandonado las tierras, asimismo debían hacer inventario de los bienes expropiados y poner en marcha la explotación de las tierras, finalmente el cuarto señalaba que el decreto debería comenzar a ejecutarse a los diez días de su publicación. En el del día 17[9], publicado al día siguiente, se pretendía que fuera el IRA el que retomara el control de las colectivizaciones, dejando la producción agrícola bajo la dirección del Gobierno. En el del 19[10], publicado el día 20 se abundaba en las normas establecidas para el funcionamiento de las fincas expropiadas.
Antes de estos decretos ya muchos campesinos de la FETT y de la CNT habían reanudado los trabajos agrícolas por lo que no les gustó nada el decreto del Gobierno, sobre todo a los afiliados al sindicato anarquista. Según Jiménez (: 13 solamente de Guadalajara hay datos completos de como afectó el decreto. Según estos a 107 propietarios se les intervinieron sus tierras, afectando a 45 municipios de la provincia.
Vicente Uribe se quejaba amargamente de que Un mes después de la sublevación fascista no se trabaja la tierra. El trigo está sin trillar, lo que había trillado se perdía. No existía organización alguna. La gente estaba más pendiente de las cosas del frente que de los intereses de la producción que significaban el pan y el bienestar de nuestro país[11]. Esto no era del todo cierto ya que en muchas poblaciones los campesinos ya habían iniciado esos trabajos precisamente para evitar que se perdiera la cosecha.
Con la llega de Largo Caballero a la presidencia del Gobierno el 4 de septiembre de 1936 se intensificó la labor gubernativa intentando controlar la producción agrícola. De ahí que el 15 de septiembre se emitiera el decreto de Comités Agrícolas, que obligaba a constituir en cada pueblo este organismo que estaría presidido por el alcalde y contaría con tres o cuatro personas elegidas respectivamente por el Comité Político del Frente Popular, el ayuntamiento y las organizaciones sindicales locales.
De gran importancia fue el decreto publicado en la Gaceta de Madrid, el 8 de octubre de 1936[12]. Este lo firma, como nuevo ministro de Agricultura, Vicente Uribe. En el artículo 1 se acordaba la expropiación sin indemnización de las tierras, fuera cual fuera su extensión, de aquellos que se hubieran mostrado como desafectos al régimen colaborando con la insurrección. Los encargados de decidir quién era afecto a la República y quién no eran las Juntas Calificadoras creadas en cada municipio[13].
La propiedad pasaba al Estado, aunque se cediera su explotación. El artículo 4 estipulaba: El uso y disfrute de las fincas rústicas expropiadas según el artículo 1º se dará a los braceros y campesinos del término municipal de su emplazamiento o de los colindantes según los casos […]. Esta disposición provocó malestar en la CNT ya que ellos pretendían una colectivización total.
La concesión se daba bajo ciertas condiciones. En primer lugar se otorgaban a las organizaciones obreras o agrícolas, en caso de no existir a los campesinos censados en el municipio. Se podían trabajar de forma individual o colectiva. Todo lo que se llevó a efecto, tanto la concesión, como su posterior explotación sería supervisado por el IRA:
Este decreto creó las que se denominan «colectividades legales», diferenciándolas de aquellas que se habían hecho de forma directa por los campesinos o los sindicatos. El Gobierno hizo un llamamiento a que se legalizaran las ya existentes; las de Andalucía, Levante, Castilla-La Mancha respondieron de forma mayoritaria afirmativamente, de forma irregular en Cataluña, y totalmente ignorado en Aragón. El IRA se encargaría de preparar planes de explotación, proporcionar a los agricultores semillas, aperos, etc., y otorgarles préstamos a través del Crédito Agrícola.
Para Garrido (2003: 46), opinión que comparto, este decreto perseguía cuatro objetivos:
- Nacionalización de los medios de producción agrícolas pertenecientes a personas desafectas. Esto hacía que el Estado pasara a ser propietario de todo lo incautado.
- Evitar la ocupación incontrolada de fincas de personas leales a la República.
- A los braceros, campesinos, jornaleros, se les daba el usufructo de la tierra pero no la propiedad. En cuanto a la forma de explotación dejaba que fuera una mayoría de los beneficiados quienes decidieran si la explotación se hacía de forma individual o colectiva, pero siempre bajo supervisión del IRA.
- Se otorgaba un gran poder al IRA, ya que tenía en sus manos el control y vigilancia de las fincas expropiadas, tanto a nivel técnico como financiero.
No fue nada fácil la puesta en marcha del decreto, entre otras cosas porque las Juntas Calificadoras tardaron muchas en crearse –algunas ni llegaron a hacerlo-; otro hándicap fue el que muchos campesinos no veían bien que se revisaran y modificaran las incautaciones llevadas a cabo por ellos.
En vista de que había habido colectividades que no ajustaron a las directrices del ministerio de Agricultura una orden ministerial de 8 de julio de 1937 legalizaba todas las situaciones creadas de hecho, es decir, de alguna manera, se daba el visto bueno a las colectivizaciones creadas antes de las iniciativas tomadas por el IRA:
El 27 de agosto de 1937 el Gobierno dio un nuevo paso para acabar con las colectividades promocionando la creación de cooperativas agrícolas; estas recibirían importantes ayudas del IRA y el ministerio de Hacienda. Con este decreto se intentaba frenar, o transformar las colectividades, pasando del modelo colectivista al corporativista, más del agrado de los comunistas, y por tanto del ministro de Agricultura Vicente Uribe.
A partir del verano de 1937, el ministerio de Agricultura y el IRA comenzaron a utilizar una nueva táctica para acabar con las colectividades; mientras que los pequeños propietarios recibían ayudas, a las colectividades no se les daban créditos, ni simientes, ni abonos, ni maquinaría. Esto fue quebrando el espíritu de muchos colectivistas que veían imposible seguir con la colectivización frente a tantos impedimentos. Se podría decir que la actuación del Gobierno republicano – teniendo como brazos ejecutores al ministerio de Agricultura, el IRA y a los comunistas-, no fue muy digna.
BIBLIOGRAFÍA EN PARTE 4
[1] El primero afectaba a las fincas que hubieran sido abandonadas por sus propietarios; el segundo a las pertenecientes a personas que, de alguna manera, hubieran apoyado la sublevación.
[2] Trabajó en las colectividades de Daimiel (Ciudad Real) y Torreperogil (Jaén
[3] Están excluidas Aragón y Cataluña.
[4] Órgano creado por la CNT.
[5] Los ataques gubernativos a las colectividades valencianas puede verse en Bosch, 1982: 522-530. Bosch ofrece datos de 33 ataques de diversa índole.
[6] Se puede ver el sumario completo en https://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/60544182.
[7] Ver Anexo 1.
[8] Ver Anexo 2.
[9] Ver Anexo 3.
[10] Ver Anexo 4.
[11] Conferencia titulada La política del Partido Comunista, pronunciada el 4 de julio de 1937 en el cine Olimpia de Valencia, citado Bosch, 1982: 82-83.
[12] Ver Anexo 5.
[13] Las componían el Ayuntamiento, el Comité del Frente Popular, y los sindicatos obreros del campo a agrupaciones de pequeños agricultores y colonos.
