Madrid, 1 de diciembre de 2018
El pasado 13 de septiembre, tras años de movilización y denuncia de los colectivos de memoria histórica y de víctimas del franquismo, que ha llegado a ser un clamor social, el Congreso de los Diputados aprobó un Decreto para sacar a Franco del Valle de los Caídos. El Decreto se ha convertido en una proposición de ley que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados. La redacción original del mismo, estableciendo que los restos se entregarían a la familia para que dispusiese de ellos libremente, ha traído consecuencias indeseadas, al optar ésta como lugar de inhumación definitiva para el enterramiento, por una propiedad previamente adquirida dentro de la catedral madrileña de la Almudena.
Las víctimas del franquismo y el conjunto de la sociedad española hemos conocido con enorme estupor e indignación la propuesta de la familia, la posterior inhibición de la Iglesia Católica, y las dificultades del Gobierno para dar una solución que impida una nueva humillación colectiva, y muy en particular a las víctimas de la dictadura.
Como es sabido, Franco fue un general golpista que instauró una dictadura y secuestró la soberanía popular por la fuerza durante 40 años, y el máximo responsable de un régimen de represión y terror ejercido, de múltiples formas, sobre cientos de miles de personas.
El entierro de Franco en La Almudena, un lugar público a pocos metros del Palacio Real y de la Plaza de Oriente, donde la dictadura organizaba los actos de exaltación del régimen, supondría una vejación y una humillación para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de la sociedad. Una democracia no puede honrar a un dictador, como han expresado reiteradamente los organismos internacionales de derechos humanos.
Ante esta agresión, la sociedad civil no puede permanecer indiferente ni aceptarla con los brazos cruzados y mirando hacia otro lado. Con el fin de impedir el traslado de Franco de Cuelgamuros a La Almudena, un centenar largo de colectivos de derechos humanos, de memoria histórica y víctimas del franquismo, vecinales, políticos, sindicales, feministas, ecologistas, culturales… hemos constituido la campaña #NiValleNiAlmudena desde la que hacemos un llamamiento a la ciudadanía de todo el Estado español para que exprese su desacuerdo y se movilice.
La Campaña ha respaldado una iniciativa ciudadana particular, que en pocos días ha obtenido más de 100.000 apoyos. Asimismo, hemos solicitado por escrito al presidente del Gobierno, al arzobispo de Madrid, y a la alcaldesa de Madrid, que “desde las diferentes responsabilidades que ejercen actualmente, tomen las medidas necesarias para que Franco no sea enterrado en la catedral de La Almudena tras su salida del Valle de Cuelgamuros”.
También hemos organizado una importante manifestación en Madrid el pasado 8 de noviembre desde la Puerta del Sol a la catedral de la Almudena, y el día 14 un gran acto público, en el que han manifestado públicamente su adhesión portavoces de fuerzas políticas parlamentarias y de sindicatos representativos.
Al mismo tiempo que la justicia chilena ha ordenado a la familia Pinochet devolver seis millones dólares, la familia Franco se pasea por los platós televisivos defendiendo al dictador. Las únicas explicaciones públicas que la familia Franco debería dar, tendrían que versar sobre la propiedad y uso del Pazo de Meirás; el secuestro de las esculturas románicas del Pórtico de la Gloria; la apropiación de la Casa Cornide; la multimillonaria recalificación de la finca de Arroyomolinos, y las docenas de propiedades y negocios (como buena parte de los parkings del centro de Madrid), conseguidos gracias a la impunidad que otorgaba el poder omnímodo del abuelo, y al carácter intrínsecamente corrupto de la dictadura que encabezaba.
No habla muy bien de la calidad de nuestra democracia la anomalía histórica – caso excepcional a nivel mundial- de que la familia del dictador pueda seguir, aún hoy, disfrutando de los réditos obtenidos durante la dictadura y ampliados en la democracia, y que además se permitan provocar a la sociedad española, no consintiendo otra opción para la inhumación definitiva de los restos del dictador que la catedral de Madrid.
Queremos expresar asimismo nuestra repulsa a cómo gran parte de los medios de comunicación han tratado este asunto, poniendo al mismo nivel a quienes defendieron la democracia y a quienes la agredieron; a las víctimas y a los verdugos; a los demócratas y a los fascistas. Y prestando un altavoz a organizaciones (como la Fundación Francisco Franco) que, si tuvieran oportunidad, acabarían con la libertad de prensa e información, y con el derecho a la libre expresión de las ideas.
Lo que en España se entiende por dar voz a las diferentes “partes” de un debate, sería considerado apología del fascismo en los países democráticos de nuestro entorno.
Hacemos nuestras las manifestaciones de colectivos cristianos, que han respondido públicamente así al arzobispo de Madrid, tras expresar éste su intención de no interferir en la voluntad de la familia:
“No nos gusta una Iglesia que sigue apostando y en connivencia con una forma de hacer política que no solo no es entendida por muchísima gente, sino que se vincula a una ideología neoconservadora y a una ultraderecha antisocial que está muy lejos del evangelio y de la orientación más progresista del Papa Francisco.
Francisco Franco (…) no puede ser honrado con una sepultura eclesiástica en una Iglesia católica, mayormente en la Basílica de la archidiócesis de Madrid, capital del estado español, a no ser que el Sr. Arzobispo quiera continuar con la unión anticristiana y antidemocrática de la Iglesia y el estado fascista, que estuvo vigente durante la dictadura”.
La sociedad debe exigir una reconsideración de este posicionamiento por parte de la Iglesia española, porque el traslado de Franco a la Almudena “vendría a denigrar aún más a una Iglesia que concedió en su día el título de ‘Cruzada’ a la guerra, y avaló una represión masiva que violó los derechos humanos más elementales”.
La Iglesia católica está financiada por el Estado democrático, por lo tanto, debería respetar a una parte sustancial de la sociedad que también contribuye a su financiación, incluyendo a las víctimas del franquismo y a sus familias. Y el Gobierno de España está en condiciones, y tiene la obligación política y ética, de exigir ese respeto.
Hoy es palpable en todo el mundo el renacer del discurso y el acceso al poder político de quienes proclaman el odio y defienden el racismo, el autoritarismo, el integrismo religioso y la desigualdad. Si, finalmente, se entierra al dictador en la Almudena, la catedral y el centro de Madrid se convertirán en un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos, y como respuesta legítima, en un lugar de movilización antifascista. Todo ello tendría consecuencias enormemente negativas para la imagen internacional de Madrid, y para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes.
Las asociaciones y colectivos que respaldamos la campaña #NiValleNiAlmudena nos oponemos frontalmente a que este hecho se produzca, y hacemos un llamamiento público a la ciudadanía para que exprese su desacuerdo y se movilice, con el fin de impedir que se consume tal escarnio.
