En una situación de precariedad salarial como la actual, cada unidad familiar emplea en torno a un 70% del presupuesto para hacer frente al alquiler de la vivienda que habita, lo cual precariza a su vez el conjunto de necesidades básicas hasta unos niveles insoportables. Y eso, teniendo un empleo, porque el paro creciente pone en el disparadero a muchas personas que han perdido el trabajo con motivo de la pandemia.
En el Gobierno de España se está librando una importante batalla en torno a la nueva ley de vivienda y concretamente sobre la regulación de los precios de alquiler. Unidas Podemos, uno de los socios en el gobierno de coalición progresista, viene defendiendo desde hace tiempo poner un techo a los alquileres en las zonas tensionadas así como sanciones a los alquileres abusivos, cuestión que forma parte del programa de gobierno firmado entre esta formación política y el PSOE.
Por otra parte, José Luis Ávalos, en nombre del socio mayoritario en dicho gobierno de coalición, ha puesto sobre la mesa una propuesta de incentivos fiscales para rebajar los precios de alquiler.
Las grandes empresas del sector inmobiliario han alabado la iniciativa de José Luis Ávalos diciendo que va por el buen camino; faltaría más. El PSOE, como siempre, moviéndose al ritmo de La Yenka (izquierda, izquierda…, derecha, derecha…), opta por bonificar al sector inmobiliario con nuestros impuestos, esperando con ello reducir los precios del alquiler. Es de suponer la picaresca que esto conlleva. Algunos expertos ya han indicado que esta medida puede elevar aún más los precios de alquiler, antes de la entrada en vigor de la ley, para reducirlos luego en un 10% y optar a bonificaciones hasta un 90%. Vamos, el chollo del siglo.
Por eso, aplaudo que Unidas Podemos no quiera bajarse del burro de lo firmado en el programa de gobierno. Los sectores de la población más afectados no perdonarían nunca que se les dejara una vez más en la cuneta de la nueva crisis primando los intereses de mercado por encima de los intereses de la gente en situación de vulnerabilidad.
Y aquí surge la primera pregunta: ¿por qué emplear nuestros impuestos para bonificar a los especuladores del mercado inmobiliario? Sobre todo teniendo en cuenta que los fondos buitre (como el estadounidense Blackstone, el mayor casero de España con 30.000 viviendas en alquiler), están inflando la burbuja de los alquileres hasta límites insospechados; lo que ha supuesto una cantidad de desahucios en cascada echando a la gente de sus lugares de toda la vida y en la mayoría de los casos sin alternativa habitacional.
Lo que estamos esperando del gobierno de coalición progresista es que ponga en marcha, de una vez por todas, un parque de vivienda pública en alquiler que satisfaga la demanda de las capas más desfavorecidas y a precios asequibles.
La abusiva subida de los precios de alquiler en algunas zonas de las grandes ciudades está suponiendo un problema social que altera la vida de muchas familias. En 5 años los alquileres han subido de media un 50%. Por eso, lo más urgente es limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, pero además hay que poner en marcha una oferta de vivienda pública a precios asequibles como hace años están haciendo otros países de la Unión Europea.
No hay que olvidar que en la crisis del 2008 el rescate a la banca nos costó a los españoles 77.000 millones de euros de los que solo se han recuperado 4.140 millones; y todo a costa de los recortes en sanidad, servicios sociales, enseñanza e investigación. En la actualidad la banca dispone del 80% de las 389.000 viviendas vacías. ¿Es mucho pedir al gobierno central que negocie con el sector bancario un porcentaje de las viviendas vacías para dotar de mayor oferta al parque de vivienda pública en alquiler?
La política de vivienda del PP en la Comunidad de Madrid y el nuevo reto electoral ante la ultraderecha de Díaz Ayuso
El PP lleva más de 25 años gobernando la Comunidad de Madrid y su apuesta por la vivienda pública ha sido puro raquitismo en promoción directa. Veamos algunas cifras comparativas en lo que se refiere al volumen del Parque de Vivienda Pública. Viena 60%, la media de la UE 7,5%, la media de España 2,5% y la Comunidad de Madrid 1,82%.
Además, las escasas viviendas construidas en promoción directa se han vendido a fondos buitre. La operación se produjo en el 2013 bajo el gobierno de Ignacio González. El TSJM declaró que la venta no fue ajustada a derecho y posteriormente el Tribunal Supremo confirmó la nulidad de la misma. En la actualidad, el gobierno de la Comunidad de Madrid se niega a cumplir la sentencia que han refrendado hasta cuatro tribunales y sigue utilizando el dinero de nuestros impuestos en apelaciones evitando la reversión de las viviendas al IVIMA y en consecuencia a sus anteriores inquilinos.
En este contexto, la liberticida, que no libertaria, Díaz Ayuso, decide con irresponsabilidad manifiesta convocar elecciones a la Comunidad de Madrid en plena campaña de vacunación; y todo para afianzar su mandato, con apoyo de VOX, dispuesta a continuar con una política de saqueo de lo público.
Y la última pregunta: ¿Cómo puede estar al frente de la administración pública una persona que desprecia lo público y defiende los intereses de los fondos de inversión por encima de las necesidades de los madrileños?
El 4M tenemos la oportunidad de cambiar de políticas en la Comunidad de Madrid, entre ellas desarrollar un parque de vivienda pública en alquiler.
