El artículo 155 de la Constitución en su apartado 1 dice: Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuara de forma que atente gravemente al interés general de España, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid está tomando unas medidas para evitar la propagación del Covid-19 no ya sólo insuficientes sino que están atentando contra la salud de los madrileños. Esta actitud podría ser un claro delito contra la salud pública. Su actitud está contraviniendo claramente no solo todas las recomendaciones de los expertos, sino que está incumpliendo un mandato constitucional, que es la protección de todos los ciudadanos.
Ante esta actitud de claro enfrentamiento contra el Estado el gobierno de la Nación está adoptando una actitud de clara inoperancia. Tras la pantomima de la reunión mantenida por Sánchez y Ayuso, en donde uno iba de «conciliador» mientras la otra seguía manteniendo una postura de crítica y enfrentamiento al gobierno central, la presidenta de la Comunidad ha seguido haciendo lo que le viene en gana. La última desoír las recomendaciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en cuanto a que las nuevas medidas tomadas para parar la propagación del virus son totalmente insuficientes.
Al gobierno central le está faltando coraje para hacer con Madrid lo que hizo, con bastante menor motivo, con Cataluña. Esta cobardía de la que está haciendo gala el presidente Sánchez y sus ministros están abocando a los madrileños a unas consecuencias que son difícilmente imaginables.
Señor Sánchez deje de mirar hacia otro lado, déjese de decir frases grandilocuentes y faltas de contenido, y actúe con decisión y aplique de una vez el artículo 155 a Madrid, y no condene a los madrileños a padecer una grave enfermedad e incluso a morir.
