La crisis energética de 1973 en España. José Luis Abad Ortega

La crisis económica derivada de las alteraciones del mercado del petróleo en 1973 provocó un cambio de rumbo en la economía mundial. Con ella comenzó el principio del fin de “los 30 años gloriosos” de la economía capitalista, que nacieron con los acuerdos de Bretton-Woods y el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial.

La crisis energética fue una causa directa del enfrentamiento bélico árabe-israelí de la Guerra del Yom Kippur que se inicia el mismo año. El apoyo de EEUU, principalmente, y sus aliados occidentales a Israel fue el detonante para que los países árabes de oriente próximo castigasen a las economías de occidente con la subida del precio del petróleo. Los impactos sobre éstas fueron importantes, la conmoción fue mayor porque el modelo económico aplicado desde 1945 ya tuvo sus primeros vaivenes a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, momento en que aparecen los primeros síntomas; los más importantes serían la crisis monetaria internacional derivada de la caída del precio de dólar y la inflación generalizada en las economías europeas. Además, la competencia industrial se había incrementado fuertemente con el crecimiento de sectores fabriles de los países subdesarrollados, con la consiguiente crisis comercial, incrementada por la reducción de la demanda.

Los efectos en España fueron más agudos que en el resto de países europeos debido a dos problemas fundamentalmente. El primero, la debilidad de los Gobiernos consecuencia de la fractura de la dictadura a nivel social y político. Existía incertidumbre por la reacción del régimen tras el asesinato de Carrero Blanco por ETA. Los problemas económicos quedaron solapados por los políticos, tan sólo se intentaban solventar parcialmente a través de escuetas y tímidas medidas que pudieran salvar el parón económico que España estaba sufriendo, las medidas implantadas no estuvieron a la altura del revés económico que vivió el país. Ministros como Fuentes Quintana, de Economía, o Villar Mir, de Hacienda, tuvieron una posición compleja ante la presión del régimen en su labor, el miedo a la reacción social en la calle y también por parte de algunos de sus compañeros de Gobierno de la línea dura que no eran proclives a determinadas transformaciones.

El segundo problema eran los grandes defectos estructurales que tenía la economía española, favorecidos por los desequilibrios de ésta como resultado del Plan de Estabilización que marcó un nuevo rumbo en España a nivel económico en los años sesenta. El Gobierno concedió ayudas para inversiones de manera arbitraria, tanto a empresas públicas y privadas, como a sectores concretos, derivados de los Planes de Desarrollo. De aquí la importancia que tuvo el tráfico de influencias con los hombres del Ejecutivo para el triunfo económico de unos pocos. El sector industrial y el de la construcción fueron dos pilares del desarrollismo español que no se administraron coherentemente, y con la llegada de la crisis se hicieron más evidentes sus problemas. El sector industrial se encontraba sujeto a la inversión arbitraria de la banca, por lo tanto, la caída de productividad que padecieron los sectores fabriles llevaron al despido a un gran número de trabajadores, las empresas tenían grandes problemas para financiarse y pagar sus deudas a través de los bancos. A esto se añadió la caída de la inversión extrajera por la crisis económica mundial, que suponía un importante flujo de capital para las empresas.

Mientras que el resto de países de occidente salían de la crisis por las medidas tomadas en 1973 y 1974, España estaba cada vez más hundida en su propia crisis, que llegó a su punto álgido en 1977. El incremento del precio del petróleo en el país fue demoledor para su industria energética, ya que más de la mitad del consumo era de crudo procedente de Arabia. La multiplicación por cuatro del precio entre el final de 1973 y durante todo 1974, acarreó un alto déficit comercial.  Como intento de paliar el crecimiento de los costes, el Estado pagó parte de los impuestos que se imponían en el precio del combustible para que no se disparase este, fue la llamada Política Compensatoria, con el fin de que no afectara de manera tan acentuada a la economía de las empresas y de los consumidores ante la fuerte inflación que no paraba de crecer desde el principio de la década a un ritmo de cuatro puntos porcentuales anualmente. Las empresas fueron las más beneficiarias de la Política Compensatoria; el Estado confió en sus divisas acumuladas durante los años de bonanza para paliar la crisis. Se pretendió distribuir la carga de las medidas a los nuevos precios entre el sector público y privado.

Los países europeos actuaron de otra manera, implantando nuevas políticas económicas de ajuste o aumento del precio de los combustibles. Las consecuencias para la inoperancia del Estado español fue su endeudamiento, además de que el déficit comercial aumentara de manera escandalosa. En cualquier caso, el precio de la gasolina subió casi más de un cuarto de su valor antes de la crisis, aunque con la estrategia del endeudamiento del Estado se consiguió que los productos derivados del petróleo bajaran su precio.

El turismo se convirtió un elemento esencial para el desarrollo económico español durante los años sesenta, pero tras la crisis energética, los ingresos se redujeron alarmantemente, por lo tanto, significaba que uno de los pilares económicos del país se hundía. Coincide también con el regreso de los emigrantes españoles que buscaron durante las décadas de los cincuenta y los sesenta trabajos fuera del país, perdiéndose así el gran flujo de remesas que equilibraban la balanza comercial con el exterior. Lo peor llegó a partir de 1975. Aunque hubo una subida de salarios gracias a la presión ejercida desde la calle por los trabajadores, aprovechando el desconcierto de las élites económicas a la muerte del dictador. Gobierno y patronal cedieron debido al panorama social, político y económico. Aun así, los grandes desajustes de todos los sectores no mejoraron la situación de los trabajadores porque la subida creó unos efectos secundarios, como el cierre de negocios por falta de rentabilidad, la anulación de proyectos de inversiones, contando además con la inflación.

La economía siguió sufriendo, el crecimiento fue nulo, y la inflación continuaba aumentando, efectos que ocasionaron la estanflación. La crisis hizo mella, desaparecieron numerosas empresas en todo el país, el aumento de parados se disparó, la industria pesada y la construcción frenó su crecimiento, la agricultura también perdió productividad.

El Gobierno se encontraba con las manos atadas, tenía que contentar a la clase obrera y media, como al ala dura franquista que amenazaba con la intervención militar. La crisis se alargó en el tiempo y lastró a la economía española hasta la década de los ochenta por la falta de respuesta dada por los Gobiernos de la anterior década. A día de hoy encontramos aún desequilibrios sectoriales y económicos en nuestro modelo derivados de esta crisis. Aunque los efectos se prologaron en el tiempo, puede situarse como un hecho esencial para concluir este periodo de desconcierto económico con los Pactos de la Moncloa. Estos se presentaron como un acuerdo social y económico por las fuerzas políticas. Un pacto entre capital y el trabajo, que finalmente no fue así debido a que agentes tan importantes en el trabajo, como los sindicatos, no participaron directamente en ellos, aunque lo que se consiguió fue una tregua política para el Gobierno de Suarez, que le permitió actuar y trabajar bajo unas premisas consensuadas. Tras la firma no hubo una repentina mejora de la economía, seguía la mala situación, pero los pactos si fueron el caldo de cultivo para la estabilización social y política que permitía al Gobierno un mayor rango de actuación en la economía y avanzar hacia un nuevo futuro económico.

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